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Miércoles, 01 Noviembre 2017 14:12

Gobierno busca recursos para reactivar economía

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Conforme el equipo interinstitucional avanza en las acciones de atención y respuesta de la emergencia generada por el paso del huracán Otto, el gobierno de La República inició una estrategia financiera para encaminar y reactivar el sector productivo de las zonas afectadas.

Esta fase financiera está a cargo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), institución que coordina con los bancos públicos (Banco Nacional, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco de Costa Rica) para que inicien los contactos con sus clientes con el propósito de brindarles atención especializada y en los casos que corresponda la reactivación empresarial.

Para ello disponen, además de los recursos propios del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), los del Programa de Atención de Emergencias y los del Fondo de Avales y Garantías de Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE).

Valoración de daños

Con la firma del Decreto de Emergencia número 40.027 se inició el proceso de valoración de daños con el propósito de la elaboración del Plan General de la Emergencia.

El decreto cubre los cantones Upala, Guatuso y Los Chiles en la Zona Norter, los distritos Aguas Zarcas, Cutris y Poco Sol de San Carlos, el distrito Río Cuarto de Grecia, Peñas Blancas de San Ramón, el cantón Sarapiquí de Heredia, y los cantones Bagaces, La Cruz, Osa, Golfito, Corredores y Pococí.

El proceso de recolección de información sobre los daños permitirá elaborar el Plan General de la Emergencia, herramienta que pondera las afectaciones y pérdidas y delimita las acciones que las entidades llevarán a cabo para atender los efectos y brindar una estimación de los recursos necesarios, así como las vías de ejecución.

Instituciones no paran

El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) envió funcionarios de diferentes regiones del país para reforzar los trabajos en las zonas afectadas. Estos funcionarios realizarán el levantamiento de un censo de las personas con discapacidad alojadas en los albergues, para así determinar sus necesidades específicas. Estas deben ser canalizadas a las entidades correspondientes bajo los mecanismos de coordinación locales establecidos al efecto.

Las autoridades del Ministerio de Salud, por su parte afirmaron que los brotes de diarrea que se habían presentados en algunos albergues en Upala ya fueron atendidos y se pusieron en marcha acciones que permitieran a la población vecina a estos centros de salud estar tranquilos ante la aparición de cualquier otro tipo de problema de salud.

La Vice ministra de Salud, Dra. María Esther Anchía, solicitó a la población abstenerse de enviar alimentos preparados o en hieleras, pues estos, eventualmente, podrían propiciar nuevos brotes de diarrea.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) estableció una ruta de trabajo para la asignación de recursos, dividida en tres etapas para cubrir en un 100% las necesidades inmediatas de las personas en situación de pobreza, mayor vulnerabilidad y rezago social.

Durante lo que resta de diciembre se accionará la primera y segunda etapa de intervención del IMAS, la cual se centra en atender las necesidades básicas de los afectados como alimento, vestimenta, enseres básicos, ayudas técnicas y pago de alquiler temporal de vivienda, en caso que se requiera; durante la segunda fase -inmediata- realizará la transferencia económica para la compra de materiales básicos para la reparación de las viviendas; ambas ejecutadas a través del beneficio denominado “emergencia”.

Mediante una labor ininterrumpida, la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) del Ministerio de Seguridad Pública, desde que inició la emergencia, ha movilizado 48 toneladas de ayuda hasta los poblados afectados por esta emergencia, especialmente, aquellos que se encuentran incomunicados en la Alta Talamanca, Zona Sur y en Upala.

Este trabajo por aire se traduce en 86,48 horas vuelo para un total de 136 vuelos de ayuda humanitaria efectuados y mediante los cuales trasladaron las 48 toneladas, haciendo uso de ocho aeronaves del SVA, cuatro de Panamá, tres de Estados Unidos, así como doce privados que cooperan con la emergencia que vive el país (27 aeronaves: 10 helicópteros y 17 aviones).

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