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Viernes, 04 Junio 2021 09:39

Tribunal exime a Costa Rica de pago millonario por proyecto minero “Crucitas”

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Tribunal exime a Costa Rica de pago millonario por proyecto minero “Crucitas” Foto archivo
  • Infinito Gold Ltd. no demuestra ante CIADI el daño que reclamaba al Estado

El tribunal del arbitraje internacional iniciado en 2014 contra Costa Rica, por la empresa canadiense (Infinito), notificó su decisión final, declarando que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización al inversionista (que reclamaba cerca de US $400 millones). El caso, ventilado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), fue planteado por Infinito con base en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, cuando se le canceló la concesión del proyecto minero “Crucitas” a la empresa.

En su fallo (laudo arbitral), el tribunal determinó que:

  • Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa
  • Es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los
  • A pesar de lo anterior, Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.

El equipo nacional que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por COMEX e integrado por funcionarios de varios departamentos del MINAE (despacho ministerial, dirección legal, SETENA, SINAC, y Geología y Minas), la Procuraduría General de la República, peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas (cuyas opiniones técnicas se aportaron como prueba para complementar los argumentos del país en el proceso), y la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, expertos contratados para coordinar nuestra estrategia y defensa legal, y para brindar el apoyo técnico-jurídico especializado necesario durante todo el proceso.

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