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Elementos filtrados por fecha: Jueves, 17 Septiembre 2020

  • Casos nuevos en Guanacaste: Nicoya 20, Liberia 14, Santa Cruz 12, Carrillo 2, Nandayure 2, Abangares 1, Tilarán 1, Bagaces 1 y La Cruz 1
  • Este jueves 17 de setiembre se reportan 1.302 casos nuevos

Este jueves 17 de setiembre en el país se registran 1.302 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1.021 por laboratorio.

El país llega a un total de 60. 818 casos confirmados, con un rango de edad de cero a 100 años.

Del total de casos confirmados 28.907 corresponden a mujeres y 31.911 a hombres, de los cuales 48.789 son costarricenses y 12.029 son extranjeros. 

Por edad: 51.636 adultos, 3.947 adultos mayores y 5.106 menores de edad, 129 se encuentran en investigación.

Se contabilizan 22.662 personas recuperadas de las cuales 10.610 son mujeres y 12.052 son hombres.

De los casos recuperados se registran 19.157 adultos, 1.197 adultos mayores, 2.244 menores de edad y 64 se encuentran en investigación.

627 personas se encuentran hospitalizadas, 245 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 23 a los 91 años.

Para este jueves se reportan 17 lamentables fallecimientos: diez hombres, y siete mujeres, con un rango de edad de 41 a 92 años.

En total se contabilizan 666 decesos relacionados con COVID-19: 253 mujeres y 413 hombres, con un rango de edad de 19 a 100 años. Por edad son 220 adultos y 446 adultos mayores.

Datos diarios (nacional, cantonal y hospitalizaciones): https://bit.ly/3hIMPk4
Disponibles para descarga: https://bit.ly/2UYCtCM

Publicado en El País
Jueves, 17 Septiembre 2020 14:43

¿Qué nos espera?

Costa Rica cumple seis meses desde que se diagnosticara el primer caso de contagio por el COVID -19. Pocos podían pensar que al cuatro de setiembre alcanzamos 45.680 casos confirmados, lo que, por supuesto, no augura nada bueno para las próximas semanas y meses si tomamos en cuenta que el número de contagios en promedio, supera los mil casos diarios.

Causa mucha preocupación que a la misma fecha sean reportados 469 personas hospitalizadas, 212 de ellas en cuidados intensivos y que se hayan producido 469 decesos relacionados con COVID-19.

Casi con asombro escuchábamos meses atrás el pronóstico de los epidemiólogos en el sentido de que la cifra de 45.000 contagios los alcanzaría el país posiblemente en octubre. Duele reconocer que muy pronto alcanzaremos cifras de 50.000 personas contagiadas y que el crecimiento continuará en ascenso debido a las medidas de apertura que el Ministerio de Salud ha autorizado y a la dosis de responsabilidad/irresponsabilidad con que actuemos.

Esta pandemia nos ha conducido a medirla en términos de cifras, que diligentemente las autoridades de salud nos brindan día a día, y las estimaciones que hacen los especialistas en cálculos matemáticos, estadísticas y epidemiologia sobre la evolución de esta enfermedad; pero lo cierto es que más allá de esos recuentos existen por lo menos dos pandemias más, cuyos efectos recaen sobre todos los sectores de la sociedad.

Esas dos pandemias resultantes son la económica y la social, ambas igualmente destructivas, cuyos efectos a largo plazo tal vez conlleve años e incluso décadas superarlos.

En el aspecto económico son los trabajadores las victimas más afectadas por el cierre de miles de actividades productivas, suspensión de contratos de trabajo o simplemente porque al empresario o el comerciante no le queda otra alternativa que cerrar su fábrica o su negocio, entregar el local comercial y reinventarse, si es que tiene posibilidad.

La pandemia desde el punto de vista social ha contribuido a que sin excepción todos experimentemos un empobrecimiento generalizado, del que solo un reducido número no sufrirá e incluso tendrá en la crisis una oportunidad para aumentar sus ingresos.

Servicios, transportes, comercio, agricultura, pesca, exportaciones, turismo, casi ninguna actividad productiva escapa de esta espiral de parálisis económica.

La pandemia social es quizá a la que menos atención se le ha puesto, pero desde luego tiene miles de rostros humanos: jefes de hogar que tienen ante sí, el reto de procurar un ingreso al menos mínimo para atender las necesidades de sus familias o en su defecto depender de la asistencia que brinda el Gobierno mediante la entrega de dinero en efectivo o en especie, como los conocidos diarios.

Otro rostro humano lo conforman miles de madres, que además de los quehaceres diarios tienen que convertirse en educadores para ayudar a sus hijos a hacer las tareas y adquirir los conocimientos que se les imparte mediante la Web y que los niños reciben, los más afortunados mediante un moderno equipo de cómputo, un teléfono inteligente, o en el peor de los casos teléfonos sencillos que deben ser prudentemente utilizados so pena de que se les acabe el saldo y la lección también.

Rostro humano de la pandemia económica son los trabajadores que hacen teletrabajo y han tenido que hacer inversiones en compra de equipo, escritorios y sillas para llevar a cabo sus labores, pero también tienen nombre y apellidos los miles de trabajadores que deben obligatoriamente asistir a sus puestos de trabajo viajando en buses atestados y con el temor lógico de contagiarse y extender el flagelo a otros familiares.

Un terremoto de gran magnitud, un tsunami o un huracán, por citar solo algunos de los fenómenos naturales que destruyen una ciudad y afectan uno o varios países, pero su destrucción cesa y se puede iniciar la reconstrucción y regresar a la normalidad.

COVID 19 no es ni siquiera un organismo viviente, sino una proteína microscópica que invade nuestro organismo sin que nos percatemos de dónde provino o quien nos contagió y que deja efectos terribles en la humanidad.

No son pocos los estragos que este terrible mal continuará haciendo en lo que resta del año, en el año próximo y quizá para los años posteriores en que la “nueva normalidad” sea totalmente diferente a la que conocíamos antes del 6 de marzo del 2020.

Publicado en Editorial
  • Se establecen nueve medidas fiscales temporales y excepcionales, entre ellas una sobretasa extraordinaria sobre la renta y el tributo a las transacciones electrónicas y cheques.
  • Reducción temporal de las cargas sociales para las empresas con el fin de incentivar el empleo.
  • Se devolverá el cobro del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población.
  • Se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB.

El Gobierno anunció la propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de $1750 millones. 

La propuesta detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales durante cuatro años.  Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo. Además, no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras. 

Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el enorme pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas. 

Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.

También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades. 

“Costa Rica a través de su historia ha sido ejemplo de diversos logros, especialmente los asociados a programas de salud, educación, el ambiente sano para las inversiones y las pensiones y seguros solidarios. Sin embargo, los efectos de la crisis sanitaria han generado un impacto económico sin precedentes, es por esta razón que nos hemos abocado a construir una propuesta para lograr un acuerdo razonable, que incluye la disminución significativa del gasto y el aumento de los ingresos, que nos permita hacer un ajuste para beneficio de la familia y que garantice la continuidad de un Estado al servicio de la población costarricense”, aseguró Elián Villegas, ministro de Hacienda. 

Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, afirmó: “La pandemia por el COVID-19 ha impactado fuertemente la economía costarricense en los últimos meses. También ha golpeado con severidad las finanzas públicas, y es preciso por ello emprender una consolidación fiscal adicional a la de diciembre del 2018. El país enfrenta un momento histórico y tenemos la responsabilidad de impulsar ese ajuste fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica y promover la reactivación y el bienestar de las familias costarricenses. Hacer ese ajuste en el marco de un acuerdo con el FMI por tres años es nuestra mejor opción, pues daría acceso a recursos en mejores condiciones y proveería un sello de confianza en las políticas económicas del país”.

Medidas fiscales permanentes y temporales

El tributo a las transacciones electrónicas y cheques es parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.

Con esto se cobrará durante cuatro años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.

Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública. 

Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.

En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica? Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades. En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo.  A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta.  Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.

Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica. 

También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.

Reducción de gastos

Todas estas medidas van acompañadas de las diversas iniciativas y esfuerzos realizados por el Gobierno para reducir los gastos.

Algunas de las propuestas en este ámbito son el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades, la reducción de la deuda política en 50%, el proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos y venta de activos como FANAL y BICSA.

"El acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica, para habilitar el crecimiento potencial, la generación de empleo y el bienestar de las familias. Los sacrificios en materia de gasto serán fundamentales, tales como se plantean en la reforma del empleo público, el rediseño institucional, el recorte de gasto en estricto apego a la regla fiscal, la apertura de un programa de movilidad voluntaria, la suspensión de anualidades y  de los aumentos salariales y  la venta de activos", explicó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo.

Publicado en El País
  • 641 personas adultas mayores beneficiarias distribuidos en 75 hogares en todo el país
  • ¢1.3 millones es el costo mensual promedio de atención de una persona adulta mayor
  • Aporte de la JPS es parte de las acciones prioritarias de la Mesa Técnica de Protección Social instancia de articulación del sector social frente a la emergencia nacional COVID-19

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social aprobó un presupuesto de ₡1.400.000.000 para las organizaciones sociales que atienden personas adultas mayores que presenten casos diagnosticados con COVID-19 en los Hogares de Larga Estancia.

El objetivo es contribuir en la atención de los gastos extras que implica la atención de personas infectadas por la enfermedad, tanto en lo que es equipos de protección para el personal que los atienden, como el pago de personal especializado, de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Salud.

Los recursos son producto de las utilidades de la venta de lotería según la establece la Ley N°8.718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” en el artículo 8; que destina un 1% para la autonomía de las personas adultas mayores.

La Junta de Protección Social financia a 75 Hogares de Larga Estancia en todo el territorio nacional, estos hogares dan apoyo integral a más de 2.641 personas adultas mayores de estas 1.079 son mujeres y 1.585 hombres.

Según CONAPAM, ente rector en materia de atención de personas adultas mayores, el costo estimado para la atención mensual de una persona adulta mayor con COVID-19 es de aproximadamente ₡1.300.000.

“La Junta de Protección Social comprende necesidades extraordinarias que enfrentan las personas adultas mayores, y las organizaciones que cuidan de ellas, en medio de una pandemia que ha flagelado no solo a los sectores más vulnerables sino a todo un país. Desde el seno de la Junta Directiva queremos mostrar nuestro compromiso al esfuerzo interinstitucional que se realiza por proteger a nuestra población adulta mayor, que es uno de los sectores con mayor riego ante la COVID-19”, destaca Esmeralda Britton González, presidenta ejecutiva de la JPS.

Para Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social “No bajaremos la guardia para garantizar la continuidad de los servicios residenciales de los que dependen tantas personas adultas mayores en el país. Las instituciones, unidas en la Mesa Técnica de Protección Social, trabajamos para proteger a las poblaciones más vulnerables, y el aporte de la Junta es vital para atender los costos crecientes de atención provocados por la pandemia COVID-19”.

El presupuesto extraordinario del que se desprenden estos recursos se encuentra en trámite de aprobación en la Controlaría General de la República.

Publicado en El País

Autoridades del hospital Nacional de Niños confirmaron que ese centro de salud atendió, la noche del miércoles, en el servicio de Urgencias, al hijo del presidente de la República Carlos Alvarado Quesada. La atención se dio con normalidad acatando todos los protocolos de seguridad e higiene.

La doctora Olga Arguedas, directora del hospital Nacional de Niños, explicó que el menor llegó al área No Covid, donde lo que se requiere son las medidas básicas de higiene. No hubo ningún reporte de incidente al respecto.

La directora aseguró que fue una atención en urgencias y que ningún paciente ni sus familiares fueron removidos de sus camas ni del sitio. El niño se atendió como se atiende a cualquier menor, con la misma disposición y respeto.

“El menor fue atendido por el pediatra de guardia, quien reporto que todo trascurrió con absoluta normalidad. El señor Presidente venía acompañado con dos escoltas no armados, que se mantuvieron en el pasillo mientras el niño era atendido. Ningún padre o madre o paciente fue desalojado” recalcó la directora.

Arguedas detalló que tanto al presidente como a la primera dama se les tomó la temperatura, según indican los protocolos de atención.

La doctora Arguedas recordó que el hospital Nacional de Niños atienden por igual a todas las niñas y niños que llegan por atención sin distingo de raza, credo, clase social, etc., procurando siempre el buen trato y respeto para los menores y sus familias.

Publicado en El País
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