Como pocas veces el país ha enfrentado una destrucción de la infraestructura (vías nacionales, puentes y caminos secundarios) como en este año en que la presencia del fenómeno climático conocido como La Niña ha dejado saldos históricos por la cantidad de lluvia.
Antes el efecto de las lluvias intensas derivadas de los temporales y la aparición esporádica de algunos huracanas provocaban daños que eran reparados y posterior a ello vivíamos épocas de relativa tranquilidad.
Hoy, el cambio climático ha variado el patrón de comportamiento del clima de modo que los institutos dedicados a interpretar el comportamiento de las mareas, los vientos y las lluvias, con el apoyo de los satélites tienen la posibilidad de anticipar con mucha precisión, en tiempo y espacio, el recorrido de las “ondas tropicales” que se han presentado en 42 ocasiones, previéndose que se presenten algunas más en lo que resta de noviembre.
El saldo de las intensas lluvias durante este año es considerado totalmente atípico lo que ha incidido en que en todo el territorio nacional se registre un acumulado, de enero a agosto, de 1.528 mm según los datos del Instituto Meteorológico Nacional que estima, además, que la presente temporada de lluvias es la más fuerte desde 1945.
Sin embargo, detrás del análisis de estas cifras existe una triste realidad como es una infraestructura colapsada, consistente en 2.494 obras de infraestructura pública (carreteras, puentes, centros educativos, viviendas e infraestructura ferroviaria) que requieren ser atendidos con urgencia.
Como propuesta para atender la infraestructura dañada, la administración Chaves Robles estará tramitando un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de hasta 446 mil millones de colones ($700 millones), con el fin de invertirlos en infraestructura para lo cual presentará un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Es evidente que ante el embate de la naturaleza poco se puede hacer, pero hay que reconocer que al cambio climático se suma una actitud indolente de los diferentes gobiernos para elaborar planes de ejecución de obra pública, por un período de por lo menos cinco años, a fin que traslapen los cuatro años que dura un equipo de gobierno.
Es necesario también hacer una revisión de la labor que cumple el Consejo Nacional de Concesiones a fin de que las futuras negociaciones para llevar a cabo obra pública con empresas internacionales no sean entreguistas, como lo es la formalizada con la que ejecutó la Ruta 27 o la actual empresa china que presenta atrasos considerables en la ampliación de la Ruta 32 hacia el Caribe.
También debe exigirse transparencia a las empresas nacionales contratadas para construir carreteras, puentes y otras obras a fin de evitar actos de corrupción, como los denominados casos Cochinilla y Diamante y otros del pasado como la trocha fronteriza.
Nos parece oportuna la decisión del Gobierno de definir una ruta para la atención expedita de infraestructuras públicas deterioradas.
Hay que destacar la lamentable pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas, comercios, así como daños en escuelas y colegios que este año han dejado como resultado la perdida de millones de colones por concepto de daño o destrucción de enseres domésticos, electrodomésticos, vehículos y mercadería de los comercios que sin duda contribuyen a aumentar el índice de pobreza.