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Elementos filtrados por fecha: Martes, 26 Junio 2018

  • Decreto busca no obstaculizar el proceso penal que se ejecuta y dar continuidad al fortalecimiento y modernización de la institución.
  • Junta interventora recomendó la ampliación por un año.
  • Rige a partir de este jueves hasta el 28 de junio de 2019.

El Gobierno de la República decretó ampliar por un año la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), con el fin de no obstaculizar el proceso penal que se lleva a cabo, así como dar continuidad al proceso de fortalecimiento y modernización de la institución.

La intervención, que culmina este jueves, se extenderá hasta el 28 de junio de 2019.

Una de las principales consideraciones para la ampliación fue el resultado de la auditoría, dado a conocer en abril de 2018. Ese informe detectó serias deficiencias de gobierno corporativo, manejos inadecuados de la cartera crediticia, potenciales conflictos de interés en la aprobación de los créditos, problemas en la gestión administrativa y debilidades en el control de los fondos públicos, entre otras irregularidades.

Otro factor determinante fue la importancia de no interrumpir la fase de implementación de la “Modernización Institucional” con enfoque técnico, la formulación del Plan Estratégico del INFOCOOP 2018-2022, la presentación de un proyecto de Ley de Cooperativas, que posibilite el robustecimiento y modernización de la institución, así como el fortalecimiento del gobierno corporativo y los mecanismos de control y buen resguardo de los recursos públicos.

Todos estos esfuerzos buscan impulsar el desarrollo para el sector cooperativo basado en la innovación, reconversión y desarrollo territorial.

“Ambos procesos están avanzados por la Junta Interventora, pero requieren de una continuidad coherente con los fundamentos éticos y técnicos que han justificado la intervención”, señaló la Junta Interventora, en una carta enviada al Consejo de Gobierno este lunes 25 de junio, donde también recomendó prorrogar la medida por al menos un año calendario.

Durante este nuevo período la junta estará conformada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera -quien además será el coordinador- y la Viceministra de Trabajo, Nidia Solano Brenes.

Se mantendrán en los cargos Patricia Rodríguez Canossa, Anallancy Morera Gutiérrez y María Ángela Arias Marín con el objetivo de aprovechar la curva de aprendizaje adquirida en el proceso.

Se sumarán al equipo Carlos Brenes Castillo y Kemly Camacho Jiménez,  quienes vendrán a vigorizar el proceso de modernización.

Los dos nuevos integrantes de la Junta Interventora, aparte del ministro Alvarado y la viceministra Solano, reúnen los siguientes atestados:

Carlos Brenes Castillo: Máster en Desarrollo Rural y bachiller en Sociología y egresado del Programa de alta Dirección del INCAE. Docente, investigador y consultor nacional e internacional. Ex secretario técnico del proceso de formulación de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de los 7 gobiernos de Centroamérica. Integrante del equipo de facilitación de la Estrategia regional centroamericana para la Adaptación al Cambio Climático y delegado de Costa Rica en la Cumbre de Cambio Climático en Poznan-Polonia.

Kemly Camacho Jiménez: Doctora en  Conocimiento y Cultura en América Latina, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo y bachiller en Antropología. Fundadora y actual gerente de la Cooperativa Autogestionaria de servicios múltiples profesionales “Sulá Batsú”. Trabaja por el desarrollo local en Costa Rica y Centroamericana, a partir de las 4 estrategias de la cooperativa: fomento de la economía social solidaria, uso social de las tecnologías digitales, recuperación del conocimiento local y la memoria colectiva como bien común de las comunidades y arte y cultura para la transformación.

 

Los siete integrantes de la Junta Interventora no percibirán remuneración.

 

Publicado en El País
  • 21 mujeres y sus respectivas familias serán las beneficiadas.
  • Proyecto garantiza la conservación del sabor y cultura culinaria guanacasteca.

“Durante más de 12 años, este grupo de mujeres hemos trabajado fuertemente y hemos vendido nuestros productos en la carretera. Nos levantamos desde las 2 de mañana encender el fogón y desde esas horas comenzamos a hacer los más de nueve diferentes productos como rosquillas, tanelas, tartas y mucho más. Juntamente el Inder, el MAG, la Municipalidad de Nicoya, Ministerio de Economía y otras instituciones más, nos han brindado capacitaciones, ayuda económica y además, estamos trabajando el proyecto de la construcción de un mercado de carretera para vender nuestros productos en un lugar donde no llevemos sol ni nos mojemos con la lluvia”. Así describe doña Zoveida Gómez, Presidenta de la Asociación de Productoras Artesanales de Rosquillas y Afines de San Joaquín (APROARSA), el trabajo realizado durante los últimos.

“Un total de 21 mujeres, algunas de ellas jefas de hogar nicoyanas, conforman este grupo, que se encargara de conservar la tradición y el sabor guanacasteco, a través de sus originales y características rosquillas, tanelas y empanadas de la bajura. Por eso, se trabaja fuertemente en el proyecto que dotará a esta organización de su propio mercado en carretera”, aseguró el Presidente Ejecutivo del Inder, Harys Regidor.

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) es el encargado de buscar y comprar el terreno en Nicoya, cerca del cruce hacia el Puente del río Tempisque. La Institución también se encargará de construir el mercado, cuyos planos se están terminando. En ambos procesos se tiene previsto invertir un aproximado de ¢300 millones. Este es un proyecto apoyado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR) del Territorio Rural Nandayure- Hojancha Nicoya, y articulado con el apoyo de la Municipalidad de Nicoya, Ministerio de Agricultura y Ganadería entre otras. Por otro lado, se espera que el Ministerio de Agricultura ayude a la organización con el equipamiento del mercado.

“A las mujeres de APROARSA también las estamos apoyando mediante el programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria, para mejorar las condiciones en las que ellas elaboran sus productos que puedan comprar materia prima y otras mercancías, con el fin de mejorar las condiciones económicas y que además puedan aumentar su productividad” indicó Wendy LLezca de la Oficina del Inder en Santa Cruz, quien además es Secretaria Técnica del Territorio Nandayure-Hojancha- Nicoya.

Se espera que en este año, sea pueda adquirir el terreno para la construcción del mercado, cuya construcción se espera realizar a partir del próximo año.

VIDEO:

Zoveida Gómez, Presidenta de APROARSA 

 

Publicado en La Provincia
  • Nuevo proyecto de Ley valida el cobro de una tasa por el servicio de gestión integral de residuos de cada municipalidad y facilita el cobro efectivo de multas.

Con el respaldo de diputadas y diputados de varias Fracciones, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) somete a consideración de la Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley que reformaría la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la Ley Orgánica del Ambiente, a fin de que las municipalidades mejoren su capacidad en el manejo y tratamiento integral de los residuos.

La iniciativa propone que el dinero que se recaude por concepto de multas por tirar basura en lugares indebidos, sea girado a la municipalidad del cantón donde se originó la infracción, para que de esta manera el municipio pueda utilizar los recursos e invertir en la calidad del servicio.

Además, establece infracciones y sanciones a las personas, instituciones y comercios generadores de residuos ordinarios que no los separen, clasifiquen y entreguen a las Municipalidad para su valorización o disposición final, en las condiciones en que determinen los reglamentos respectivos, así como por omitir cancelar oportunamente el pago de la tasa gestión integral de residuos.

“Actualmente las municipalidades invierten un porcentaje muy importante de su presupuesto en el servicio de recolección de residuos, aproximadamente un 50%, sin embargo muchas no tienen capacidad financiera para trascender. Al modificar la Ley se va a facilitar a los Gobiernos Locales las herramientas y mecanismos sanitarios que les permitan dar un servicio más integral, resguardar la salud pública de los habitantes de su cantón y tener un mayor control sobre los residuos" comentó Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL.

La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana suscribe la propuesta, a través de las diputaciones de Paola Vega y Luis Ramón Carranza Cascante.

"La gestión integral de residuos sólidos debe ser prioridad para Costa Rica, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que tiene entre sus principales objetivos ser un país carbono neutral para el 2021 " comentó la diputada del Partido Acción Ciudadana Paola Vega.

“Las municipalidades tienen una responsabilidad importantísima en materia de residuos sólidos, sin las herramientas ni recursos necesarios para llevarla a cabo. Esta es una propuesta que viene del propio sector municipalista para subsanar esta situación” añadió el diputado Luis Ramón Carranza.

Tarea apremiante

Aunque la Ley para la Gestión Integral de los Residuos establece que las municipalidades son las responsables de la gestión integral de los residuos (GIRS) generados en su cantón, la ley no contempló mecanismos para que las municipalidades pudieran fiscalizar el cumplimiento de la GIRS, ni herramientas administrativas-financieras para sancionar directamente a la persona o empresa que incurra en faltas. Tampoco consideró incluir la obligación de los generadores de residuos de pagar por los servicios que brinda la municipalidad. Estas son las debilidades de la Ley que se pretenden subsanar.

En el 2014, el 25% de los residuos generados en el país se disponían de forma inadecuada en vertederos ilegales, lotes baldíos, cauces de ríos, derecho de vías, entre otros. En el 2017, el Ministerio de Salud afirmó que el porcentaje de residuos mal gestionados bajó a poco menos del 7%, sin embargo, esto corresponde a 270 toneladas diarias.

La Municipalidad de San José, por ejemplo, extrae de las alcantarillas entre 3000 y 4000 kilogramos diarios de residuos. Solo en el año 2015 recolectó aproximadamente 1100 toneladas de residuos sólidos del sistema pluvial, y la situación es similar en la mayoría de las ciudades del país.

Los recursos que actualmente entran al Fondo GIRS son cada vez menores. Como referencia, para el 12 de enero de 2016, el monto disponible era de ¢1 065 000, mientras que para el 8 de abril de 2016 el monto era de ¢1 265 000. Para el mes de mayo, el fondo solo cuenta con ¢549 700 (Ministerio de Hacienda, 2016). Es decir, las municipalidades no pueden contar con ningún dinero que provenga de este fondo.

Publicado en La Provincia
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