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Elementos filtrados por fecha: Lunes, 18 Mayo 2020

  • Este lunes 18 de mayo, inicia la construcción de la nueva infraestructura que abrirá sus puertas en el segundo semestre de 2021.
  • Nueva sede tiene una inversión aproximada de ¢14.2 mil millones que incluyen la construcción y el equipamiento.
  • La nueva sede incluye, entre otros servicios: medicina interna, nutrición, cuidados paliativos y monitoreo digital para pacientes.

La construcción de la nueva sede de área de salud de Santa Cruz inició este lunes 18 de mayo de 2020.  Con la nueva sede, los vecinos del cantón podrán recibir más servicios como medicina interna, nutrición, psicología, control para el dolor y cuidados paliativos, docencia y educación.

Tendrá además un servicio de imágenes médicas y el servicio de urgencias tendrá mayor capacidad resolutiva, con monitoreo digital para pacientes. La nueva área de salud contará con un equipo básico de atención integral en salud (EBÁIS) adicional.

El gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Roberto Cervantes, señaló que en medio de la situación que afronta el país por la pandemia de COVID-19, el inicio de esta obra es una muestra del compromiso que la institución mantiene con los usuarios y pacientes en todo el territorio nacional.  “Nuestros esfuerzos siempre están enfocados en acercar los servicios de la institución de manera oportuna, con calidad y calidez, a lo largo y ancho de todo el país” indicó el doctor Cervantes.

Por su parte, la Primera Dama de la República y coordinadora de proyectos prioritarios de la Región Chorotega, Claudia Dobles, señaló que esta es una acción más del compromiso del Gobierno en la inversión de obra pública como dinamizador de la economía.

“Esta nueva sede en Santa Cruz significa una mejora considerable en la atención de salud para la población de este cantón, así como en el empleo directo generado durante la etapa de construcción y los encadenamientos productivos a partir de estos” agregó Dobles.

La obra tendrá una inversión aproximada de ¢14.2 mil millones que incluyen la construcción y el equipamiento. “Será una infraestructura de aproximadamente 9.500 metros cuadrados de construcción en un terreno de 17.913,84 metros cuadrados, acorde con las leyes General de Salud y 7.600 y con la normativa de Área de Salud Segura” agregó el Gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, Jorge Granados.

La nueva infraestructura estará a una distancia aproximadamente de 500 metros de la actual, con mejor acceso a la población, en el “centro social” de la ciudad, donde se encuentran varias instituciones públicas y privadas como el centro diurno de la localidad.

“El inicio de la obra representa para los santacruceños un sueño hecho realidad, el poder recibir servicios de salud en una infraestructura accesible, confortable y con mayor calidad” añadió el director del área de salud de Santa Cruz, doctor José Enrique Retana.

El área de salud Santa Cruz, clasificada como de tipo 2, fue creada en el año 1.970, cuenta con trece ebáis, trabajan 203 funcionarios y cuenta con servicios como el primer nivel de atención, especialidades de segundo nivel como pediatría, ginecología y medicina familiar y comunitaria; así como farmacia, laboratorio clínico, entre otros.

Publicado en Santa Cruz
  • Propuesta, presentada a la Asamblea Legislativa, plantea que propietarios autoricen al MOPT iniciar obras a cambio de un adelanto preliminar del 40% del avalúo, mientras los juzgados definen el justo precio.
  • Mecanismo permitiría agilizar grandes proyectos de infraestructura e inyectaría miles de millones a la economía.

Este lunes, el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de Infraestructura Pública”, cuyo objetivo es acelerar la adquisición de derechos para la construcción de obras públicas, adelantando al propietario el pago del 40% del avalúo mientras los juzgados resuelven el precio final.

Con este proyecto --que complementa la actual Ley de Expropiaciones-- el Gobierno busca que, de una forma armoniosa entre propietarios y el Estado, se pueda llegar a un mutuo acuerdo en donde el dueño del terreno acepte un pago preliminar del avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y permita la autorización para el inicio de los trabajos.

El Viceministro de Transportes, Tomás Figueroa, precisó que esta propuesta pretende incentivar a los ciudadanos a utilizar este mecanismo que les permitiría recibir con antelación una parte proporcional del valor definitivo de sus bienes, dentro de un proceso armónico dotado de seguridad jurídica tanto para los ciudadanos, el Estado y terceros.

El pago adelantado a los propietarios inyectaría millones de colones a la economía nacional, al tiempo que se establecería un procedimiento para regular de forma expedita la transmisión de los derechos de los inmuebles, necesarios para el desarrollo de los proyectos, facilitando con ello que las obras públicas se materialicen con la menor demora posible.

Figueroa, quien ha trabajado en ese proceso, aclaró que la suscripción del contrato y la aceptación del monto no implica la renuncia del dueño de la propiedad a su derecho de obtener un justo precio por su propiedad. Por el contrario, el proceso judicial sigue en marcha y el remanente del pago por la adquisición del inmueble se efectuará mediante los trámites expropiatorios ordinarios definidos en la Ley de Expropiaciones.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, manifestó que “históricamente las adquisiciones de terrenos para desarrollo de infraestructura han constituido un limitante en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, y por ello se debe de innovar con respecto a los mecanismos que tradicionalmente se han empleado para ese fin”.

Asimismo, respaldó la iniciativa propuesta por el ministro Méndez Mata, al explicar que la demora en la adquisición de los bienes necesarios para la construcción de las obras representa un doble efecto negativo ya que, en primer término, limita el desarrollo y sus consecuentes beneficios para la colectividad, y en segundo lugar incrementa los costos de los proyectos.

Publicado en El País

CNE declara Alerta Verde para la Vertiente del Pacífico y Valle Central debido al ingreso de humedad y una Onda Tropical, que provocarán un patrón de lluvias fuertes durante las tardes durante la presente semana.

Publicado en La Provincia
  • Procesos verificarán la veracidad de la información aportada por las personas a partir de declaraciones juradas.
  • Sistema encontró inconsistencias al verificar datos para el segundo depósito de las personas que recibieron el Bono.
  • Se identificó que un 0,005% de los casos pudieran estar en esta condición.

San José, Costa Rica. Desde esta semana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está iniciando con procesos de investigación para constatar el pago correcto del Bono Proteger en algunos casos de acuerdo con lo que establece el artículo 31 del decreto N° 42305-MTSS– MDHIS.

El MTSS procedió al nombramiento de un Órgano de Investigación, con el fin de determinar si existen acreditaciones que no corresponden del Bono Proteger luego de que el sistema encontró impedimentos en los expedientes de 2.323 personas a las que ya se les depositó el primer mes del Bono. Estos casos fueron encontrados dentro del total de depósitos que a la fecha es de 414 mil.

El sistema encontró posibles anomalías en la información otorgada por las personas bajo la fe de juramento y se les está otorgando un plazo de cinco días para aportar la prueba que acredite que la información brindada es correcta.

De acuerdo con el artículo 31 de decreto de creación del Bono Proteger “será revocado del Bono Proteger, requerida la devolución de lo pagado, y se dará informe de lo acontecido a las autoridades judiciales correspondientes a quienes se les demuestre alguna de las siguientes causales: a) No reportar la finalización de la medida de suspensión del contrato de trabajo o de reducción de jornada, o de alguna otra de las causales contempladas en el artículo 5 de este Reglamento. b) El acaecimiento de una de las causales de no otorgamiento. c) En caso de comprobarse que una persona beneficiaria brindó información personal o laboral falsa o inexacta. d) Otras causales establecidas por las instituciones responsables según la normativa aplicable o mediante resolución fundada, en resguardo del uso eficiente de los recursos públicos, así como del fin y objetivo indicados en este Reglamento.”

La notificación que están recibiendo las personas indica que “según la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estados (SINIRUBE) y Revisada su solicitud de “Bono Proteger”, según constatación efectuada por la Dirección Nacional de Empleo, presuntamente usted se encuentra entre las personas que no debieron recibir este aporte estatal o beneficio, por supuestamente ajustarse al inciso (No de inciso) del artículo 7 citado, al ser una persona (condición de exclusión), por lo que de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS citado, se le debería revocar y suspender a partir de este momento el beneficio del bono referido”.

A partir de esta notificación las personas tienen dos opciones, si la información que suministra el sistema no se ajusta a la realidad, es decir, no tienen ninguna de las variables de exclusión del artículo 7 del referido Decreto, la persona notificada deberá aportar la prueba en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de esta al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Si la prueba no es aportada corresponderá la suspensión del beneficio por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, la persona no recibirá los dos depósitos restantes y se iniciaría el proceso de recuperación de la suma girada el primer mes.

Si la persona es consciente de que su condición laboral corresponde a cualquiera de los criterios de exclusión, se le da la opción de hacer la devolución del dinero en un plazo de ocho días hábiles a través de un Entero de Gobierno a favor del Fondo General del Estado, “o bien, en caso de que su situación económica no le permita hacer la devolución en un solo tracto, se le puede brindar la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago, para lo cual es indispensable que se comunique al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., haciendo saber su anuencia a suscribir el acuerdo”.

Al igual que en el primer caso, de no hacer la devolución del dinero, la persona será notificada por el MTSS para el inicio del proceso legal para la recuperación de la suma recibida de forma anómala por la persona.

Según el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS no pueden ser beneficiarias del bono las siguientes personas:

a) Personas menores de 15 años.

b) Trabajadores del sector público.

c) Personas pensionadas de cualquier régimen.

d) Personas privadas de libertad.

e) Personas integrantes de hogares beneficiarios de transferencias monetarias del Estado iguales o mayores a ¢50.000 colones.

f) Personas que cuenten con un trabajo remunerado al 100% de su jornada.

Publicado en El País
  • En Cañas se registra un caso positivo más
  • Además, se registran cuatro casos nuevos de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica.

Hoy, 18 de mayo, se registran 3 nuevos casos de COVID-19, para un total de 866 casos confirmados, con un rango de edad de cero a 87 años. Se trata de 395 mujeres y 471 hombres, de los cuales 726 son costarricenses y 140 extranjeros.

Asimismo, se registran cuatro casos nuevos de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19, llegando a un total de 50 transportistas.

Se contabilizan casos positivos en 69 cantones. Por edad tenemos: 771 adultos, 43 adultos mayores y 52 menores de edad.

Se registran 575 personas recuperadas en 59 cantones, con un rango de edad de uno a los 86 años, de las cuales 280 son mujeres y 295 son hombres, por edad tenemos: 518 adultos, 30 adultos mayores y 27 menores de edad.

A este momento se han descartado 13.684 personas.

Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y nueve hombres con un rango de edad de 45 a 87 años.

17 personas se encuentran hospitalizadas, tres de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 64 a los 76 años.

A hoy se han procesado un total de 20.352 muestras.

 

Publicado en El País

La propuesta de texto sustitutivo, que busca modernizar el servicio público para que sea más ágil, transparente y eficiente, fue presentada este lunes al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, por parte de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), María del Pilar Garrido Gonzalo y el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. (abajover y/o descargar contenido gráfico explicativo)

La iniciativa se apega a los mandatos constitucionales, a las necesidades ciudadanas y a las buenas prácticas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Costa Rica se integrará como miembro número 38.

“En primer lugar, el empleo público debe asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos. Ese ha sido nuestro norte en la redacción del texto y se ha acompañado por un riguroso y profundo análisis de las mejores prácticas en el tema”, explicó la jerarca de Planificación, al dar a conocer la propuesta en conferencia de prensa en Casa Presidencial, acompañada por el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

En la presentación, la ministra Garrido detalló que uno de los cambios propuestos es el establecimiento de un régimen general de empleo público, conformado por ocho familias de puestos. Cada familia tendrá una columna salarial global que articule la remuneración y que sólo aplicará para las contrataciones nuevas. 

De igual forma, presenta un nuevo paradigma en la forma de determinar los salarios en el sector público, al pasar de un esquema de salarios compuestos basados en las funciones y las competencias a otro que elimine las distorsiones y las desigualdades salariales existentes en la actualidad, con el fin de garantizar el cumplimiento del precepto constitucional que dice que “a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones”.

Garrido aseguró que la migración a un salario global competitivo “nos permitirá atraer y retener el mejor talento al sector público, lo cual se traducirá en un mejor servicio”.

“Este proyecto garantizará la disciplina fiscal, pues con el salario global se evitará el crecimiento acelerado o la creación de nuevos pluses salariales a futuro, protegiendo así, la estabilidad de las finanzas públicas. Estimamos que el ahorro promedio anual de la implementación de la ley sería del 0,7% del PIB, para el sector público no financiero”, subrayó la jerarca.

Adicionalmente, se mantienen los estímulos no salariales para el buen desempeño, la creación de una plataforma en línea para publicar los concursos en el sector público y dar cuentas del avance del reclutamiento, los principios de desvinculación para funcionarios/as con baja evaluación del desempeño, licencia de maternidad ampliada en casos específicos y se crea el permiso por paternidad.

“Tal como fue nuestro compromiso, el proyecto está ahora en manos de los y las legisladoras para comenzar la debida discusión, luego de un proceso de diálogos constantes y nutridos con diferentes sectores, empezando por la misma Asamblea Legislativa, para fortalecer las propuestas”, expresó la ministra de MIDEPLAN.

Enfatizó que “este proyecto impulsa cambios trascendentales que requiere nuestra institucionalidad y que han adquirido una nueva dimensión a la luz de la emergencia por el COVID-19”.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, calificó esta iniciativa “como una reforma fundamental para mejorar la calidad de los servicios públicos y para garantizar la sostenibilidad económica del Estado”.

Al igual que lo hizo el mandatario, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió respetuosamente al Congreso avanzar en la aprobación del cierre del Fondo Nacional de Becas (presentado el año anterior), el proyecto PAGAR, que reduce el gasto público y generan eficiencias en nuestra institucionalidad, así como suspender el pago o reconocimiento de la anualidad 2020 a empleados públicos.

Asimismo, solicitó la aprobación del proyecto para eliminar la anualidad del 2020 a las personas funcionarias públicas, para usar esos recursos en la atención de la emergencia por el COVID-19.

La iniciativa cubre a toda la institucionalidad estatal, desde los poderes de la República, hasta el sector público descentralizado institucional (instituciones autónomas, universidades estatales, empresas públicas estatales, instituciones semiautónomas) y el sector público descentralizado territorial (municipalidades). Exceptúa a los entes públicos no estatales y a las instituciones públicas en un mercado abierto a la competencia. 

La propuesta contempla: 

  • Organización de la gobernanza. Define las competencias de MIDEPLAN como órgano rector y las funciones de las áreas de recursos humanos institucionales.   
  • Planificación del empleo. Propone la existencia de planes de empleo público con las necesidades y la disponibilidad de personal.
  • Organización del trabajo. Se dará bajo un solo régimen que agrupa ocho familias de puestos (de personas servidoras públicas en general, del área de salud, de cuerpos policiales, de educación, de universidades públicas, de administración de la justicia, del servicio exterior y personal de confianza)
  • Gestión del empleo. Con directrices para los procesos de reclutamiento y selección, incluida una diferenciación para la alta gerencia, así como las causas y el proceso de desvinculación laboral.
  • Gestión del desarrollo. Detalla los postulados de capacitación y promoción.
  • Gestión de la compensación. Explica la organización de la remuneración de acuerdo con la columna salarial y los grados definidos dentro de las familias laborales, estímulos no monetarios a la productividad y el salario de las jerarquías.
  • Gestión de las relaciones laborales. Se establece un tope de 20 días a las vacaciones, una licencia de maternidad ampliada y el permiso por paternidad.

El proyecto propone que, una vez aprobada la ley, habrá doce meses plazo para que entre en vigencia, con el fin de dar un plazo de ajuste institucional. El reglamento a la ley se emitiría seis meses posteriores a su entrada en vigencia.

Cambios del proyecto sustitutivo LMEP:

  1. Elimina los subregímenes. Propone un único régimen de empleo público que gobernará las ocho familias de puestos que lo integran.
  2. Introduce de una columna salarial. Es una metodología para determinar el salario global de cada familia de puestos, de acuerdo con las funciones y garantizando la equidad salarial y la coherencia entre las familias de puestos.
  3. Define las competencias de Mideplan. Se especifican sus funciones como rector de empleo público y garante de que exista unicidad y reglas comunes entre las familias de puestos.
  4. Crea el salario global solo para nuevo personal. La finalidad es no provocar incremento de gasto público por migración de personas del esquema de salario compuesto al esquema de salario global.
  5. Elimina la creación del Consejo Consultivo. La meta es facilitar la gobernanza del empleo público y la función de MIDEPLAN como rector.
  6. Elimina la creación del incentivo monetario. La finalidad es no presionar las finanzas públicas.
  7. Traslada órganos a MIDEPLAN. La Dirección General del Servicio Civil y el Tribunal Administrativo se trasladan a MIDEPLAN que es el rector de empleo público.
  8. Pone tope a vacaciones. Se reducen de 30 a 20 días hábiles.
  9. Crea regulación para interinos. Las instituciones deberán elaborar un plan para realizar los nombramientos en propiedad, en aquellas plazas que se encuentren interinas vacantes.
Publicado en El País

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