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Periódico Guanacaste a la Altura

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  • Además, desde este lunes se reanudará la apertura gradual de las actividades masivas y a partir del 31 de enero los niños mayores de 12 años deberán presentar el código QR para ingresar a establecimientos y actividades que así lo soliciten. También prorroga el período de transición de uso voluntario del código QR con un aforo mayor por un mes más, hasta el 7 de marzo.

Reducción del horario de la restricción vehicular nocturna a partir de la media noche, intensificación del plan de acciones de estricta supervisión de cumplimiento de aforos y de medidas sanitarias en comercios y actividades masivas, reanudación del plan de apertura gradual de las actividades masivas, código QR para niños mayores de 12 años y personas de pie en buses son las medidas que aplicarán a partir del 24 de enero.

Con el fin de continuar con la apertura gradual un equipo institucional, compuesto por el Ministerio de Salud, de Seguridad y de Economía, Industria y Comercio, Cultura y Deporte, en conjunto con otras instituciones, ejecutarán un plan de supervisión de aforos y medidas sanitarias a los comercios, centros comerciales, eventos culturales, actividades deportivas y bares. Además, se realizarán operativos para el control de los eventos clandestinos.

Los comercios que incumplan las medidas sanitarias vigentes se exponen al cobro de una multa por el valor de ₡464.300 y la suspensión temporal del Permiso Sanitario de Funcionamiento y a la clausura de los establecimientos por un periodo de 15 días naturales la primera vez; la segunda vez se suspenderá el Permiso Sanitario de Funcionamiento por el plazo de 30 días naturales y la tercera vez se procederá con la revocatoria del Permiso Sanitario de Funcionamiento y con la consecuente clausura del establecimiento.

El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que, dentro de la evolución natural de los virus pandémicos, es esperable que los mismos, conforme se adaptan más al humano, pierdan letalidad y aumenten transmisibilidad, debido a cambios genéticos, pero también a la inmunidad natural o a la adquirida por vacunación que se va desarrollando con el paso del tiempo. En esa línea, existe la posibilidad de que la amplia circulación mundial de la variante Ómicron sea la puerta a un mejor panorama epidemiológico.

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Del 24 de enero y hasta el 15 de febrero:

  • Restricción vehicular sanitaria.

El horario de circulación para todo el país será de lunes a domingo de 12:00 m.n. a 5:00 a.m. y la diurna continuará aplicando entre semana únicamente al anillo de circunvalación de San José.

Es importante indicar que los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar de lunes a domingo entre las 5:00 a.m. y las 12:00 m.n., en concordancia con la restricción vehicular.

  • Reanudación del plan de apertura gradual de las actividades masivas.

A partir de este 24 de enero, los eventos culturales y deportivos podrán efectuarse con público, aplicando los protocolos sanitarios ya establecidos para estas actividades.

Las actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales retoman el plan gradual de apertura que permite un 60% de aforo con verificación voluntaria de código QR y 30% sin QR.

A partir del 1 de febrero estos eventos contarán con la autorización de elevar su aforo al 80% para los que soliciten voluntariamente el certificado (código QR) y a un 40% para los eventos que no lo verifiquen:

  • Aforo en buses

Con respecto al aforo de personas de pie en los buses contemplada en el protocolo del Consejo de Transporte Público (CTP), se aumentará el aforo a un 100%

Como no se ha resuelto aún por el fondo la medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se amplía hasta por un mes más el periodo de transición para el uso voluntario Código QR, por lo que aplicará hasta el 07 de marzo de 2022.

Por otro lado, a partir del 31 de enero los niños mayores de 12 años deberán presentar el código QR para ingresar a establecimientos y actividades que así lo soliciten, como había sido establecido y comunicado oficialmente desde el 30 noviembre del 2021

  • En el 2021, el ICE instaló 13 radiobases, como parte del programa Comunidades Conectadas de FONATEL; en este 2022, se sumarán otras 19.
  • Beneficiados utilizan los servicios de telefonía e internet para estudiar y poder hacer negocios, cuentan vecinas de las comunidades.

 “Una antena” está cambiando la vida de los vecinos de la comunidad de Guácimo en el territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas. Luego de no tener señal celular ni para llamar a una ambulancia, ahora la comunidad cuenta con servicios de telecomunicaciones gracias a la radiobase (torre o “antena”, como le dice la gente) que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) instaló en el 2021 en la zona.

“Ni la gente que, pobremente, tenía su celular, tenía señal (…) Ahora es otra cosa; hay señal y eso ayuda muchísimo porque uno necesita informarse y en Internet y en las redes puede encontrar de todo. Ya no hay que viajar hasta Palmar –a unos 12 kilómetros– para tener señal. Ha sido demasiado positivo. Una compañera ha emprendido, cría pollos y esto de Internet le ha facilitado que la contacten”, cuenta Jenifer Duarte Obando, quien forma parte de la Asociación de Mujeres de Guácimo de Boruca.

Durante 2021, el ICE instaló 13 radiobases en seis territorios indígenas -entre ellas dos en Rey Curré- como parte del programa Comunidades Conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que es administrado, ejecutado y supervisado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). El ICE fue el único operador interesado en llevar conectividad a estas regiones, cuyos contratos fueron firmados en marzo de 2020.

De las torres instaladas en el 2021, 11 se ubican en el Atlántico: en Keköldi, Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri, Alto Chirripó y Tayní. En el Sur, las dos instaladas están en el territorio de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas. En promedio, 22.900 personas al mes se conectan a las radiobases colocadas en ambas zonas.

Durante este 2022, el ICE proyecta instalar 19 torres, de las cuales 11 para conectar cuatro territorios en el Sur (Salitre, Altos de San Antonio, Ujarrás y Cabagra), y ocho en el Atlántico, donde se construirán otras ocho torres en Tayní, Bajo Chirripó, Talamanca Cabécar, Alto Chirripó Duchi y Talamanca Bribri.

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Labor interinstitucional

 “El acceso a telefonía e Internet le está cambiado la realidad a muchas comunidades indígenas del país que han logrado estudiar, realizar emprendimientos y mejorar su calidad de vida en general, como ocurre Matambú en Guanacaste o Kéköldi en Talamanca”, explicó Federico Chacón, presidente del Consejo de SUTEL.

Agregó que “FONATEL ha realizado una inversión de $12,6 millones en la construcción de torres y la expansión de redes de telecomunicaciones en zonas muy remotas, hasta cubrir los 24 territorios indígenas del país en el futuro”.

De acuerdo con SUTEL, actualmente hay 19 torres instaladas en territorios indígenas.

Por su parte, Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, manifestó que “nuestro compromiso con el desarrollo humano y la conectividad en los territorios indígenas es total. Por eso, seguiremos trabajando con otras instituciones en concluir estos importantes proyectos según el cronograma vigente. Avanzaremos con estas obras y continuaremos promoviendo el bienestar en estas poblaciones.

A finales del 2024, el ICE prevé haber colocado 61 radiobases con 86 escuelas y colegios y 30 centros de salud conectados a la red, beneficiando a 138 comunidades de los 14 territorios indígenas que abarca el proyecto dentro de Comunidades Conectadas; sin embargo, el cronograma puede variar de acuerdo con las condiciones en cada zona. Las personas disfrutarán servicios de voz e internet, fijo y móvil, con la misma calidad que se ofrece en el resto del país.

De mucha ayuda. “Yo había escuchado que nos iban a poner una torre; sin embargo, pensé que nunca iba a llegar. Gracias a Dios pasó; ha sido de mucha ayuda”, afirma, Gloria Mavisca Rojas, de 34 años y vecina de Curré (Buenos Aires de Puntarenas).

Antes de que colocara la radiobase, la propia Jenifer Duarte “se la jugaba” con el teléfono celular para hacer los trabajos de la universidad –estudia Ciencias de la Educación, con énfasis en preescolar– y a veces le prestaban una computadora en Palmar. Ahora, ella está emocionada porque se encuentra en la lista de familias postuladas en el programa Hogares conectados, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el MICITT y SUTEL, que dota de equipo y conexión a familias en condiciones de vulnerabilidad. La posibilidad de tener una computadora y conexión tiene feliz a esta mujer de 24 años feliz porque “todo me va a ayudar a salir adelante”.

Conectividad para territorios indígenas. Randall Otárola, viceministro de la Presidencia que atiende temas relacionados con población indígena, subrayó que este proyecto viene directamente a atender una de las brechas más evidentes en territorios indígenas: la conectividad.

“Este proceso, establecido en comunicación con las asociaciones de desarrollo, permite que centenares de personas indígenas puedan estudiar, trabajar y atender citas médicas y otras, lo cual, sin ninguna duda, significa un impacto positivo en su vida cotidiana”, acotó.

Por su parte, Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, detalló que el proyecto de conectividad para territorios indígenas forma parte del programa Comunidades Conectadas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2015-2021, instrumento de política pública emitido por MICITT, como entre rector de las telecomunicaciones en Costa Rica.

A finales de 2020, con el fin de acelerar la atención de estas comunidades y ante algunas dificultades que se habían presentado en la implementación de este proyecto, el MICITT abrió una mesa de coordinación interinstitucional entre MICITT, SUTEL, ICE, la Unidad de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz y la representación indígena del de la Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.

“Esta mesa permitió revisar las trabas existentes, alinear a los distintos actores y establecer las coordinaciones correspondientes para definir un cronograma de implementación, un procedimiento de consulta ordenado y efectivo para trabajar con las comunidades indígenas, y una estrategia de comunicación responsable sobre los impactos y beneficios de hacer este esfuerzo”, detalló la jerarca.

Agregó que la meta de política pública establecida consiste en brindar conectividad significativa a los 24 territorios indígenas del país, y su ejecución continuará en 2022 de la mano del PNDT 2022-2027 por publicarse

  • El proyecto, en el que participarán tres empresas, será desarrollado por el Tecnológico de Costa Rica con el apoyo de la Cooperación alemana para el desarrollo GIZ.

Con el objetivo de acelerar la transición hacia vehículos eléctricos de carga liviana para uso comercial en Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Cooperación alemana para el desarrollo - GIZ – lanzaron un plan piloto que pondrá a operar un vehículo eléctrico de carga liviana en tres empresas costarricenses. 

Este plan piloto de carga liviana eléctrica se realiza en el marco del proyecto MiTransporte de la Cooperación Alemana GIZ, ejecutado por encargo del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor (BMU) a través su Iniciativa Climática Internacional (IKI), en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El plan consiste en determinar el impacto técnico-financiero de la sustitución de la actual flota de vehículos de carga ligera, que utiliza motores de combustión interna para la propulsión, por una flota de vehículos eléctricos a través de un estudio de pre-factibilidad.

Además, el plan contempla el impacto ambiental de los dos tipos de vehículos, de combustión interna y eléctrico, para comparar así las emisiones de CO2, tomando en cuenta el consumo de combustibles fósiles y de energía eléctrica.

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El viceministro de Energía de MINAE, Rolando Castro, expresó: “Desde el MINAE, este proyecto nos permite avanzar en los objetivos y metas planteados en el Plan de Descarbonización, así como lograr que diferentes sectores conozcan la tecnología de vehículos eléctricos, siendo además relevante evidenciar que la oferta de vehículos eléctricos ha ido en aumento, abriendo las posibilidades para que otros sectores se sumen en la descarbonización del sector transporte”.

Cabe destacar que dicho vehículo eléctrico, marca BYD, fue otorgado al TEC por la GIZ con fondos del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor (BMU). Las empresas participantes son dos de la Gran Área Metropolitana, Multifrío S.A. que pertenece al sector servicios de ingeniería y FORTECH del sector de gestión de residuos, mientras que la tercera empresa participante es CoopeTarrazú que se ubica en una zona rural y se dedica a la comercialización de café. 

El plan pretende hacer un muestreo en condiciones normales de operación en las tres empresas costarricenses señaladas donde se efectuarán mediciones y se monitorearán en tiempo real los vehículos de combustión interna de cada empresa y el vehículo eléctrico en condición de préstamo por parte del Tecnológico, con el fin de efectuar un análisis comparativo que permita determinar el impacto del uso de ambas tecnologías de transporte de carga liviana.  

Según el Ing. Sergio Morales Hernández, coordinador del Laboratorio de Investigación en Vehículos Eléctricos (LIVE) del TEC, “para nuestra institución es sumamente valioso el poder contar con un vehículo eléctrico destinado al transporte de modalidad carga liviana, ya que así podemos brindarle una visión objetiva a la ciudadanía sobre las ventajas que presenta esta tecnología”.

De acuerdo con el Ing. Sebastián Mata Ortega, integrante del LIVE, el país está dando pasos importantes en el tema de la movilidad eléctrica, sin embargo, no se está desarrollando así en el campo del transporte de carga. 

“Si existiera información validada respecto al rendimiento de un vehículo eléctrico de carga liviana en Costa Rica, las empresas que utilicen transporte para trasladar sus mercancías dentro de la ciudad, podrían incentivar más este tipo de movilidad eléctrica. Con este proyecto, el TEC tiene la oportunidad de ofrecer información útil para la toma de decisiones en la transformación de flotas comerciales, lo cual es parte del Plan Nacional de Descarbonización: Eje 3, Transporte y Movilidad Sostenible”, expresó Mata Ortega.

Para el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Tecnológico de Costa Rica, “esta acción es una muestra más de los esfuerzos que hace el TEC por aportar a los empresarios y ciudadanos en general, criterios técnicos para la toma de decisiones, particularmente en este caso, para introducir en la flotilla de transporte vehículos más amigables con el ambiente y así avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Por su parte, con la información recolectada se realizarán análisis y proyecciones del comportamiento de cada una de las tecnologías de transporte involucradas, con las cuales se podrá informar a la población sobre las ventajas y características del uso de vehículos eléctricos de carga liviana para el transporte de mercancías en condiciones reales del país. 

“Desde la Cooperación alemana seguimos impulsando la descarbonización del transporte y con este piloto esperamos obtener datos muy alentadores, mostrando una forma en la que las empresas pueden disminuir su huella de carbono. En el aspecto técnico-financiero, se espera que la inversión que llegue a hacer una empresa en la obtención de un vehículo eléctrico pueda cumplir con sus expectativas al mostrar no solamente beneficios ambientales y climáticos, sino también económicos”, explicó Claus Kruse, director del proyecto MiTransporte de la GIZ.

  • Contempla cinco acciones, apoyadas por el programa EUROCLIMA+, enfocadas en aportar a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y los planes nacionales de descarbonización y carbono neutralidad de Costa Rica.

El compromiso compartido de la Unión Europea y Costa Rica con el desarrollo de estrategias y acciones que permitan avanzar en un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente se pone de manifiesto a través de la alianza estratégica que ambas han establecido mediante el programa EUROCLIMA+.

En un evento en línea, organizado conjuntamente por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y los Ministerios de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería) y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) de Costa Rica, fue presentado el Plan de Acción País de EUROCLIMA+, hoja de ruta que detalla las acciones que se desarrollarán, en miras del cumplimiento de los objetivos climáticos del país.

“EUROCLIMA+ es el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático en América Latina. Fundamentalmente, atiende las necesidades estratégicas expresadas por los países de la región y acompaña acciones en las que la cooperación europea puede aportar valor añadido. Estoy seguro que la ejecución de este Plan de Acción será muy fructífera y que la alianza entre la Unión Europea y Costa Rica se continuará fortaleciendo”, afirmó Alberto Menghini, Jefe de Cooperación Regional de la Unión Europea en Costa Rica, encargado de abrir el evento.

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Las acciones que el Programa EUROCLIMA+ acompañará en Costa Rica han sido construidas de forma conjunta entre las autoridades nacionales responsables de las carteras sectoriales y las agencias implementadoras del programa. Asimismo, están alineadas a la Contribución Nacionalmente Determinada 2020 -instrumento de compromiso ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)-, resultante de una amplia consulta con múltiples actores; así como la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático y al Programa Nacional de Carbono Neutralidad y el Plan de Descarbonización.

“Iniciamos una década clave y decisiva donde debemos acelerar acciones y promover cambios sistémicos que demandan que trabajemos con diferentes actores. Este plan de acción lo que viene a hacer es a impulsar cómo vamos a acelerar esa acción y el empoderamiento de los diversos actores” afirmó la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.

Cinco acciones para enfrentar la recuperación post-COVID

El Plan de Acción País de Costa Rica considera cinco acciones que abordarán ámbitos estratégicos para el cumplimiento de las metas climáticas nacionales:

1. Implementación de la Estrategia Nacional para el Empoderamiento Climático, mediante asesoramiento para su plan de acción y el pilotaje de acciones estratégicas. Se contará con el acompañamiento de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

2. Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Política Nacional de Adaptación en Costa Rica, que busca entregar herramientas a los distintos actores con incidencia en el nivel subnacional, para la implementación de la Política Nacional de Adaptación en Costa Rica. Las acciones serán acompañadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Expertise France (EF).

3. Aumento del involucramiento, participación y ambición del sector privado en la acción climática mediante el escalamiento de experiencias, la difusión de estudios clave, y la entrega de herramientas y creación de capacidades. Esta acción será acompañada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

4. Fortalecimiento de la capacidad institucional para el acompañamiento técnico en Producción Agropecuaria Orgánica, mediante proceso de capacitación, acceso a información agropecuaria y definición de criterios para el Programa de Pago de Servicios Ambientales (PPSA) asociados a la Producción Agropecuaria Orgánica. Esta acción será acompañada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

5. Evaluación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) permitirá al país identificar los factores que han contribuido o han limitado la efectiva implementación de la PNA, lo cual representa un insumo básico para sustentar la toma de decisiones basada en evidencias. Esta acción será acompañada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

“El plan de acción presentado esta mañana es un reflejo de la altísima ambición que pregona Costa Rica en materia ambiental, demostrando una vez más que nuestras posiciones no son solo discurso, sino una verdadera y firme convicción de trabajar por la sostenibilidad de nuestro ambiente natural. Quisiera aprovechar la oportunidad para celebrar y agradecer el acompañamiento de la Unión Europea, quien cree en Costa Rica y comparte nuestra visión” Adriana Bolaños, viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las acciones se desarrollarán en un período de aproximadamente 18 meses. El programa EUROCLIMA+, mediante el mecanismo de diálogo país, se mantiene anuente a la identificación conjunta de nuevas acciones estratégicas para la acción climática.

“Durante el período de ejecución del Programa EUROCLIMA+, el país ha sido beneficiado de acciones regionales y sectoriales, pero, sobre todo, en la implementación de  políticas públicas de cambio climático. Para Costa Rica, el apoyo de la cooperación internacional para atender estos temas es de suma importancia para el desarrollo del país; reconocemos que la Unión Europea es un socio estratégico que ha estado presente apoyando las diversas iniciativas en materia de ambiente. Ahora, debemos avanzar en la senda del reconocimiento sobre la importancia de la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, con el fin de reducir los impactos y al mismo tiempo, procurar una transición hacia el camino del desarrollo sostenible”.  Afirmó Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

El evento de lanzamiento contó con la participación de representantes de la Unión Europea, los Ministerios participantes, el programa EUROCLIMA+ y las agencias implementadoras FIIAPP, AECID, EF y GIZ.

  • Declaratoria brinda reconocimiento, protección y apoyo institucional a esta manifestación cultural.

¡Fara fara chin! Como parte de la riqueza cultural del país está la alegre cimarrona; la acompañante infaltable de las mascaradas o payasos y de las fiestas populares de las comunidades. Siempre alegrando con su música el redondel, pero también el cumpleaños de algún miembro de la familia. Presente en los ámbitos público y privado desde hace más de un siglo.

La música de la cimarrona, como manifestación cultural de los pueblos, fue declarada patrimonio cultural inmaterial del país. Así lo estipula el decreto ejecutivo N° 43302-C, publicado en La Gaceta del 19 de enero de 2022. Dicho decreto aporta múltiples razones que justifican el reconocimiento.

El documento oficial menciona a las comunidades de Santo Domingo y Barva, en Heredia; Palmares en Alajuela; Tres Ríos, Pacayas, San Isidro del Guarco y Juan Viñas, en Cartago; Liberia, Cañas y Nicoya, en Guanacaste; Esparza en Puntarenas; Aserrí, Ciudad Colón, Escazú y Santa Ana, en San José; entre otras que destacan por la práctica de la música de cimarrona.

El Ministerio de Cultura y Juventud, a través del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (Conapaci), tutela la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2003) ratificada por Costa Rica en 2007, mediante la Ley N° 8560 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; por tanto, su quehacer se centra en la atención del procedimiento administrativo institucional: declaratorias de manifestaciones culturales, que, junto a sus conocimientos y saberes, forman parte del patrimonio cultural inmaterial nacional.

La solicitud de declaratoria ingresó a la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (CONAPACI) en noviembre de 2020, suscrita por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia y el movimiento Santo Domingo Cuna de la Cimarrona, este último representado por Juan José Carazo Bolaños.

“Sumamente contentos de contar con esta protección para la música de la cimarrona costarricense que incluye no solo lo que conocemos como tradicional, sino que es toda la música que interpretan las cimarronas, como la fúnebre en Semana Santa y otras. Es importantísimo para nosotros estar incluidos en esta lista de patrimonio cultural inmaterial junto con el calipso y aún falta proteger el patrimonio en Costa Rica, a pesar de que en los últimos años se ha hecho un trabajo muy fuerte, pero esperamos que esto le dé un mayor auge y respaldo a las cimarronas, todavía más del que se está viviendo, junto con otros proyectos que tenemos pendientes en la Asamblea Legislativa y que van por buen camino”, expresó Carazo.

“Por mucho tiempo las cimarronas fueron menospreciadas y casi desaparecen a finales de los años 90 y principios de los 2000, nosotros emprendimos una labor importante en Santo Domingo para retomar esto y tuvo un impacto en otras partes del país y por dicha con la declaratoria ya tenemos una protección, ya no somos el grupito empírico, desafinado que no sabía tocar, que fue menospreciado hasta por los mismos músicos profesionales, ya eso pasó, estamos protegidos y tenemos esta denominación de patrimonio cultural inmaterial muy merecida y que se necesitaba desde hace tiempo”, agregó el músico y propulsor de la declaratoria.

La nueva declaratoria cumplió con el procedimiento institucional según lo estipula el Ministerio de Cultura y Juventud, mismo que señala que debe ser la comunidad portadora de la tradición quien solicite la declaratoria, ser valorada por la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial y que, posteriormente, la comunidad cree planes de salvaguardia para su sostenibilidad en el tiempo. Además, está acorde con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023.

De esta forma, la conformación y práctica viva de la ejecución musical, por parte de las cimarronas, responde al ejercicio de los derechos culturales de las comunidades, quienes la aceptan, la promueven, la consideran y la asumen como parte de su desarrollo cultural, con total sentido de pertenencia. Asimismo, las cimarronas permiten el desarrollo de habilidades propiamente musicales, como parte de esa formación integral que requieren las personas y que promueve o complementa la conformación tanto de la identidad individual como colectiva.

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Datos curiosos e históricos

Son múltiples las agrupaciones a lo largo y ancho del país que interpretan la “Música Tradicional de Cimarrona”, hoy declarada patrimonio cultural inmaterial del país. La investigación que sustenta la declaratoria y que fue aportada por músicos de Santo Domingo de Heredia, aportó numerosos datos que permiten otorgar a la cimarrona el lugar de honor que hoy le es reconocido como parte relevante de expresión de la identidad costarricense.

Según consignó el decreto, las cimarronas están conformadas por instrumentos de viento, usualmente: clarinete, saxofón, trompeta, bugle, trombón, barítono o eufonio, tuba; y percusión: redoblante, bombo y platillos. Surgieron en los diferentes pueblos de Costa Rica en las primeras décadas del siglo XX, su origen está en las filarmonías municipales y tienen influencia de las bandas militares de finales del siglo XIX.

El término “cimarrón” tiene dos acepciones: la primera referida a aquella condición de lo no cultivado y la segunda hace referencia a lo silvestre. De esta manera, se relaciona el término con estas agrupaciones musicales por su carácter independiente y empírico.

La música interpretada por las cimarronas procede de múltiples fuentes. Inicialmente, en estas agrupaciones se ejecutaban ritmos que son catalogados como parte de la música tradicional costarricense, tales como: el Son Guanacasteco (parrandera o tambito), la Contradanza, el Vals, el Pasillo o la Jota, provenientes todos de diversas latitudes o influenciados por otras culturas.

Actualmente, este tipo de agrupación musical no se encuentra ligada particularmente a uno o varios de ellos, por el contrario, su conformación instrumental es tan versátil que permite la inclusión y adaptación de obras de diversos géneros, ritmos y estilos, amalgamando en su interpretación características étnicas y culturales diversas, en comunión con la idiosincrasia de cada zona o región, cualidad que exalta una de las mayores particularidades de esta manifestación cultural.

Al respecto, Paola Salazar, antropóloga y jefa de la Unidad de PCI del Centro de Patrimonio Cultural, explicó: “el patrimonio cultural inmaterial, así como las manifestaciones culturales que le conforman, no son elementos culturales estáticos, sino cambiantes y en continua transformación. Tal es el caso de la manifestación cultural de la música de cimarrona costarricense, la cual conjuga tanto ritmos tradicionales como ritmos contemporáneos, logrando posicionarse en una representación colectiva en los distintos sectores sociales y generacionales. Mediante la definición de manifestaciones patrimoniales significativas, la gente recuerda y reconoce su sentido de pertenencia a un grupo social y, por tanto, refuerza tanto su identidad cultural local, como regional”.

Como lo indica el decreto: "la música tradicional de cimarrona costarricense es una manifestación viva del patrimonio, que, por ende, está sujeta a una evolución natural y a elementos importantes de innovación que enriquecen la tradición. Por lo tanto, la comunidad debe ejecutar planes de salvaguarda para la revitalización de la identidad cultural local y regional, con el propósito de mitigar aquellas acciones que amenazan su sostenibilidad cultural, organizativa, educativa y económica”.

En conclusión, esta manifestación cultural, transmitida de generación en generación, forma parte del patrimonio cultural inmaterial de una diversidad de cantones del territorio nacional, congrega a portadores de tradición y espectadores en torno a su práctica, organización y celebración; reforzando su sentido de pertenencia y enriqueciendo la diversidad cultural del país. Está asociada a conocimientos, valores y prácticas tradicionales comunitarias y de festividad popular, que merecen ser respetados, fomentados, inventariados y preservados, así que… ¡fara, fara, chín! ¡Celebremos el reconocimiento de la música de la cimarrona como patrimonio cultural inmaterial del país!

  • AyA no justificó las inversiones realizadas durante el periodo 2016-2020, por lo que las tarifas vigentes se mantienen. Además, ARESEP ordenó iniciar de manera inmediata una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por la Junta Directiva de la entidad para el mismo periodo.

Después de un análisis exhaustivo y riguroso, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) archivó el estudio tarifario de oficio, del servicio de acueducto que presta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El Ente regulador procedió a analizar la información que brindó el AyA sobre las inversiones y la estructura de costos y gastos, y entre las principales razones que justifican el archivo del estudio y mantener las tarifas vigentes, se encuentran las siguientes:

  • No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.
  • No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14 560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.
  • No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.

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Además, el AyA sólo justificó 12 de las 909 cuentas que comprenden su estructura de costos y gastos del servicio de acueducto. Tampoco justificó las plazas nuevas y su incidencia en el servicio de interés y muchos de los documentos que aportó para validar el comportamiento de los costos y gastos en el tiempo, se encuentran incompletos, lo cual contraviene con el objetivo de un disponer de una fijación tarifaria trazable y que garantice a los usuarios la pertinencia del gasto con el servicio regulado.

El Intendente de Agua, Marco Cordero, señaló que “la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.  

Adicionalmente, el Intendente señaló que  “de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.

Ante lo anterior, la ARESEP ordenó iniciar de manera inmediata una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por su Junta Directiva para el periodo 2016-2020, y que coinciden con la información no aportada para el presente ejercicio tarifario, en la cual se concentre en fiscalizar las desviaciones en el costeo de los proyectos de inversión realizados respecto a lo propuesto o aprobado por la Junta Directiva del AyA, además de verificar el procedimiento seguido para capitalizar esas inversiones, la determinación del gasto por depreciación, revaluación del activo, plazos de vida útil, documentación que valida la inversión, etc.

  • Tras anuncio de Aresep sobre propuesta técnica final

Luego de meses de insistir en que se dicte el acto final y definitivo de la “propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”, que incluso llevó a la Defensoría de los Habitantes a presentar ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); este ente regulador informó esta semana a la Defensoría de los Habitantes que la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en la sesión 109-2021, celebrada el 21 de diciembre de 2021 y ratificada el 23 de diciembre de 2021, acordó que la propuesta técnica final de metodología sea sometida a una nueva audiencia pública.

Desde el 23 de noviembre de 2020 la ARESEP celebró la audiencia pública sobre esta propuesta metodológica, cita en que la Defensoría presentó su coadyuvancia para que se procediera a la aprobación, en el mes siguiente; sin embargo, al día de hoy esto no ha sucedido.

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Con la metodología presentada, en esa oportunidad por la ARESEP, se proponía modificar el modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, con los datos de costo real o precios efectivos de factura de importación, en lugar de los precios internacionales de referencia como se realiza con la metodología actualmente vigente.

Según manifestó la ARESEP en su momento, con los cambios propuestos en la metodología originalmente conocida en audiencia pública, se pretendía que los precios internos de los combustibles cumplieran con el principio de servicio al costo de la Ley N° 7593, se simplificara para la población la fórmula de cálculo con una mayor transparencia, claridad y facilidad de aplicación y, se redujeran las fluctuaciones mensuales del precio interno que hoy, obedecen principalmente, a variaciones de los precios de referencia y no a cambios en los precios reales de importación.

Además, el ente regulador afirmó que el cambio metodológico podría redundar en una baja en los precios internos en relación con los obtenidos con la

metodología vigente, debido a que los precios de factura suelen ser menores a los precios de referencia que utiliza la fórmula actual, producto de las negociaciones que realiza RECOPE amparada en el poder monopólico de compra que ostenta, al ser un comprador mayorista que adquiere los combustibles para la industria y transporte de todo un país.

Según la Aresep, el nuevo informe técnico que contiene la propuesta de “Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en terminales de poliducto para almacenamiento y ventas, terminales de ventas en aeropuertos y al consumidor final”, incluye una sección relacionada con la justificación de los cambios; por lo que será sometida en una nueva audiencia pública.

La Defensoría analizará por el fondo la resolución, con miras a preparar su posición ante la nueva audiencia pública que debe convocarse. Asimismo, valorará cuál fue la respuesta de la ARESEP a los argumentos técnicos que planteó esta Defensoría en la audiencia pública anterior.

“La Defensoría ha venido insistiendo en el interés público de obtener la resolución administrativa de esta propuesta de modificación del modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, que venga a ajustar la fórmula preestablecida, con el fin de incorporar los datos de los costos reales de importación de combustibles derivados de los hidrocarburos, en los que incurre RECOPE, en lugar de los precios de referencia, los cuales crean distorsiones en la metodología vigente que perjudican al usuario final mediante el encarecimiento en los precios de los combustibles”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.

  • 594 personas privadas de libertad figuran en el padrón electoral para las elecciones nacionales del 6 de febrero.

Un total de 27 juntas receptoras de votos funcionarán en 19 centros penitenciarios del país el próximo domingo 6 de febrero, día de las elecciones nacionales.

De las 8.594 personas privadas de libertad que cambiaron su domicilio para ejercer el voto, 3.589 (41,8%) se encuentran en los centros penales del Complejo Occidente, en San Rafael de Alajuela. De igual forma, se abrirán urnas en Pérez Zeledón, Liberia, San Carlos, Puntarenas, Limón, Cartago, Heredia y Pococí.

Los otros centros penitenciarios josefinos, el CAI Vilma Curling (Desamparados) y el CAI San José (San Sebastián), también contarán con mesas electorales, todo como parte del trabajo conjunto que desarrolla el Ministerio de Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

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La mesa de votación más grande se encuentra en el CAI Jorge Arturo Montero (710 personas) y la más pequeña en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (17). Otras 26 personas están habilitadas para votar en el Centro Nacional de Atención Específica (antigua Máxima Seguridad).

 “La preparación del sistema penitenciario abarca el antes, durante y después del día de las elecciones en lo que respecta al ingreso de los partidos políticos para distribuir información en los días previos a los comicios, así como la presencia de observadores internacionales el propio día de las elecciones y el manejo del material electoral, posteriormente”, indicó la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas

Protocolos sanitarios

Las urnas, al igual que en el resto del país, abrirán a las 6 a. m., cada mesa contará con un fiscal titular y un suplente, dos auxiliares electorales, encargados de centro de votación y fiscales generales.

Los votantes deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos en el Lineamiento Nacional para la Celebración de la Elección Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid-19.

En el caso de las personas aisladas por ser casos positivos o sospechosos, cada centro establecerá un horario especial para que ejerzan su derecho. Una vez cumplido, el recinto debe ser sometido a la debida desinfección para continuar con el proceso.

En las elecciones de 2018, el abstencionismo en centros penitenciarios fue de 67,4%.

  • Para este año se espera favorecer a cerca de 1.000 ferieros más, se proyecta visitar 14 ferias dentro de las cuales se encuentran las de Santa Cruz y Nicoya.

El programa Ferias del Agricultor del Banco Nacional tiene programado visitar este año 14 ferias, en aras de incentivar la bancarización digital mediante la sustitución del efectivo a medios electrónicos de pago. También se busca asesorar y educar financieramente a los empresarios participantes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de sus familias y sus comunidades.

Desde el inicio del programa, la entidad bancaria apoya en temas tributarios y el uso de POS a cientos de agricultores y comerciantes, también se les brinda asesorías en el traslado al régimen tributario adecuado, en facturación electrónica y como sus aliados financieros, en los productos y servicios bancarios que se ofrecen en el mercado para hacer su vida más fácil.

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En el transcurso de este año se pretende beneficiar a cerca de 1.000 ferieros y atender las siguientes ferias:

Desamparados
Ciudad Neilly
Alajuela
Curridabat
Santa Cruz
Santa Bárbara de Heredia
Aserrí
Coronado
San Rafael de Alajuela
El Guarco
Heredia (La Perla)
Nicoya
Zapote
Pavas

Ferias atendidas

Este programa surgió como un plan piloto en el 2018, gracias a esta iniciativa se atendieron las siguientes ferias del agricultor en todo el territorio nacional:

Año 2019
1. Santa Ana
2. Alajuela
3. San Ramón
4. Santa Bárbara de Heredia
5. Grecia
6. PIMA Cenada
7. Tibás
8. Heredia
9. Cañas
10. San Martín de Coronado
11. Coronado
12. Desamparados

Año 2020
13. Escazú
14. Guachipelín
15. Limón
16. El Molino en Cartago
17. Villas de Ayarco en Curridabat
18. Oreamuno
19. Palmares
20. Plaza Víquez
21. Tres Ríos
22. Zapote
23. Alajuelita
24. San Sebastián

Año 2021
25. Upala
26. Ciudad Colón
27. Orotina
28. Naranjo
29. Zarcero
30. Sarchí
31. San Rafael de Heredia
32. Poás
33. Jacó
34. San Mateo
35. Quepos
36. Esparza
37. Siquirres
38. Guápiles

  • Medida obedece al inestable comportamiento del coloso, el cual ha presentado varias erupciones.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) elevó el nivel de actividad del volcán Turrialba del nivel 2 (volcán activo) al nivel 3 (volcán en erupción) ante el inestable comportamiento del coloso, el cual ha presentado varias erupciones de carácter freático sin señales precursoras.

“Ante esta situación, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) tomó la decisión de cerrar temporalmente el área protegida hasta contar nuevamente con información de los entes técnicos que permita tomar decisiones para su reapertura”, dijo la directora del área silvestre protegida, Reina Sánchez.

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El 17 de enero anterior se presentaron una serie de erupciones que alcanzaron una altura entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del cráter. Parte de la columna eruptiva colapsó con dirección este, noreste, formando un flujo piroclástico de unos 500 metros de largo.

El informe indica que el depósito de este flujo alcanzó más de 400 metros hacia el cráter este, con un espesor máximo de 15 centimetros cerca del cráter, conteniendo balísticos que sobrepasan los 10 centimetros de diámetro.

Además, se resalta, que el evento eruptivo de este lunes, ha sido catalogado como el más energético de los últimos 2 años. Adicionalmente, posterior a la erupción, se observaron varios pulsos eruptivos de menor importancia.

Asimismo, las autoridades recuerdan a la población acatar las medidas de seguridad establecidas y no ingresar al parque nacional por zonas no permitidas y de alto riesgo volcánico.

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