- Según señalaron las comunidades afectadas, esta decisión administrativa ha generado incertidumbre, inestabilidad y afectaciones directas a la población usuaria.
Los usuarios del servicio de transporte público de la ruta San José-Bolsón hicieron público un manifiesto dirigido a la Intendencia de Transporte de la ARESEP, en el que solicitan la reconsideración de la resolución RE-0074-IT-2025 del 27 de noviembre del 2025 y al expediente ET-049-2025, publicado el 14 de enero del 2026 en el Diario Extra, la cual deja sin tarifa al operador de la ruta y pone en riesgo la continuidad del servicio.
Según señalaron las comunidades afectadas, esta decisión administrativa ha generado incertidumbre, inestabilidad y afectaciones directas a la población usuaria, que ya ha enfrentado en reiteradas ocasiones cambios de operador y suspensiones temporales del servicio.
Las personas usuarias explican que las comunidades atendidas por esta ruta se encuentran alejadas de los centros de Nicoya y Santa Cruz, por lo que la falta de un servicio estable obliga a incurrir en gastos adicionales para desplazarse hasta esos puntos y, desde ahí, continuar el viaje hacia San José. Esta situación impacta especialmente a estudiantes, personas trabajadoras, adultas mayores y personas que requieren atención médica.
Además, recalcan que se trata de comunidades vulnerables, donde no existen medios alternativos de transporte público. Los servicios de autobús hacia Nicoya y Santa Cruz cuentan con horarios limitados, lo que restringe seriamente el derecho a la movilidad y al acceso a servicios básicos.
“El dejar sin tarifa al operador no solo afecta a la empresa, sino que traslada las consecuencias directamente a las personas usuarias, poniendo en riesgo un servicio esencial para comunidades que ya enfrentan condiciones de aislamiento”, indica el comunicado.
Ante este panorama, las personas usuarias solicitan a la ARESEP:
- Dar marcha atrás a la resolución RE-0074-IT-2025 del 27 de noviembre del 2025 y al expediente ET-049-2025 publicado el 14 de enero del 2026 en el Diario Extra.
- Establecer una tarifa que permita la operación regular y sostenible de la ruta.
- Considerar el impacto social, territorial y económico de sus decisiones regulatorias.
Las comunidades hacen un llamado a las autoridades para que se priorice el interés público, el derecho a la movilidad y la continuidad de un servicio esencial, evitando que decisiones técnicas profundicen la exclusión y el aislamiento de zonas rurales.
Enseguida el manifiesto de los Usuarios


