Elementos filtrados por fecha: Jueves, 11 Junio 2020

El pasado domingo 7 de junio, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Cuerpo de Bomberos, del Servicio Nacional de Guardacostas y personal veterinario privado de la zona de Guanacaste brindaron atención a dos delfines encallados en playa Flamingo.

Los animales eran una hembra adulta delfín rayado (Stenella coeruleoalba), ya muerta, y una cría de aproximadamente 1,5 metros.  A ambos cetáceos se les tomaron muestras, las cuales fueron analizadas en el laboratorio LANASEVE del SENASA, y ambas dieron positivo por Brucelosis.

Esta especie de delfín es oceánica y en Costa Rica es la especie que encalla más comúnmente en los últimos 16 años. La razón principalmente asociada a este tipo de evento es la presencia de una bacteria (Brucella ceti) en el cerebro de estos animales. Esta infección debilita a estos mamíferos marinos por semanas e incluso meses, lo que compromete la supervivencia, hasta que llegan en mala condición a las playas.  Lo anterior provoca que estos animales, aunque regresen con ayuda a aguas profundas, vuelvan a salir a la costa. En la actualidad, no existe en el mundo ningún tratamiento reportado como exitoso en esta especie.

La transmisión de esta enfermedad en cetáceos está en investigación y nuestro país ha sido pionero en el estudio de esta enfermedad en Latinoamérica desde el 2004. Hasta el momento, la información recabada es que la Brucella ceti, al igual que otras bacterias del género Brucella, se transmite a las crías a través de la placenta y la leche; y en el caso de los animales jóvenes y adultos, por fluidos genitales.  También se ha encontrado que algunos parásitos pulmonares se han visto involucrados en estas infecciones marinas.

La bacteria Brucella ceti es una zoonosis, lo que quiere decir que es potencialmente transmisible al ser humano.

¿Qué hacer si se encuentra con un delfín o ballena en la playa?

  1. Acercarse de manera tranquila sin hacer ruido para no estresar al animal.
  2. Colocarse guantes y mascarilla si se va a dar cualquier tipo de manipulación o ayuda al animal.
  3. Se recomienda ayudarle a devolverse al mar una única vez. Si el animal vuelve a llegar a la playa, llamar de inmediato a las autoridades. Espere a que sea atendido por los especialistas a cargo.
  4. Tomar fotos y reportarlo a las autoridades (SENASA, MINAE, Servicio Nacional de Guardacostas, servicio 911, o Bomberos).
  5. Mantenerse a distancia mientras se hacen presentes las autoridades competentes.
  6. Evitar que el animal se golpee con piedras u objetos en la playa.
  7. Si el animal está fuera del agua, se debe mantener la piel húmeda con agua de mar o paños mojados, adicionalmente se puede colocar una sombrilla de playa para hacerle sombra.
  8. Si se transporta al animal a un sitio con sombra o más tranquilo, se debe transportar sobre una manta o paño de playa.
  9. Evitar jalar o empujar de la cabeza, cola o aletas.
  10. Se puede cavar una poza para mantenerlo húmedo.
  11. No debe pararse sobre el animal o cerca de la cabeza o cola. Es necesario recordar que se trata de animales silvestres que pueden presentar cierto grado de peligro.
  12. Estos animales son mamíferos y respiran aire. Debe evitarse cubrir o echar agua en el orificio respiratorio.
  13. No se debe poner bloqueador en la piel del animal.

Publicado en Santa Cruz
  • Propuesta beneficiará a toda la población, principalmente a las familias con menos ingresos.
  • Para financiar esa medida y defender equilibrio fiscal, también elimina exoneración del impuesto sobre la renta a salario escolar del sector público.
  • Al salario escolar se le aplicaría el mismo monto exento y el mismo porcentaje de impuesto escalonado que se utiliza para gravar los salarios mensuales, por lo que sólo pagarían salarios superiores a ¢840 mil colones. 

Un proyecto del Ley que eximirá del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos y servicios de la canasta básica tributaria, hasta el 30 de junio de 2021, fue presentado por el Ejecutivo este jueves a la Asamblea Legislativa.

Esta nueva propuesta tiene como propósito incidir de manera positiva en la capacidad de consumo de los hogares costarricenses, y disminuir los efectos de la crisis económica que ha generado el COVID-19 sobre la población, principalmente en los sectores con menos recursos.

De esta manera, se plantea modificar el Transitorio IV de la Ley N 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que los bienes y los servicios incluidos en el inciso 3 del artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que conforman la canasta básica tributaria, ya no estén sujetos al pago del 1% de este impuesto a partir de julio 2020.

Para compensar el impacto fiscal de esa medida, así como los efectos de la contracción económica y la disminución de los ingresos necesarios para hacer frente a la emergencia nacional, el proyecto enviado hoy al Congreso  también  incluye una propuesta para que el salario escolar ya no esté exonerado del impuesto sobre la renta.  Según un estudio realizado por Hacienda en el 2018, esto representa cerca del 0,12% del gasto tributario.

“Dado el incremento en los gastos como efecto de la pandemia y por el compromiso con la responsabilidad fiscal, es preciso acudir a una fuente de recursos que permita compensar los ingresos que recibiría el gobierno de no darse la moratoria del cobro de IVA en canasta básica. De ahí nuestra propuesta para que a partir del próximo año se grave con renta el salario escolar, en las mismas condiciones en que se encuentran gravados los salarios en todo el sector laboral costarricense. Eso significa que se mantendría un monto exento y a partir de ahí se aplicaría el mismo porcentaje de impuesto escalonado que ya se utiliza para gravar los salarios”, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Al respecto, la Ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, María del Pilar Garrido Gonzalo comentó: "El llamado "salario escolar" es una porción de un incremento de salario que se paga diferido, según confirmó la Sala Constitucional. Por lo tanto, su tratamiento tributario debe ser idéntico al salario mensual"

 

Publicado en El País
  • Ente Regulador recibe más de 221 quejas de usuarios al 30 de mayo

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) pide cuentas a los operadores de servicios públicos por el incremento en las quejas de usuarios por facturación.

El Regulador General, Roberto Jiménez, indicó que “estamos sumamente preocupados por la gran cantidad de quejas que reportan los ciudadanos por altos cobros en sus recibos de agua y luz”.

En lo que va del año se han reportado 96 quejas en electricidad, mientras que durante todo el 2019 fueron 138. En el caso de agua se tienen 124 quejas, principalmente del AyA (104) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El jerarca de ARESEP afirmó que se está pidiendo explicaciones a las empresas que brindan servicios públicos, para que informen las acciones correctivas y revisiones a sus sistemas, así como el protocolo de atención de quejas y consultas de la ciudadanía.

En estos momentos, la ARESEP registra un incremento del 55% en las consultas que recibe diariamente en las diversas plataformas de atención: línea telefónica, Whatsapp y correo electrónico, al pasar de 105 a 190.

Otra situación que reporta la ciudadanía es que no son atendidos por los operadores, o que no reciben respuesta, lo cual es violatorio de las responsabilidades del operador de servicios públicos.

Ante estas denuncias, la ARESEP realizará visitas presenciales a cada operador, para verificar el proceso de cobro, la forma en que se realiza la medición y los mecanismos de atención de consultas y quejas de los usuarios, para precisar la atención y resolución de éstos.

Finalmente, la ARESEP aconseja a los abonados conocer cuántos metros cúbicos y kilovatios hora consume la familia, para detectar cualquier cambio. Los incrementos en las facturas se pueden deber a fugas de agua dentro de la vivienda, mayor consumo por estar más tiempo en el hogar y al cobro de impuestos como el de valor agregado y bomberos que dependen del gasto por consumo.

El Regulador General concluyó en que existe una responsabilidad compartida, por un lado, el usuario debe ser responsable en el uso de los servicios públicos, y por otro, las empresas tienen que mantener sus sistemas de control confiables, una medición correcta de los consumos y la permanente atención de las consultas de los usuarios.

Fuente: ARESEP

Publicado en El País

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