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Elementos filtrados por fecha: Martes, 07 Abril 2020

  • Del total: ₡275 mil millones para personas afectadas, ₡4 mil millones para el Ministerio de Salud y ₡224 649 millones para deuda.
  • El Ministerio de Hacienda presentó hoy presupuesto extraordinario con los primeros ₡377 mil millones, y están listas las mociones para incorporar ₡125 mil millones adicionales correspondientes a los expedientes 908 y 21.909.
  • Los tres Poderes de la República y el TSE aportarán en total ₡150 mil millones para la atención de familias afectadas por COVID-19.

Para brindar apoyo a la ciudadanía afectada que perdieron sus ingresos a causa de la crisis del COVID-19 y para atender los impactos derivados del mismo, este miércoles el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa un conjunto de medidas por ₡502 mil millones. Los recursos se distribuyen de la siguiente manera:

  • ₡275 mil millones se destinarían para la atención de las personas afectadas.
  • ₡2400 millones para el Ministerio de Salud.
  • ₡224 649 millones para la deuda pública.

Este grupo de medidas se materializa con un primer presupuesto extraordinario por ₡377 mil millones. Parte de los recursos serán dirigidos al IMAS, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Salud. Para incluir los 125 mil millones restantes ya están listas las mociones para que dichos recursos se incluyan en el presupuesto. Los cuales están en los expedientes expediente 21.909, Ley de protección a las personas durante la emergencia por la enfermedad COVID-19 y 21.908, Ley para autorizar la transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado, ambos a la espera de que la Asamblea Legislativa los apruebe.

De modo que, si la Asamblea Legislativa aprueba dichas iniciativas antes del primer presupuesto extraordinario, se podrían incorporar también, vía moción, los ₡125 mil millones para atender la emergencia. En caso contrario se necesitaría un segundo presupuesto extraordinario para utilizar estos recursos.

El presupuesto extraordinario por ₡377 mil millones incluye recursos de todas las instituciones dentro del Presupuesto Nacional, las cuales, sin excepción, reajustaron sus prioridades para responder de manera solidaria a la atención de las familias afectadas.

Presupuesto total (millones de colones)

377.078.562.323,90

Fuente de los recursos ( miles de millones de colones)

Destino de los recursos ( miles de millones de colones)

Ingreso extraordinario de parte de Cancillería

1.804,4

Subsidios para la población afectada por el COVID-19

150.000,0*

Empréstito de la CAF

290.710, 0

Pago de deuda: asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas

224.649,1

Rebajas en el Presupuesto

84.564,2

Reforzar el presupuesto del Ministerio de Salud

2.429,5

*En caso de aprobarse los expedientes 21.908 y 21.909, se incorporarían vía moción ₡125 mil millones de colones adicionales para subsidios

El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, manifestó que el Ejecutivo tiene que actuar para que las familias que han perdido sus ingresos por la emergencia tengan apoyo para atender sus necesidades más básicas: “aún con la estrechez fiscal por la que atraviesa el país, el Gobierno de la República tiene como prioridad atender las necesidades de la población. Trabajamos entre los distintos actores políticos y sociales, para atender de manera solidaria a los grupos más vulnerables, al tiempo
que, mantenemos nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal. Estas acciones han sido tomadas con la mayor responsabilidad y compromiso, para luego emprender la fase de reconstrucción que retoma el camino hacia el saneamiento de las finanzas públicas, tal y como lo veníamos haciendo en los últimos meses”.

La reasignación presupuestaria de las 24 instituciones que conforman los tres Poderes de la República, y el Tribunal Supremo de Elecciones, se usarán para financiar las transferencias que el IMAS y el Ministerio de Trabajo darán a las familias que en este momento se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El ministro de Hacienda, Rodrigo A. Chaves, recalcó que el país debe atender la crisis dentro del marco de la responsabilidad fiscal: “por medio de este presupuesto extraordinario, estamos atendiendo dos necesidades imperativas: a las familias costarricenses que lamentablemente han perdido sus ingresos, y honrar la deuda del país. Es una responsabilidad con la ciudadanía y con las finanzas públicas. Confiamos en que la Asamblea Legislativa continuará actuando rápidamente en esta crisis”.

Publicado en El País
  • Gobierno lo comunica a la Asamblea Legislativa.
  • De acuerdo a los parámetros de la ley 9635 y en vista de la emergencia nacional se flexibiliza el gasto corriente del IMAS, MTSS, INCIENSA y Benemérito Cuerpo de Bomberos.
  • Junto con la declaratoria de emergencia nacional, el otro requisito para suspender la aplicación de la regla es que el monto destinado a la emergencia sea igual o superior al 0,3% del PIB (₡114.000.854 millones).

Las instituciones que atienden en primera línea la emergencia por la COVID-19 podrán flexibilizar su gasto corriente para cubrir la demanda adicional de recursos que se requiera para enfrentar la crisis. Estas instituciones, por lo tanto, se excluirán de la aplicación de la regla fiscal.

El Gobierno envió la tarde de este martes una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, para comunicarle sobre la aplicación de una de las cláusulas de excepción a la aplicación de la regla fiscal en ciertas instituciones.

El ministro de Hacienda, Rodrigo A. Chaves, dijo que “la crisis originada por la COVID-19 es grave porque simultáneamente impacta la salud de las personas, la sociedad y la economía. Por eso, para atender a las personas más vulnerables el Gobierno, como establece la ley, flexibiliza la regla fiscal únicamente a las instituciones que se encuentran en primera línea de atención.

Agregó que “nuestro compromiso con la ciudadanía implica acciones para aliviar la emergencia, en el marco de la responsabilidad con el futuro de nuestra sostenibilidad fiscal”

Según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en la primera etapa de atención de la emergencia por COVID-19, el gasto corriente de las instituciones de atención primaria será de ₡227.509 millones, que representa el 0,6% del PIB.

Tal como lo establece la ley 9635 y su reglamento, la CNE debe identificar a esas entidades y justificar las erogaciones para el cumplimiento de la atención de la emergencia, con el objetivo de flexibilizar el crecimiento del gasto corriente de acuerdo con la participación de cada entidad.

La CNE ha indicado que la inversión del gasto para enfrentar la COVID-19 la realizarán las siguientes instituciones:

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que desarrollará pago de subsidios por vulnerabilidad laboral a personas que han perdido su trabajo o han visto disminuidas sus jornadas laborales.

Instituto Mixto de Ayuda Social, que ejecutará el pago de subsidios de emergencia a los beneficiarios del SINERUBE.

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, para inversión en reactivos y equipo de laboratorio.

Benemérito Cuerpo de Bomberos, para el fortalecimiento de su operación durante la emergencia.

“El levantamiento de la regla es una medida que, ante el brote de COVID-19, tiene como fin proveer recursos para atender con prioridad las necesidades de las personas más vulnerables y potenciar la recuperación económica a la brevedad posible y dentro de un marco de responsabilidad macroeconómica”, señaló María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y Coordinadora del Equipo Económico del Gobierno.

Complementariamente y con el objetivo de salvaguardar la estabilidad de las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo impulsa un conjunto de proyectos de ley que permiten financiar el grueso de estos recursos, de manera que el impacto en el incremento de la deuda sea lo menor posible.

Entre esas iniciativas se incluye el recorte de gastos del Gobierno Central e instituciones autónomas por ₡100.000 millones; proyecto de ley que permitiría al Instituto Nacional de Seguros trasladar ₡75.000 millones para la atención de emergencias y el proyecto de ley para aprovechar el diferencial en el precio de combustibles para financiar la atención de la emergencia.

Publicado en El País
  • Operadora reforzó canales de servicio para beneficio de afiliados.
  • Trámite se realiza mediante un formulario en línea y se habilitaron nuevos números telefónicos para atender las solicitudes de retiro.

Popular Pensiones comienza este martes a depositar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los afiliados que así lo solicitaron y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nº 9.839, la cual permite la entrega de estos recursos a las personas trabajadoras afectadas por la actual crisis sanitaria y sus efectos económicos. Los depósitos se están realizando por medio del sistema SINPE, razón por la cual quedarían acreditados hoy, entre las 7 p.m. y las 10 p.m.

 

“En Popular Pensiones estamos siempre a la par de los trabajadores y las familias del país, sobre todo en los momentos difíciles. Por eso habilitamos de manera pronta el formulario de retiro en el sitio web del Banco Popular, en cumplimiento de la nueva ley. Además, ampliamos nuestros canales de atención con nuevos números telefónicos, para que las personas puedan realizar sus solicitudes y consultas de manera ágil y segura”, explicó Róger Porras, Gerente General de Popular Pensiones.

Gracias al esfuerzo de los funcionarios de la Operadora, fue posible que este martes se inicie con el proceso para depositar los recursos a los afiliados y brindarles así mayor tranquilidad. Lo anterior se lleva a cabo siguiendo estrictamente el orden de ingreso de las solicitudes de retiro, y después de haber validado los requisitos estipulados en la Ley. Debe considerarse que el Banco Central comunicó que el servicio SINPE operará hasta el día de hoy – en el marco de Semana Santa y las medidas oficiales para el cuidado de la salud ciudadana ante esta pandemia – y reiniciará su operación a partir del próximo lunes 13 de abril, fecha en la cual se reanudarán los procesos de pago.

“Es importante recordar que Popular Pensiones continuará brindando sus servicios y recibiendo solicitudes de retiro durante toda la Semana Santa, a través de los diferentes canales virtuales, e incluso, a partir del jueves 09 (Jueves Santo) y hasta el domingo 12 de abril, las personas pueden contactarnos a los números de teléfono: 4052-8720 y 4101-5910, o seguir ingresando a www.bancopopular.fi.cr para completar el formulario de retiro del FCL en línea”, indicó Porras.

La nueva ley contempla dos causales adicionales para el retiro del FCL: la primera es cuando a la persona trabajadora se le suspende temporalmente su contrato de trabajo y, en segundo lugar, cuando la jornada ordinaria se le disminuye y, como consecuencia, se reducen los ingresos por concepto de salario. 

Publicado en El País

El número de recuperados luego de haber enfrentado la enfermedad COVID-19 continúan en aumento. Hoy 24 personas recuperadas se convierten en un mensaje esperanzador en medio de la atención de la emergencia.

A este martes 7 de abril se registran 483 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad de uno a 87 años. Se trata de 237 mujeres y 246 hombres, de los cuales 449 son costarricenses y 34 extranjeros.

Se registran casos positivos en 56 cantones de las siete provincias, Turrialba se suma a la lista. Por edad tenemos: 437 adultos, 29 adultos mayores y 17 menores de edad.

A este momento se han descartado 5042 personas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos.

En total hay 25 personas hospitalizadas de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años.

El Ministerio de Seguridad Pública reportó que, durante la restricción vehicular diurna de ayer lunes, las autoridades realizaron un total de 291 partes por infringir la deposición del Ministerio de Salud y multaron a 852 conductores por otros casos, además se sorprendió una persona manejando en estado de ebriedad.

En la tarde-noche de este lunes y madrugada de este martes se realizaron un total de 272 multas por infringir la restricción, se sancionaron a 625 conductores por otros casos y se multaron a 5 conductores ebrios.

Por último, el Ministro de Salud, Daniel Salas aclaró que, dado a que los correos electrónicos entregados para denuncias o dudas han recibido numerosas comunicaciones de otro tipo, se decidió focalizar todo a través del 1322, por lo que, se le indica a la población que todas las dudas, denuncias y demás información sobre COVID-19 serán gestionadas a través de esta línea, excepto las urgencias o emergencias que sí deben informarse al 9-1-1.

Publicado en El País

La donación de 26.000 pruebas para la detección temprana de la COVID-19, realizada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Costa Rica, se enmarca en el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante la COVID-19 y su reactivación económica, específicamente el componente 2, que consiste en brindar ayuda para compra y suministro regional de medicamentos y equipo médico.

La iniciativa se da en el marco del SICA, a partir de los acuerdos asumidos por medio de la videoconferencia sostenida por los Presidentes y Jefes de Gobierno el pasado 12 de marzo, y de la aprobación, por parte de los Cancilleres, del Plan de Contingencia Regional, el 26 de marzo anterior.

El Gobierno de Costa Rica expresó su agradecimiento al BCIE por la importante y oportuna donación de pruebas para la detección temprana de esta enfermedad.

Por su parte, el Canciller, Rodolfo Solano Quirós, agradeció en particular al Presidente Ejecutivo de la entidad, Dr. Dante Mossi Reyes, por la donación de un total de 182.000 pruebas a los países del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA).

El Canciller Solano Quirós también expresó el agradecimiento al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y al Canciller hondureño, Lisandro Rosales Banegas, por el fundamental apoyo logístico y operativo para el traslado de la donación hasta suelo costarricense. “El apoyo brindado por Honduras es expresión más de la hermandad y solidaridad entre los pueblos centroamericanos”, añadió.

Las pruebas recibidas fueron adquiridas a la República de Corea, y se utilizarán para dar seguimiento a la política de vigilancia y de protección a la salud, desarrollados por las autoridades nacionales.

La logística de transporte y recepción se ha desarrollado de forma conjunta bajo la Operación “Puente aéreo por la salud y la vida de Centroamérica y la República Dominicana”.

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Ante los efectos de la pandemia ocasionado por la COVID-19, el Gobierno de la República presentó esta tarde a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que adiciona un transitorio único a la Ley de Salario de la Administración Pública.

La iniciativa plantea que para este 2020 el aumento de la anualidad que recibirían todas las personas servidoras del sector público no sea reconocido, y que dicho recurso presupuestario sea trasladado íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para ser utilizado en subsidios a las personas que quedaron desempleadas por los efectos colaterales de la pandemia.

Se estima que los recursos correspondientes al aumento de la anualidad de este año son  por el orden de ¢23.150 millones.

Esta medida -que es extraordinaria y que se aplicaría por una única vez- excluye a quienes laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y los cuerpos policiales del país.

“Las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta enfermedad pandémica nos retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia que impacta a miles de personas. Somos conscientes de la grave disminución de la actividad económica en prácticamente todos los sectores, lo que provoca un alto número de personas en situaciones de vulnerabilidad y mayor demanda de atención a través del Estado”, reflexionó la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica y Coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, María del Pilar Garrido Gonzalo.

“Sometemos a consideración de los señores y señoras diputadas la presente iniciativa, cuyo espíritu busca alivianar la situación que miles de familias atraviesan por la pérdida de su empleo, producto de la COVID-19”, afirmó.

La ministra agradeció nuevamente el arduo y ágil trabajo de los legisladores y legisladoras. “Nuestra democracia hoy nos llama a cuidar a las personas más vulnerables y a protegernos con solidaridad”, dijo.

La evaluación de desempeño del año 2020 se realizará únicamente para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, pero no generará ningún efecto pecuniario.

El aumento de anualidad del 2020 no se reconocería a futuro. A partir del año 2021 la anualidad correspondiente a dicho año y a los años futuros se pagaría de manera ordinaria según lo establece la ley.

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