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Elementos filtrados por fecha: Jueves, 18 Octubre 2018

  • La pobreza urbana es de 19,5%, aumentó un punto porcentual respecto al año anterior.
  • La incidencia de la pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional es de 19,1% de los hogares, sin cambio estadísticamente significativo.
  • La desigualdad, medida con el coeficiente de Gini, se mantiene en 0,514 en el 2018.

Los hogares en situación de pobreza por línea de pobreza (LP) representan el 21, 1% del total del país, esto es 1,1 punto porcentual superior al 2017, variación que es estadísticamente significativa.

La pobreza extrema – aquellos hogares cuyo ingreso no alcanza para cubrir las necesidades básicas alimentarias – se ubicó en 6,3%, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En términos absolutos los hogares en condición de pobreza se estiman en 328 848, de estos 99 034 están en pobreza extrema.

Al analizar los resultados por región de planificación, la región Central tiene la menor incidencia en el nivel de pobreza (16,7%), en contraste la región Brunca es la más afectada con un 32,2% de los hogares.

La única región que presentó una disminución en el nivel de pobreza fue la Pacífico Central, que pasó de 29,9% en el 2017 a un 25,7% este año, en tanto la Chorotega mostró el mayor aumento, pasando de 22,4% a 26,0% en el mismo periodo, ambas variaciones son estadísticamente significativas.

En cuanto a La pobreza extrema, fue también la región Chorotega la que presentó la variación más importante al pasar de 5,9% en el 2017 a 8,8% en el 2018, variación estadísticamente significativa.

Un aspecto que contribuye al aumento en el nivel de pobreza, es que no crece el ingreso per cápita de los hogares de menores recursos, que, al compararlo con el umbral de la línea de pobreza, que sí muestra un incremento para el 2018, ocasiona que algunos hogares no tengan el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

La línea de pobreza extrema creció 1,7 % en la zona urbana y 1,4 % en la rural, mientras la línea de pobreza lo hace en 2,1 % y 1,9 % para la urbana y rural respectivamente. Asimismo, el ingreso per cápita de los hogares que se ubican en el primer quintil (la quinta parte de los hogares de menores ingresos) decreció en la zona urbana 5,5%, mientras que en la rural aumentó en 2,2%, respecto al 2017.

Pobreza multidimensional se mantiene

Esta metodología identifica cuáles hogares son pobres en función de un conjunto de necesidades socialmente consideradas básicas, de manera que se clasifican como hogares pobres multidimensionales aquellos que no logran satisfacer el umbral mínimo de cuatro privaciones del total de 19 indicadores analizados.

En el 2018, el 19,1 % de los hogares se encuentran en pobreza multidimensional, en la zona urbana el porcentaje de hogares pobres fue de 14,5 % y en la zona rural fue de 31,3%, sin variaciones estadísticamente significativas con relación al 2017.

La pobreza multidimensional por regiones

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Las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte presentan la mayor incidencia de pobreza en hogares con 35,1 % y 32,5 % respectivamente.

Las regiones Pacífico Central y Brunca, permanecen en una condición intermedia, donde alrededor de una cuarta parte de los hogares se encuentra en pobreza, 26,8 % y 26,5 % respectivamente. Las variaciones según región de planificación no son significativas.

La región Central continúa con la menor incidencia de pobreza, con un 13,1 %.

Ingresos de los hogares

En el ámbito nacional, el ingreso promedio por hogar es de ₡ 1 018 142 mensuales, mientras que el año anterior fue de ₡ 1 034 362 mensuales, sin variación significativa respecto al año anterior.

El ingreso promedio por trabajo autónomo pasó de ₡177 187 en el 2017, a ₡156 945 mensuales en este año, lo que representa una baja significativa de más de 11 %.

Por otra parte, los subsidios estatales y becas pasaron de ₡18 393 a ₡19 472 mensuales entre el 2017 y 2018, lo que representan un aumento de 5,9 %, el cual se considera una variación estadísticamente significativa.

El ingreso promedio por trabajo asalariado y las otras transferencias se mantienen prácticamente en el mismo nivel que el año anterior, mientras la estimación del ingreso por renta de la propiedad es 1,7 % superior al del 2017, estas fuentes de ingreso no presentan una variación estadísticamente significativa.

Con respecto a la distribución del ingreso, los hogares del quintil cinco (los de mayores ingresos), acumulan el 50,5 % del ingreso total del país, levemente inferior al año anterior (50,9 %), con un ingreso promedio por hogar de ₡ 2 568 482 y per cápita de ₡ 1 063 425. En el otro extremo, el 20 % de los hogares con menor ingreso (primer quintil), acumula solamente el 4,0% del ingreso total del país, con una estimación promedio por hogar de ₡ 203 546 y per cápita de ₡ 58 527. Esto significa que el ingreso promedio por hogar es 12,6 veces mayor entre los hogares del quintil cinco respecto al promedio en los hogares del quintil uno, pero esta relación aumenta a 18,2 veces si se considera el ingreso per cápita.

La desigualdad en los ingresos se mide con el coeficiente de Gini, en el 2018 se mantuvo en 0,514 mismo valor observado el año anterior.

Ingreso por zona y región

Los hogares en zona urbana tienen un ingreso promedio de ₡1 149 310 y en la zona rural es de ₡ 672 498, este ingreso de la zona rural representa un 41,5% menos que el urbano. Las variaciones en el ingreso promedio por zona respecto al año anterior no son estadísticamente significativas.

En términos del ingreso per cápita, en la zona urbana se ubica en ₡415 688, mientras en la rural se estima en ₡247 910, con respecto al año anterior tampoco se presentan variaciones estadísticamente significativas.

Por región de planificación el ingreso promedio del hogar en la región Central es de ₡1 197 541, sin cambio significativo respecto al 2017.

La región Chorotega se mantiene en la segunda posición, con un promedio por hogar de ₡815 270 mensuales y un per cápita de ₡299 080. El ingreso promedio por hogar más bajo se registra en la región Brunca con ₡647 507.

Publicado en La Provincia
  • Con apoyo del Inder

Este miércoles 17 de octubre, se realizó una sesión de trabajo del Comité Directivo del Consejo Territorial Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán de la Región Chorotega. Durante la actividad se impartió la charla sobre proyectos que desarrolla e impulsa el Instituto de Desarrollo Rural en el país y los procesos para la formulación de proyectos a nivel general, a cargo del funcionario del Inder, Luis Vindas.

En total participaron 27 personas quienes pudieron mejorar sus capacidades en torno a los procesos para la presentación de proyectos tanto ante el Inder como en otras instancias e instituciones públicas presentes en el territorio para la realización de iniciativas que impacten positivamente en la calidad de vida de sus habitantes.

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Durante la jornada se trabajó entre otros temas, aspectos como la presentación de requisitos y otros análisis, que son relevantes para mejorar la capacidad de gestión de su comité directivo ante la institucionalidad.

Fuente: INDER

Publicado en Abangares
  • Jerarcas del Ejecutivo aportaron argumentos sobre la constitucionalidad de los topes implementados a las pensiones en 2014, cuya aplicación se encuentra actualmente suspendida.
  • “En representación de millones de costarricenses, vengo a abogar por el fin de las pensiones de lujo. Estamos en un momento histórico en el que hay que tomar las decisiones para garantizar la estabilidad del país, el estado de derecho y la credibilidad en nuestras instituciones”, exclamó el Presidente de la República.
  • La ministra de Hacienda reveló que los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto representan el 2.9% del PIB, el equivalente al 22% de todos los ingresos que percibe el Estado y la contraprestación apenas alcanza el 7.5%.
  • Ministro de Trabajo argumentó que la aplicación de los topes a las pensiones son constitucionales, destacando que su ejecución se encuentra dentro del ordenamiento jurídico.

“La única finalidad de esta comparecencia es abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica, con el respaldo de razones jurídicas, financieras, técnicas y éticas, buscando regímenes de pensiones equitativos, sostenibles y solidarios”, declaró esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado en audiencia oral en la Sala Constitucional.

“Lo que está en juego aquí es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Porque este es un tema, el de las pensiones de lujo, que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad por la injusticia que representa”, dijo el mandario, tras indicar que es una oportunidad no solo para hacer lo legal sino lo correcto y devolver la confianza ciudadana a las instituciones.

El Presidente de la República compareció en audiencia oral ante la Sala Constitucional, junto al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el Director Nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora  y el director del grupo asesor legal Presidencial, Marvin Carvajal.

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Los jerarcas aportaron argumentos en defensa de los topes por ₡2.670.000, implementados a las pensiones de lujo en agosto de 2014 por la aplicación de la Ley N°. 7858, pero cuya aplicación fue suspendida a raíz de que la Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad presentada en setiembre de ese año.

Solo en el primer mes de aplicación de esta directriz, la planilla emitida por la Dirección Nacional de Pensiones a la Tesorería Nacional reflejó un ahorro de ¢488.286.122,61 por el tope a cerca de 500 pensiones.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar se refirió al imperativo de la aplicación del tope a las pensiones, como parte de las acciones para enfrentar la difícil situación fiscal que vive el país.

Informó que los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto representan el 2.9% del PIB, el equivalente al 22% de todos los ingresos que percibe el Estado y que la contraprestación apenas alcanzaban el 7.5%. “No es sostenible que el estado costarricense que pueda mantener el nivel de pensiones”, puntualizó.

Por su parte, Marvin Carvajal hizo una defensa exhaustiva, desde el punto de vista jurídico, de los topes de pensiones y la adecuación de estos con la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

En coincidencia, el Procurador General de la República, Julio Jurado, esgrimió, entre otros argumentos, la constitucionalidad de aplicar tope a pensiones, tal y como ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Sala Constitucional.

La exposición del Poder Ejecutivo concluyó con la intervención del ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien brindó una explicación detallada en la que refutó de manera clara los argumentos en contra de la fijación de topes a las pensiones.

Núñez aclaró que el mecanismo de revalorización de una pensión no constituye en modo alguno un derecho adquirido, por lo que estas pueden ser ajustadas mediante nuevos parámetros, tal como lo ha reconocido la Procuraduría General de la República.

Precisó que la normativa impugnada es constitucional por los siguientes motivos:

  • Su ejecución obedece a un parámetro objetivo, razonable y previamente fijado por el legislador ordinario.
  • El mecanismo de revalorización a futuro, dejó de ser un derecho adquirido, según la Sala Constitucional.
  • El alegato de la desigualdad, en caso de que hubiese sido cierto, fue superado en el tiempo por la legislación y la jurisprudencia constitucional.
  • Existe un derecho adquirido a la pensión, pero NO a un monto invariable de esta en el tiempo.
  • La administración ha demostrado mediante el documento DCN-UPC-126-2014, emitido por el Ministerio de Hacienda, que la condición objetiva que exige la ley para su aplicación se cumplió y por lo tanto la medida resulta adecuada.

En el período constitucional anterior, los diputados aprobaron cuatro leyes para recortar las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional. Entre ellas se estableció una contribución (de hasta 65%) a las pensiones superiores a ¢2,5 millones, se eliminó el aumento de 30% anual a las jubilaciones de exdiputados y que estas pudieran ser heredadas de forma vitalicia por sus hijos y se aumentó la edad de retiro para estos regímenes especiales.

Según los datos de la DNP, cerca de ¢10.856 millones ha ahorrado el país con la aplicación de estos topes y contribuciones especiales aplicadas a las pensiones de lujo, en el marco del cumplimiento de estas reformas legislativas aprobadas en el último año.

 

Publicado en El País
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