Miércoles, 26 Junio 2019 05:00

Presentan proyecto de Ley para excluir a municipalidades y concejos municipales de distrito de la regla fiscal Destacado

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  • Diputados Roberto Thompson, María José Corrales y Gustavo Viales presentaron formalmente el proyecto de Ley.
  • Posición de Ministerio de Hacienda es inflexible ante aplicación de la Regla Fiscal, que pone tope al crecimiento del gasto en las municipalidades.

Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes, Vicealcaldesas, Diputados, Diputadas y funcionarios municipales expusieron las afectaciones directas que tendría el Régimen Municipal al imponer un tope de 4,67% en el gasto corriente con la nueva Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

A pesar de la autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, amparada en el artículo 170 de la constitución política y el artículo 4 de la Ley N° 7794, Código Municipal, el Ministerio de Hacienda ha interpretado, como se constata en la circular DM-04662019, que los “Jerarcas, Gobiernos Locales y otras entidades de gobiernos locales” deben someterse a la “aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020”.

En la práctica tal disposición pretende que las municipalidades tengan como tope al crecimiento del gasto corriente para el año entrante, un 4.67% con respecto del presupuesto 2019.

El diputado Roberto Thompson, de Liberación Nacional, es uno de los proponentes del proyecto de ley que consta de una adición del inciso d) al artículo 6 del capítulo IV de la ley 9635 “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”

Este proyecto de Ley busca respaldar a las municipalidades para propiciar un adecuado desarrollo en nuestros cantones ya que imponer un tope al gasto corriente del presupuesto municipal es frenar proyectos de suma importancia para la ciudadanía, la reforma a la “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas” exime a las Municipalidades y los Consejos Municipales de Distritito, de aplicar este tope a sus finanzas”

Juan Pablo Barquero, Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) manifestó la oposición a la aplicación de esta regla:

Las municipalidades recaudan ellas mismas la mayor parte de sus ingresos, por lo que la aplicación de la “regla fiscal” limitaría la ampliación o la creación de múltiples servicios municipales. A medida que los Gobiernos Locales siguen fortaleciéndose, incursionando en nuevos proyectos, prestando nuevos servicios y mejorando su gestión administrativa, reciben mayor reconocimiento de una ciudadanía que espera cada vez más de sus municipalidades. Estas crecientes expectativas siguen marcando un rumbo irreversible en el que los gobiernos locales tomarán todavía mayor relevancia y serán actores más influyentes en todos los ámbitos de la vida de sus comunidades”

Costa Rica es uno de los países más centralizados del mundo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Ciudades y Gobiernos Locales (UCLG) (2016), en el estudio: Subnational Governments around the world: Structure and finance, en el mundo los gobiernos subnacionales administran en promedio un 23.9% del total de los presupuestos públicos, mientras que en Costa Rica las municipalidades apenas tienen a su cargo un 2.3% del presupuesto global de todo el sector público según los presupuestos aprobados 2018.

Debe considerarse que las transferencias de recursos del Gobierno Central a las municipalidades corresponden casi exclusivamente a transferencias de capital, por lo que no son utilizadas para sufragar gasto corriente.

La diputada María José Corrales, del PLN y proponente del proyecto, comentó, “Me parece que como país tomamos una decisión acertada, evitando una debacle financiera en el corto plazo, si no se hubiera aprobado la reforma fiscal. La regla fiscal que contiene esta reforma es necesaria para evitar un crecimiento desmedido de gastos de acuerdo con la deuda que maneja el Estado. Sin embargo, debemos entender que la estructura de ingresos y gastos de una municipalidad o un concejo de distrito es muy diferente a las instituciones del Gobierno central. Ellas generan casi el 80% de sus ingresos corrientes que se destinan a la prestación de servicios básicos para la población, limitarles su crecimiento es limitar el desarrollo de los cantones y distritos del país. Por ello, se justifica plenamente que los municipios puedan quedar fuera de la aplicación de la regla fiscal, considerando que las transferencias del Estado representan apenas un 1% del presupuesto del país”

En el documento del órgano contralor, Presupuestos Públicos 2018. Situación y perspectivas (2018), se detalla que, en su conjunto, el presupuesto municipal 2018 se compone en un 72.1% por ingresos corrientes, un 18.9% por ingresos de capital y solamente un 9% por financiamiento.

Esto pone en evidencia un marcado contraste con la situación financiera del Gobierno Central, donde el presupuesto está financiado en un 55,3% con ingresos corrientes, un 5% con ingresos de capital y un preocupante 44,7% con endeudamiento.

Por su parte el diputado, Gustavo Viales, indicó que “… el Régimen Municipal contribuye a la inversión en la infraestructura del país, …de manera que aplicar la Regla Fisca en el sector municipal viene en detrimento de la utilización de esos recursos para mejoramiento de caminos, de áreas de infraestructura como parques, aceras y limitaría el desarrollo de muchos pueblos. Entendemos la Regla Fiscal como una medida importante para atender el endeudamiento público, para atender el disparador del gasto en los presupuestos. Pero el sector municipal tiene bajo nivel de endeudamiento, cerca del 9 por ciento, y bajo ese principio para bajar el déficit fiscal el Régimen Municipal no tiene una cuota de responsabilidad. La exclusión en este proyecto de Ley tiene como propósito que el sector municipal se siga manejando como lo ha venido haciendo, por medio de la Contraloría General de la República, la cual ya aplica algunos principios de regla fiscal  en los presupuestos municipales y toda la normativa que ya existe en el Código Municipal.”   

En el proyecto de Ley presentado se refuerza el argumento de que las municipalidades ya se encuentran sujetas a una serie de disposiciones normativas cuidadosamente fiscalizadas por la Contraloría General de la República.

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