Una nueva denuncia formal presentada el jueves 30 de abril del 2026 ante la Municipalidad de Nicoya eleva el tono del conflicto en torno al proyecto inmobiliario “Condominio Mar Azul”, señalando presuntas irregularidades administrativas y una aparente falta de acción por parte de autoridades municipales encargadas de fiscalizar obras constructivas, en específico, el coordinador de Control Constructivo y Obra Pública de la misma municipalidad, un arquitecto de apellido Espinoza.
El abogado Alonso López, especialista en derecho público y representante legal de algunas familias afectadas en el caso, confirmó la presentación ante el municipio de un “Incidente de nulidad y recurso de revocatoria con apelación subsidiaria”, como respuesta directa al oficio emitido el pasado 16 de abril por la Dirección de Planificación Territorial y Servicios Ambientales de la Municipalidad de Nicoya. La acción busca desmentir, de forma “central, técnica y documentada”, las afirmaciones contenidas en dicho documento municipal.
Según explicó López, la decisión de acudir a esta vía formal responde a la “inacción prolongada de la Municipalidad”, pese a múltiples comunicaciones previas realizadas de buena fe mediante correos electrónicos y aportes de evidencia.
“Durante meses se aportaron pruebas, videos y comunicaciones sin que existiera una respuesta efectiva. Hoy se da un paso más firme: se denuncia formalmente la obligación a la Administración a registrar, analizar y responder de manera debidamente fundamentada”, indicó el abogado.
Obras continúan pese a órdenes de clausura
De acuerdo con la información recabada, las construcciones dentro del proyecto Mar Azul continúan activas, a pesar de que algunas de ellas no cuentan con los permisos necesarios, se rompieron sellos municipales y que existen órdenes de clausura emitidas por la propia Municipalidad.
El recurso presentado por el Lic. López, sostiene que la resolución municipal se basa en hechos que no corresponden con la realidad, ya que existe evidencia constante de actividad constructiva en el sitio, lo que configuraría un vicio de nulidad por falta de veracidad en el acto administrativo.
Además, se señala que la Municipalidad ha alegado dificultades para ingresar al inmueble, argumento que, según el documento, resulta insuficiente, considerando que la Administración cuenta con mecanismos legales para realizar inspecciones, incluyendo el uso de la Fuerza Pública o solicitudes judiciales.
Señalamientos por presuntas irregularidades
El documento presentado también expone preocupaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de permisos y fiscalización municipal. Según el abogado López, se percibe un patrón en el que “algunos proyectos con aparentes incumplimientos avanzan sin sanción”, mientras otros que cumplen con los requisitos enfrentan mayores obstáculos administrativos.
Esta situación ha generado inquietud en el sector inmobiliario, al punto de compararse con antecedentes en la zona, como los casos de Epic Nosara y Nosara Hills, donde también se cuestionaron procesos de permisos de servicios públicos, control constructivo y supervisión institucional.
“Lo que preocupa no es solo un caso aislado, sino la posible repetición de prácticas que debilitan la confianza en la institucionalidad”, señaló López.
Servicios básicos bajo cuestionamiento
Entre los aspectos más delicados expuestos en la denuncia destacan presuntas irregularidades en el abastecimiento de servicios básicos:
· Electricidad sin conexión formal aprobada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
· Uso de sistemas eléctricos no autorizados
· Fuentes de agua no registradas ni aprobadas por autoridades competentes
Estas condiciones, advierte el documento, no solo serían ilegales, sino que también representarían un “riesgo para la seguridad de las personas y el entorno, así como una afectación directa a los derechos fundamentales de los administrados e inversionistas”, especialmente en una zona donde ya existen limitaciones en infraestructura y recursos.
Cambio de estrategia: de la buena fe a la acción legal
El abogado López enfatizó que este nuevo paso marca un “cambio frontal en la estrategia”, constituyendo un proceso legal estructurado que deja constancia oficial de los hechos denunciados. “La intención es clara: generar un antecedente formal que obligue a la Administración a actuar y, en caso contrario, permita valorar la adopción de otras acciones legales”, afirmó.
El recurso solicita, entre otras medidas:
· La nulidad del acto administrativo emitido
· La realización de inspecciones efectivas
· La clausura total de obras sin permisos
· La coordinación interinstitucional en temas de agua y electricidad
· La separación del funcionario denunciado del proceso
Crece la presión sobre la Municipalidad de Nicoya
El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la capacidad de fiscalización en zonas de alto crecimiento inmobiliario como Nosara, donde el desarrollo urbano avanza a un ritmo acelerado.
Expertos advierten que la falta de ejecución de órdenes de clausura no solo debilita el control territorial, sino que también podría generar riesgos legales, ambientales y sociales de gran impacto.
Mientras tanto, la expectativa se centra en la respuesta que deberá emitir la Municipalidad de Nicoya ante esta nueva denuncia formal, que ahora queda registrada oficialmente y abre la puerta a posibles acciones legales adicionales.
El caso Mar Azul no solo pone bajo la lupa a un proyecto específico, sino que plantea interrogantes más amplios sobre la transparencia, la legalidad y la eficacia del control urbano en una de las regiones más dinámicas del país.