Confieso que conozco poco sobre la Ley Procesal Laboral y creo que muchos costarricenses tampoco tienen mucho conocimiento sobre este tema, que como toda materia que sirve para dar sustento a un Código es compleja y solo abogados constitucionalistas o expertos en materia laboral pueden manejarla con suficiente solvencia.
Sin embargo, el tema abordado desde una perspectiva simplista, significa que el 12 de diciembre del año 2014, 71 años después de la promulgación de las Garantías Sociales y sobre la misma mesa en que la firmó el entonces presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944); el presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, pasó a la historia firmando el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, que impuso la Administración Chinchilla en octubre del 2012.
Con esta decisión pone en vigencia la Ley más importante en materia laboral desde la promulgación del Código de Trabajo.
Al igual que en la década de los 40, la polémica entre las fuerzas progresistas y la derecha y extrema derecha se vuelve a repetir en esta oportunidad, como un tema de nunca acabar, constituyéndose en materia ideológica, de creencias encontradas, sobre cómo debe ser o tratarse el tema del Derecho Colectivo que actualiza el Derecho de Trabajo, inserto en un mundo global y moderno.
Apenas conocida la decisión del mandatario sobre este tema, las opiniones en contra, especialmente por parte del sector empresarial se volvieron enconadas; en tanto que de parte de los sindicatos la actitud es de complacencia y beneplácito.
Las relaciones laborales entre los patronos y trabajadores, las organizaciones sociales, los sindicatos, las negociaciones mediante las convenciones colectivas, han estado engarzadas en lo que se ha denominado las “Luchas sociales en Costa Rica” y por ello, el levantamiento del veto irrita a los detractores del presidente, quienes alegan que con esta decisión hay pérdida de confianza.
Por otro lado está la posición de otros sectores que consideran que respetando un pacto, que por cierto fue público y notorio y también una promesa de campaña de revisar esta Ley, la decisión del mandatario no debería extrañar.
Alguien dijo por ahí que en nuestro medio se le había dado mucha importancia al capital, de ahí que con el levantamiento del veto el Presidente está inclinando un poco la balanza hacia el trabajo, lo cual es una novedad, pero hábilmente envía señales a los empresarios indicando que mediante algunos decretos ejecutivos regulará aspectos como las huelgas de los trabajadores que brindan servicios esenciales.
Hay que reconocer que el levantamiento del veto es ganancia, porque se regulan las huelgas en los servicios públicos esenciales, que con autorización o sin ella, siempre se han dado de hecho.
Si al calor del levantamiento del veto los ánimos se han exacerbado, hay que reconocer que existe posibilidad de mejorar o cambiar algunas cosas de esta Ley durante los 18 meses de tiempo que faltan, antes que entre en plena vigencia.
Esto sin dejar de lado el fallo que puedan dar los magistrados de la Sala IV, acerca de si la legalidad de esta medida (el levantamiento del veto) procede, o en caso contrario la Ley Procesal Laboral continua vetada con los beneficios o inconvenientes que puede presentar.
No hay duda que en nuestra sociedad totalmente polarizada como herencia del No y el Sí, que se dio durante el referéndum para determinar si se aprobaba o no el TLC y una Asamblea Legislativa en la que existen nueve fracciones parlamentarias con intereses totalmente diferentes, lo actuado por el Presidente Solís dará para largos debates y lastimosamente provocará un desgaste en la imagen del Gobierno, que pareciera seguir el mismo camino de la ex presidenta Laura Chinchilla.