La gobernabilidad democrática constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho. No basta con elegir a un presidente mediante el voto popular; también es necesario que el Gobierno tenga la capacidad de ejecutar sus políticas, alcanzar acuerdos, atender las demandas ciudadanas y garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Desde esta perspectiva, surge una interrogante de especial relevancia para Costa Rica: ¿existe ingobernabilidad en el país o estamos ante una creciente dificultad para alcanzar consensos políticos?
La respuesta exige distinguir entre ingobernabilidad y conflicto político. En una democracia, las diferencias entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y otros sectores sociales son legítimas. El problema aparece cuando esas discrepancias obstaculizan de manera persistente la toma de decisiones, impiden resolver necesidades nacionales o debilitan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Costa Rica cuenta con una tradición democrática sustentada en la institucionalidad, la separación de poderes y el respeto al orden constitucional. Sin embargo, esa trayectoria no la exime de enfrentar tensiones políticas, dificultades para construir mayorías legislativas y cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para responder a los principales problemas del país.
La administración de la presidente Laura Fernández Delgado debe analizarse precisamente a partir de estos desafíos. Más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, el debate debe centrarse en hechos concretos: la capacidad del Gobierno para impulsar sus iniciativas, la relación con la Asamblea Legislativa, el cumplimiento de los compromisos públicos y los resultados obtenidos en áreas como seguridad ciudadana, educación, empleo, infraestructura y costo de vida.
La confrontación entre los poderes de la República no significa, por sí misma, que exista ingobernabilidad. El control político, la fiscalización y la discusión legislativa forman parte del sistema democrático. No obstante, cuando el enfrentamiento sustituye al diálogo, los acuerdos se vuelven excepcionales y las decisiones necesarias quedan paralizadas, surge un problema de gobernabilidad que merece atención.
Tampoco debe confundirse la estabilidad institucional con la ausencia de problemas. Un país puede mantener sus instituciones en funcionamiento y, al mismo tiempo, experimentar dificultades para resolver asuntos urgentes. Por eso, evaluar la gobernabilidad costarricense requiere examinar tanto el funcionamiento de las instituciones como su capacidad para producir resultados concretos en beneficio de la población.
A esto hay que unir un elemento muy importante, la administración Fernández Delgado tiene la responsabilidad de promover acuerdos, respetar la independencia de los poderes y explicar con claridad sus decisiones. La oposición, por su parte, debe ejercer una fiscalización responsable y contribuir al debate de las soluciones. Ninguna de las partes puede pretender que la defensa de sus posiciones políticas esté por encima del interés nacional.