La contaminación de algunos mantos acuíferos con arsénico que afecta a cerca de 23 comunidades de Guanacaste y San Carlos, cuyos habitantes no tienen otra alternativa que consumir agua con ese elemento tóxico, se ha convertido en una gran preocupación para consumidores, municipalidades, asadas y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
El fenómeno atribuible a la actividad volcánica debe ser resuelto a la mayor brevedad, especialmente si se asocia con la gran cantidad de casos de personas que sufren males renales, aun cuando no se ha establecido científicamente una relación entre el consumo de agua contaminada por el arsénico y las enfermedades del riñón.
Según la Organización Mundial de la Salud, la presencia de arsénico en el agua de consumo humano debe ser de un máximo de 10 microgramos y en el caso de las comunidades afectadas, el líquido vital muestra en algunos casos una presencia de hasta 189 microgramos.
A pesar que la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes se han pronunciado y exigido que se resuelva este problema, que es de salud pública; es poco lo que se ha logrado por parte del Ministerio de Salud encargado de velar por la salud de las personas y de Acueductos y Alcantarillados que es el responsable de vigilar que el país consuma agua potable.
La verdad es que los afectados por el agua contaminada en Bagaces, Montenegro, Arbolito, El Chile, Falconiana, Agua Caliente, La Libertad, Bebedero, Vergel y Puerto Soley de Guanacaste; así como los de Cerro Cortés, los Llanos, La Gloria, Santa Fe, Altamira, San José, Vuelta de Cooper, Caño Negro, Los Chiles, La Palmera, Santa Rosa, la Cocaleca y Concepción de la Palmera, del cantón San Carlos; deben recibir soluciones adecuadas al amparo de un decreto de emergencia sanitaria firmado por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y la Ministra de Salud, Daisy Corrales.
Según el Director de Investigación y Desarrollo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Carlos Vargas, la entidad hace “lo que puede” para solventar la situación y han logrado mitigar la cantidad de arsénico en dos comunidades: Cañas y Bagaces.
El funcionario señaló que desde el año pasado se conformó una comisión para que atendiera el asunto y ésta implementó una estrategia para atacar la situación, que consiste en atender primero a las zonas de más alto riesgo y tratar de que las comunidades coordinen entre sí, con el fin de que juntas solucionen el problema.
Aun cuando reconoce que las comunidades se tienen que organizar, hay que pensar en los costos que representa pagar por tecnologías para filtrar el arsénico, puesto que ello implicaría que los consumidores deberían pagar 13 mil colones al mes por el servicio de agua.
Desde luego que es difícil por ahora que los consumidores asuman estos costos, por lo que tendrá que pasar un período de tiempo para que se pueda presupuestar la compra de estas tecnologías, disminuir el riesgo que implica consumir agua contaminada con arsénico y evitar un excesivo aumento en las tarifas.
El problema también ha captado la atención de los diputados entre ellos Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC); quien presentó otro recurso de amparo por el problema del arsénico en el agua.
Monge se queja que no ha recibido una respuesta efectiva de parte de otros diputados, pero que al ser una situación tan seria, las autoridades deben intervenir a la brevedad, pues aseguró que el decreto de emergencia firmado por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, y la Ministra de Salud, Daisy Corrales; no es más que un proceso estético.
Por ello solicitó a la ministra de Salud, Daysi Corrales; el informe detalladísimo de cada acción que ha realizado el Ministerio para atender la situación, y en caso de que la respuesta sea nula o evasiva dar las razones “ya que ha transcurrido un año sin ningún avance”.
Advirtió que de no encontrar una solución, acudirá a las autoridades internacionales como la OMS y la OIT, para que esta irresponsable e inhumana negligencia sea sancionada con todo el peso de las leyes y sea enmendada definitivamente.
Es evidente la preocupación de los responsables de las instituciones involucradas en el problema y las propuestas de solución; sin embargo, en salvaguarda de la salud de todos los afectados las soluciones deben llegar ya