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Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 07 Octubre 2020

  • 68 Casos nuevos en Guanacaste.
  • Este 7 de octubre se registran 1.355 casos nuevos y 20 fallecimientos.

Este miércoles, 07 de octubre, en el país se registra 1.355 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 224 son por nexo epidemiológico y 1.131 por laboratorio.

En total se contabilizan 83.497 casos confirmados, con un rango de edad de cero a 100 años.

Se trata de 40.005 mujeres y 43.492 hombres, de los cuales 68.873 son costarricenses y 14.624 son extranjeros.  

Del total de casos contabilizados 70.945 son adultos, 5.634 adultos mayores y 6.832 menores de edad, 86 se encuentran en investigación.

Se reportan 50.295 personas recuperadas de las cuales 23.873 son mujeres y 26.422 son hombres.

Del total de casos recuperados 43.016 son adultos, 2.838 adultos mayores, 4.368 menores de edad y 73 se encuentran en investigación.

557 personas se encuentran hospitalizadas, 203 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de uno a los 89 años.

Para este p7 de octubre se reportan 20 fallecimientos: 14 hombres, y seis mujeres, con un rango de edad de 24 a 92 años.

En total se contabilizan 1024 decesos relacionados con COVID-19: 387 mujeres y 637 hombres, con un rango de edad de 18 a 100 años. Por edad son 338 adultos y 686 adultos mayores.

Datos diarios (nacional, cantonal y hospitalizaciones): https://bit.ly/3hIMPk4
Disponibles para descarga: https://bit.ly/2UYCtCM

Publicado en El País
  • Así lo planteó este miércoles a los rectores de las universidades estatales en reunión que sostuvieron
  • Mandatario abogó también por el apoyo del CONARE en acciones concretas para atender problemas prioritarios.

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, sostuvo este miércoles una reunión con los rectores de las universidades estatales, en lo que se convirtió en el cuarto encuentro multisectorial preparatorio al diálogo nacional ante la situación social y financiera que afronta el país.

La reunión -que se prolongó por 90 minutos, en la sala de Consejo de Gobierno de Casa Presidencial, con la presencia del presidente Alvarado, los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto; de Hacienda, Elian Villegas; y de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido.

Por parte de las universidades estuvieron los rectores del Tecnológico de Costa Rica, Luis Paulino Méndez -presidente de Consejo Nacional de Rectores-, de la Universidad de Costa Rica Costa Rica, Carlos Araya; de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias; de la Universidad Nacional, Francisco González; y de la Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González. Además, el director de Planificación de la Educación Superior, Eduardo Sibaja.

Tras reconocer que el aporte de las universidades es clave para salir adelante de la situación como país, el presidente Alvarado planteó a los rectores el apoyo para construir una propuesta que permita alcanzar una solución económica balanceada desde la academia.

Asimismo, abogó por aportes inmediatos para atender y solucionar asuntos concretos, refiriéndose en particular al Proyecto de Alfabetización Digital -iniciativa de la diputada Yorleny León, que impulsa el gobierno -y la continuación de la investigación científica que llevan adelante las universidades en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social en la lucha contra el COVID-19. 

En ese contexto, Alvarado solicitó al ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, avanzar con el proyecto de alfabetización en la Asamblea Legislativa, y continuar con el apoyo para la agilización de procesos en avances de pruebas para combatir el COVID-19, en los que las universidades han tenido un papel protagónico.

Por su parte, el ministro Prieto solicitó la ayuda de los académicos para poder atender la situación del país aportando sus conocimientos. “La participación universitaria es fundamental en este proceso”, exclamó.

Luis Paulino Méndez, presidente del CONARE y rector del TEC, declaró que “como universidades entendemos la gravedad de la situación y ponemos a disposición del gobierno de la República todas nuestras capacidades para poder cooperar en esta etapa de propuestas y concretar particularmente soluciones que nos saquen de la crisis en que estamos”.

Los rectores coincidieron en externar su absoluta disposición de apoyar al gobierno en el marco de la institucionalidad y de la defensa del estado social de derecho y en la urgencia de que el diálogo que se avecina sea corto y efectivo, con acciones concretas para poder llegar tranquilidad y calmar la incertidumbre en la población.

Publicado en El País
  • El proceso de diálogo estará abierto a la participación de los diferentes sectores de nuestra sociedad.
  • En medio de una crisis como la actual, el proceso de concertación nacional busca definir de forma transparente, respetuosa e inclusiva, el rumbo que debe seguir el país para la búsqueda del bienestar común.
  • Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras representa a más de 1,5 millones de personas trabajadoras de Costa Rica.

El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hace un llamado a los diferentes sectores sociales y productivos del país para integrar un foro multisectorial de diálogo nacional en el que se analice el momento que atraviesa el país, pero, ante todo, el futuro que como sociedad queremos para Costa Rica.

“Preocupados como todos los habitantes por la situación económica y social que atraviesa actualmente el país, hemos propuesto con responsabilidad la creación de un foro multisectorial de diálogo nacional en el que se discuta, analice y defina de forma transparente, respetuosa e inclusiva, el rumbo que debe seguir nuestro país para la búsqueda del bienestar común”, recalcó Fernando Faith Bonilla, presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

En este sentido, el Directorio Nacional ya ha venido teniendo acercamientos y hace un llamado a participar en este foro a los diferentes sectores de nuestra sociedad, entre ellos los sectores laborales, empresariales, organizaciones campesinas, agrícolas e industriales, a la academia y otros actores que coincidan en la búsqueda de un país más justo, solidario e inclusivo.

Este proceso de diálogo dará inicio en los próximos días con la participación de todas aquellas organizaciones y sectores que manifiesten su interés de ser parte de este gran proceso de concertación nacional.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras es la máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  Desde 1986, está encargada de dictar el rumbo estratégico de la organización.

Es considerada uno de los foros de diálogo más representativos de Costa Rica, al estar conformado por líderes y lideresas de 10 sectores sociales: artesanal, comunal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión, magisterio nacional, sindical confederado, sindical no confederado, profesional, solidarista y personas trabajadoras independientes.

Representa a más de 1,5 millones de personas trabajadoras de Costa Rica, que son copropietarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Publicado en El País

Siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, el INA retomó la ejecución de asistencias técnicas presenciales. Recién finalizó una de 20 horas a un grupo de 10 productores de la Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca, quienes harán un efecto multiplicador del nuevo conocimiento adquirido con los restantes 24 asociados, ubicados en la mayor parte de la provincia.

Se trató del "Diagnóstico de fitopatologías que afectan cultivos orgánicos bajo ambiente protegido, para su manejo biológico", a cargo del docente Rommel Vega del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA.

Como parte de la Asesoría, cada semana se impartieron lecciones presenciales en las cuales se aprovechó para valorar muestras vegetales de cultivos enfermos, provenientes de las fincas de quienes participan. Además, se realizaron algunas visitas a las diferentes fincas para así realizar prácticas en el campo y ver resultados.

“En estos momentos, el aporte del INA a los problemas del agro, es vital para sostener uno de los principales sectores económicos del país, en donde juega un papel importante a nivel salud por el consumo de alimentos y a la vez apoyara productores en su quehacer diario, mediante la transferencia de tecnología que hemos desarrollado a lo largo de los años en el Laboratorio de Fitoprotección del INA", indicó el docente Rommel Vega.

Las empresas, asociaciones o cooperativas interesadas en recibir una asesoría técnica de este tipo deben hacer la solicitud en el INA más cercano.

Publicado en La Provincia

Conscientes de la difícil situación que atraviesan muchas familias debido al covid-19 y de la necesidad del acceso al agua potable como herramienta y medida sanitaria para atacar el virus, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) estableció condiciones especiales de arreglos de pago para todos aquellos usuarios domiciliares que se han visto impactados económicamente, ya sea porque perdieron su empleo, vieron reducida su jornada laboral o sus ingresos como independiente o del grupo familiar.

Además, consecuentes con esa situación se tomó la decisión de garantizar el agua potable a los hogares que enfrenten una orden sanitaria de aislamiento, durante el periodo que ésta esté vigente, aunque tenga facturas pendientes de cancelación.

La Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, indicó que, desde marzo que el Gobierno giró directrices para que no se suspendieran servicios de agua, la institución ha venido realizando un enorme esfuerzo y se ha centrado en buscar alternativas para facilitar las condiciones de pago de los recibos, debido a que el AyA no puede por ley dejar de cobrar.

“Hemos logrado establecer condiciones muy especiales de pago de la prima y cuota para todos los usuarios domiciliares impactados por la pandemia, a efectos de que puedan hacer arreglos de pago que eviten la corta de agua, por eso los invitamos a que nos contacten y se alcancen esos arreglos”, indicó Astorga.

Condiciones especiales

Las nuevas condiciones especiales para arreglos de pago establecidas permitirán ajustar el monto de las cuotas y la prima para aquellos usuarios que hayan sufrido disminución de ingresos, pérdida de empleo u otras afectaciones directas por el covid-19.

Para solicitar estas nuevas condiciones, la institución tiene a disposición el teléfono 800-Reporte o el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (ver recuadro de requsitos al pie de la nota).

Rehabilitación de servicios

Por otra parte, las familias que cuenten con una orden sanitaria de aislamiento podrán solicitar, por una única vez, la no suspensión del servicio de agua por falta de pago, aunque no hayan solicitado un arreglo.

Del mismo modo, la institución ofrece rehabilitar el servicio a los hogares que tengan una orden sanitaria por covid-19 durante el periodo de vigencia de este documento oficial, aun sin arreglo de pago de por medio.

Por último, el AyA reiteró que no corta el servicio a ningún abonado que cuente con un arreglo de pago, a la vez que realizó un llamado a quienes tengan la posibilidad a realizar el pago puntual de los servicios, pues la operación del agua potable y saneamiento son brindados por ley al costo.

Publicado en El País
  • Imputados deberán cumplir sentencia de diez años de prisión.
  • Monto defraudado asciende a los ¢349 millones.

Por primera vez en Costa Rica, los Tribunales de Justicia condenaron a seis personas con una sentencia de 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, cinco años por cada delito cometido.

Esta sentencia corresponde a un caso de una empresa familiar que defraudó al Fisco por un monto superior a los ¢349 millones, cuya denuncia fue presentada al Ministerio Público por la Dirección General de Tributación (DGT) en el 2004. Luego de un proceso judicial de 16 años, la sentencia quedó en firme en junio anterior.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

Así lo informó Carlos Vargas, director general de Tributación, quien indicó que durante estos 16 años el contribuyente utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.

La investigación realizada por la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los ¢149,7 millones para el año 2001 y los ¢230,8 millones para el año 2002.

Resumen de la maniobra

En el año 2004, la DGT interpone la denuncia ante el Ministerio Público, por indicios de delito tributario, en relación con el impuesto sobre las utilidades de los periodos fiscales 2001 y 2002 producto de una serie de irregularidades, detectadas durante el procedimiento de inspección tributaria seguido contra una serie de personas físicas y jurídicas que conformaban una cadena de tiendas a nivel nacional. Este proceso implicó una compleja investigación por parte de Hacienda, que incluyó la revisión a 156 personas involucradas.

Dicho grupo -en total 53 personas jurídicas y 103 personas físicas- se dedicaba a la importación y comercialización de ropa y zapatos, a través de establecimientos comerciales ubicados en diferentes zonas del país, los cuales se encontraban inscritos ante la Administración Tributaria, de manera independiente y bajo el Régimen de Tributación Simplificada.

No obstante, durante la investigación realizada, se logró confirmar que se trataba de un grupo de interés económico familiar, conformado por una persona de apellidos Soto Mora, su esposa de apellidos Navarro Blanco y sus tres hijos de apellidos Soto Navarro, quienes participaban como miembros de las juntas directivas de las personas jurídicas implicadas y socios de las mismas. 

Bajo el esquema de la planificación, existía una clara distribución de funciones, las cuales eran llevadas a cabo por los acusados para la materialización del fin ilícito propuesto.

Además de ostentar la representación legal y la mayor participación accionaria de las sociedades involucradas, el señor Soto Mora era el principal desarrollador de la actividad comercial. Por otra parte, sus hijas eran las encargadas de ejecutar y controlar la venta de mercaderías, así como los ingresos percibidos por ello.

Los hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona, eran los encargados, entre otras diligencias, de recibir el dinero en efectivo generado y efectuar depósitos bancarios producto de las ventas. Por su parte, el contador era quien le daba sostenibilidad al esquema del ilícito. 

Como parte de las acciones ejecutadas durante la investigación, se realizó el levantamiento del secreto bancario y se determinó que los ingresos producto de la actividad económica desarrollada por el grupo de referencia, eran depositados en cuentas bancarias del señor Soto Mora, de sus dos hijas, así como en cuentas bancarias de los dos sujetos Murillo Hernández.

Producto del análisis y depuración de la información financiera, obtenida tras el levantamiento del secreto bancario, se evidenció que parte de los ingresos gravables obtenidos de la actividad comercial, no fueron declarados al Fisco.  

A la fecha, existen 21 casos pendientes de resolución por parte del Poder Judicial, por un monto estimado de más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar.

Publicado en El País
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