Intervención de CS Ahorro y Crédito pone en riesgo $75 millones de 350 asociaciones solidaristas

  • A solicitud de SUGEF por irregularidades en la administración que ponen en riesgo su estabilidad y la solvencia de la cooperativa.

La Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas FECASPPRI, emitió criterio ante la situación que enfrentan los inversionistas de la cooperativa CS Ahorro y Crédito (antes denominada Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, Coopeservidores R.L.), mismos que fueron informados de la intervención de esta, a solicitud de SUGEF por irregularidades en la administración que ponen en riesgo su estabilidad y la solvencia de la cooperativa.

“Según las estimaciones al menos 350 asociaciones solidaristas pueden tener invertidos cerca de $75 millones de dólares. producto de ahorros de los trabajadores solidaristas. Es oportuno señalar que hasta hace pocos días esta cooperativa según la información pública gozaba de buena salud financiera, que no hacía suponer nada grave en su operación”, aseguró Gonzalo Meza Rivera, asesor legal de la FECASPPRI, órgano de representación oficial del sector solidarista

Es crucial destacar que el sector cooperativo de ahorro y crédito constituye un pilar fundamental de la democracia económica en Costa Rica. Lamentablemente, en la actualidad, 130,000 cooperativistas y sus familias se encuentran llenos de incertidumbre respecto a sus ahorros.

Por otro lado, es importante tener presente la Ley N°9859 conocida popularmente como “Ley de Usura”, claramente establece que las organizaciones sociales sin fines de lucro quedan exoneradas en cuanto a la aplicación para rebajos de cuotas de afiliación y créditos. Lo anterior apegado a los Votos de la Sala Constitucional de efectos Erga Omnes No 2021-11995 de las 16:31 horas del 26 de mayo del 2021 y la 2021-11996 de las 16:32 horas de la misma fecha y los alcances mismos del dictamen de la Procuraduría General de la República C-252-2022 de fecha 17 de noviembre del 2022.

“Al ser COOPESERVIDORES una cooperativa del sector público, miles de créditos sufren hoy problemas de rebajo por esta ilegal aplicación sobre el tope del salario mínimo legal” comentó Meza Rivera.

El modelo solidarista, como parte de su gestión, tiene la responsabilidad de mantener los recursos que recibe de los trabajadores asociados y, en algunos casos, del patrono, en diversos instrumentos de inversión. Estos recursos pueden incluir el auxilio de cesantía depositado para ser administrado y pagado al asociado al término de su contrato de trabajo.

“Desde FECASPPRI, nos preocupante que cada cierto tiempo nuestro sistema financiero se vea golpeado por acciones indebidas de quienes dirigen organizaciones o empresas, que se encuentran debidamente reguladas por las entidades que la ley y el Estado les ha dado facultades de imperio; para regular y prevenir precisamente actos graves que llegan a afectar personas u organizaciones, que depositan su confianza en los sistemas de vigilancia y control existentes por disposición legal”, aseguró Meza.

FECASPPRI apoya a las diferentes asociaciones en este duro proceso

Desde el marco legal en FECASPPRI estaremos apoyando a todas las organizaciones solidaristas federadas y las que desean ser parte del frente común con inversiones en CS ahorro y crédito, además ejerceremos en su representación las acciones oportunas y necesarias ya sea en sede administrativa o judicial con un equipo experto de alto nivel.

“Hemos puesto a disposición de nuestros agremiados, un equipo experto que procurará por todos los medios obtener la recuperación de los recursos económicos invertidos en dicha cooperativa por los inversionistas del sector solidarista” concluyó Gonzalo Meza.

La Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas hace un llamado al señor presidente de la República para que, una vez concluido el informe del Interventor, emita una directriz que inste a las entidades financieras bancarias estatales a acudir en rescate de los asociados e inversionistas de esta cooperativa, quienes suman cientos de miles de trabajadores costarricenses. Además, es imperativo solicitar al Poder Legislativo una profunda investigación de los hechos ocurridos y la necesaria revisión de las responsabilidades de las entidades encargadas de la supervisión de entidades que reciben fondos del público.