- Los reclamos incluyen presuntas construcciones sin permisos y cuestionamientos sobre agua y electricidad.
Tras casi un año de denuncias, recursos administrativos y solicitudes de intervención ante distintas instituciones públicas, cuatro familias propietarias de inmuebles en el Condominio Mar Azul, en Nosara, decidieron escalar sus acciones y acudir a la vía judicial.
Las familias aseguran que, durante este período, realizaron múltiples gestiones ante diferentes entidades públicas y aportaron documentación relacionada con una serie de cuestionamientos sobre el desarrollo del proyecto, sin obtener —según señalan— una solución de fondo a los asuntos planteados.
Como parte de estas acciones, fueron presentados cinco amparos de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, relacionados con actuaciones y procedimientos que involucran al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la ASADA Santa Marta y la Municipalidad de Nicoya.
Entre los cuestionamientos planteados por las familias figuran presuntas construcciones sin permisos, así como lo que califican como una aparente falta de ejecución de órdenes de clausura emitidas por la Municipalidad de Nicoya.
También se han planteado consultas y cuestionamientos relacionados con el abastecimiento de agua y electricidad del proyecto, asuntos que involucran competencias de distintas instituciones públicas.
De acuerdo con las familias, la acumulación de gestiones sin una resolución que consideran satisfactoria las llevó a recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, con el objetivo de que se resuelvan los procedimientos pendientes y se determinen las actuaciones que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
“No buscamos un trato preferencial”
El abogado Alonso López Jiménez, especialista en Derecho Público y representante legal de las familias, afirmó que sus representados no buscan adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de personas o instituciones.
“Este caso dejó de ser únicamente un conflicto relacionado con un proyecto inmobiliario. Hoy refleja las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos cuando cumplen con los procedimientos, presentan denuncias, aportan pruebas y, aun así, las respuestas institucionales no llegan o no se traducen en actuaciones efectivas”, afirmó López.
Según el abogado, las familias tampoco pretenden recibir un trato especial.
“Lo único que han solicitado desde el inicio es que las autoridades investiguen los hechos, ejecuten las actuaciones que correspondan y resuelvan los procedimientos dentro de un plazo razonable. En un Estado de Derecho no basta con abrir expedientes; las instituciones también tienen el deber de hacer cumplir sus propias decisiones”, señaló.
El caso involucra competencias de diferentes entidades públicas. Mientras la Municipalidad de Nicoya tiene responsabilidades relacionadas con la fiscalización de la normativa constructiva, otros de los asuntos planteados corresponden al ICE, AyA, la Dirección de Agua, ARESEP y otras autoridades, dependiendo de la naturaleza de cada reclamo.
Para las familias, la situación ya trasciende el proyecto Mar Azul. Según expresaron, la falta de respuestas que consideran oportunas genera incertidumbre para quienes realizaron inversiones en el desarrollo y plantea cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para atender y resolver los procedimientos administrativos.
Las familias indicaron que mantendrán las acciones legales y administrativas que correspondan hasta obtener resoluciones de fondo sobre los asuntos planteados.