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Sábado, 10 Octubre 2020 05:13

Receta para destruir un país

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EDITORIAL

Asistimos a un periodo convulso que por momentos amenaza con desencadenar en una guerra civil, si tomamos en cuenta las actuaciones de los diferentes sectores participantes en la “defensa de sus derechos” y su oposición a la intención del Gobierno de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, en primera instancia, representaría para un importante sector de la población pagar nuevos impuestos.

La situación se decantó en torno a dos temas esenciales: el anuncio del Ministerio de Hacienda de imponer nuevos tributos como condición para tener acceso a los recursos del FMI y la férrea oposición de amplios sectores de la población a aceptar una nueva carga impositiva, cuando apenas se reponía de una reforma fiscal y se acostumbraba a lidiar con pagar el IVA y otras obligaciones tributarias.

Bloqueos, graves enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes son la tónica que hace que el país pierda millones de dólares por bienes perecederos que no llegan a los puertos para ser exportados y desde luego, el sinsabor de miles de costarricenses propietarios de vehículos o usuarios de medios de transporte público atrapados, durante horas, sin poder llegar a sus lugares de trabajo, afectando la producción del país.

El tercer actor en esta receta pensada para destruir un país lo es, un Presidente obcecado, prepotente y férreo en su oposición al diálogo, a sentarse a escuchar propuestas y casi ausente de la convulsa realidad que vive el país.

El Movimiento Rescate Nacional que se atribuye la organización del movimiento de protesta e incita a diferentes grupos a mantener bloqueos en las carreteras es el cuarto elemento de esta ecuación.  Al frente, hoy, el exdiputado Célimo Guido se presenta como el líder, incitando a mantener el cierre de vías como medio de protesta y demandando de parte del Gobierno ser escuchado, bajo la amenaza de que este movimiento será indefinido.

Como ingrediente sorpresa de esta receta para destruir un país, José Miguel Corrales, que hizo par con Guido, renunció a comandar el movimiento, pidió perdón y denunció que la infiltración del narcotráfico había desnaturalizado el movimiento.

Los resultados de esta revuelta popular en la que participan personas conscientes de la importancia de oponerse a la intención del Gobierno de crear más impuestos -antes que pensar en otras salidas como el recorte del gasto público, la eliminación, unificación o reducción de algunas instituciones que cumplen funciones similares- también sumó la participación de delincuentes que al no tener otra cosa que hacer lanzan piedras, cocteles molotov para destruir bienes públicos, atentan contra los policías y dejan una estela de perdidas millonarias por la paralización del aparato productivo.

Si todo este conjunto de factores es fatal para un país en una época normal, más destructivos resultan en momentos en que el país esta acercándose a la cifra de cien mil personas contagiadas con el COVID-19 y un saldo superior a las mil muertes por este mismo mal.

¿Qué nos espera en el resto del año, cuando hemos cumplido siete meses de estar sometidos al flagelo de la pandemia?

¿Será la aplicación de nuevos tributos, la venta de activos o la nociva actitud de patear la bola para adelante y continuar sin atacar problemas como la evasión fiscal, el contrabando y el gasto público?

Muchas de las decisiones tendrán que pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa donde todo puede suceder y donde lo impensable puede hacerse realidad.

Por lo pronto algunos partidos políticos están afilando sus hachas y requieren que en esta Administración se deje resuelto el problema, para aspirar a no manejar las riendas de un país con un nivel de desocupación como no habíamos imaginado, un déficit fiscal súper inflado y un gobierno voraz que requiera contar con recursos frescos para financiar su gasto.

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