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Elementos filtrados por fecha: Jueves, 06 Agosto 2020

  • Instrumento facilitará financiamiento a actividades productivas afectadas por COVID-19.
  • El fondo cuenta con un patrimonio de $300 millones aportados por el BCIE.
  • La expectativa es respaldar créditos por más de $3.000 millones, con lo cual se abarcaría más del 20% de las empresas totales.
  • Poder Ejecutivo presenta a la Asamblea Legislativa proyecto de ley que será priorizado durante las sesiones extraordinarias.

Mediante un proyecto de ley presentado hoy a la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo propone crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías para la reactivación económica y el apoyo a los deudores afectados por la pandemia del COVID-19.

Con un capital del $300 millones provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el fondo facilitaría financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por la emergencia del COVID-19.

“El fondo de avales es un instrumento clave de la hoja de ruta económica para reactivar el crédito, proteger el empleo y salvar empresas golpeadas por la pandemia. Con él se procura reducir el riesgo de crédito percibido por los intermediarios financieros, para así facilitar el crédito a las empresas y personas con actividades productivas, en mejores condiciones de tasas de interés y plazos”, explicó María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico del Gobierno.

Impacto en la actividad productiva y el empleo

Las empresas beneficiarias de estos avales o garantías deberán haber sido afectadas por el COVID 19 y comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar los empleos perdidos por la pandemia en el menor plazo posible. 

Hoy en día, el saldo promedio de un crédito productivo (destinado a una micro, pequeña, mediana, gran empresa, o a una persona física que desarrolla una actividad lucrativa) es de ₡98 millones. La población actualmente atendida son 90.400 empresas, de las cuales 35.000 son microempresas.

El proyecto de ley será impulsado como prioridad en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. De apoyarse en este mes de agosto, se procedería a elaborar su reglamento este mes de agosto para que el fondo comience a funcionar aproximadamente en el mes de setiembre.

¿Cómo funcionará?

El proyecto establece que el dinero para el crédito estará disponible en las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en donde se podrán gestionar las operaciones financieras con condiciones especiales de tasas de interés y plazos.

El Fondo de Avales funcionará con un fideicomiso. El Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario. Un consejo rector determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficien, los porcentajes de pérdida esperada por actividad económica, el monto máximo de avales y garantías por cliente, así como por actividad económica.

El fondo tendrá una estructura de toma de decisión eficiente y rápida, de manera que las garantías y avales puedan otorgarse a bancos y pequeños empresarios para sus necesidades de capital de trabajo a la mayor brevedad posibles. La propuesta es que el fondo emita todos los avales y garantías en un espacio de 12 meses. Todas las instituciones financieras supervisadas por la SUGEF, estarán habilitadas para solicitar los avales o garantías del fondo, en representación de las mipymes y empresas en general.

Las instituciones financieras que reciban los avales de este programa deberán comprometerse a otorgar facilidades de crédito ya sean nuevos, ampliados o reestructurados con períodos de gracia y plazo para amortización acorde con las necesidades que cada cliente requiera para salir de los perjuicios causados por la pandemia y mantener la empresa y la creación de empleo estable. Estos avales pueden ser otorgados a créditos de reestructuración de deudas existentes, inversión o capital de trabajo.

Publicado en El País
  • Medida destinará $15 millones para protegerá hasta 30 mil empleos del sector.
  • Califican micro, pequeñas y medianas empresas con declaratoria turística o Certificado para la Sostenibilidad Turística; también guías y transportistas debidamente inscritos ante el ICT.

Un total de $15 millones (unos ¢8.500 millones) no reembolsables se destinarán durante seis meses a la micro, pequeñas y medianas empresas turísticas con la finalidad de ayudarles a sostener el empleo.

El universo de beneficiarios lo componen alrededor de 5.000 empresas. La estimación es que se protegerán unos 30 mil empleos con esta medida.

“Este es un respiro que permitirá dar continuidad a unas 5 000 empresas turísticas que con muchísima dificultad y sacrificio se mantienen a flote en esta pandemia.  El fondo de $15 millones servirá como un subsidio a los negocios mientras realizamos la apertura gradual y segura al turismo nacional y extranjero”, manifestó Gustavo Segura, Ministro Rector de Turismo.

Para acceder a esta ayuda deben cumplirse criterios tales como ser una micro, pequeña o mediana empresa, contar con Declaratoria Turística o Certificado de Sostenibilidad Turística o bien, ser guía turístico o transportista de turismo debidamente inscrito en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Estos $15 millones financiarán una parte de las planillas de las empresas beneficiadas. Quienes califiquen recibirán un bono para el pago de una parte del salario de sus colaboradores. La empresa completará la diferencia y debe comprometerse a conservarlos en su planilla.

El ICT reconoce en su registro tanto personas físicas como jurídicas y las identifica de la siguiente manera:

  1. Empresas con Declaratoria Turística (DT) que emite el ICT a todas aquellas empresas del ramo o persona física que voluntariamente lo soliciten y siempre que cumplan con requisitos técnicos, económicos y legales señalados en el Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas con el fin de garantizar la legalidad de la actividad turística y la calidad del producto turístico costarricense. ( Decreto Ejecutivo N° 41370 MEIC-TUR del 07 de diciembre del 2018)
  2. El Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST) mediante el cual se reconoce  el grado en que la operación de las empresas responda a un modelo de sostenibilidad. (Decreto Ejecutivo 41415 MINAE-MCJ-MEIC-TUR del 17 de setiembre del 2018).
  3. La credencial de guías de turismo (generales, especializados y locales)) según la normativa vigente. (Decreto Ejecutivo N° 41369 MEIC-TUR del 16 de noviembre de 2018)
  4. La certificación del servicio de transporte turístico para acceder a los diferentes destinos turísticos según lo dispuesto por el Decreto Nº 36223-MOPT-TUR y sus reformas del 14 de octubre de 2010.

Publicado en El País
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