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Elementos filtrados por fecha: Jueves, 20 Enero 2022

  • Contempla cinco acciones, apoyadas por el programa EUROCLIMA+, enfocadas en aportar a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y los planes nacionales de descarbonización y carbono neutralidad de Costa Rica.

El compromiso compartido de la Unión Europea y Costa Rica con el desarrollo de estrategias y acciones que permitan avanzar en un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente se pone de manifiesto a través de la alianza estratégica que ambas han establecido mediante el programa EUROCLIMA+.

En un evento en línea, organizado conjuntamente por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y los Ministerios de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería) y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) de Costa Rica, fue presentado el Plan de Acción País de EUROCLIMA+, hoja de ruta que detalla las acciones que se desarrollarán, en miras del cumplimiento de los objetivos climáticos del país.

“EUROCLIMA+ es el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático en América Latina. Fundamentalmente, atiende las necesidades estratégicas expresadas por los países de la región y acompaña acciones en las que la cooperación europea puede aportar valor añadido. Estoy seguro que la ejecución de este Plan de Acción será muy fructífera y que la alianza entre la Unión Europea y Costa Rica se continuará fortaleciendo”, afirmó Alberto Menghini, Jefe de Cooperación Regional de la Unión Europea en Costa Rica, encargado de abrir el evento.

Las acciones que el Programa EUROCLIMA+ acompañará en Costa Rica han sido construidas de forma conjunta entre las autoridades nacionales responsables de las carteras sectoriales y las agencias implementadoras del programa. Asimismo, están alineadas a la Contribución Nacionalmente Determinada 2020 -instrumento de compromiso ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)-, resultante de una amplia consulta con múltiples actores; así como la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático y al Programa Nacional de Carbono Neutralidad y el Plan de Descarbonización.

“Iniciamos una década clave y decisiva donde debemos acelerar acciones y promover cambios sistémicos que demandan que trabajemos con diferentes actores. Este plan de acción lo que viene a hacer es a impulsar cómo vamos a acelerar esa acción y el empoderamiento de los diversos actores” afirmó la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.

Cinco acciones para enfrentar la recuperación post-COVID

El Plan de Acción País de Costa Rica considera cinco acciones que abordarán ámbitos estratégicos para el cumplimiento de las metas climáticas nacionales:

1. Implementación de la Estrategia Nacional para el Empoderamiento Climático, mediante asesoramiento para su plan de acción y el pilotaje de acciones estratégicas. Se contará con el acompañamiento de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

2. Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Política Nacional de Adaptación en Costa Rica, que busca entregar herramientas a los distintos actores con incidencia en el nivel subnacional, para la implementación de la Política Nacional de Adaptación en Costa Rica. Las acciones serán acompañadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Expertise France (EF).

3. Aumento del involucramiento, participación y ambición del sector privado en la acción climática mediante el escalamiento de experiencias, la difusión de estudios clave, y la entrega de herramientas y creación de capacidades. Esta acción será acompañada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

4. Fortalecimiento de la capacidad institucional para el acompañamiento técnico en Producción Agropecuaria Orgánica, mediante proceso de capacitación, acceso a información agropecuaria y definición de criterios para el Programa de Pago de Servicios Ambientales (PPSA) asociados a la Producción Agropecuaria Orgánica. Esta acción será acompañada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

5. Evaluación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) permitirá al país identificar los factores que han contribuido o han limitado la efectiva implementación de la PNA, lo cual representa un insumo básico para sustentar la toma de decisiones basada en evidencias. Esta acción será acompañada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

“El plan de acción presentado esta mañana es un reflejo de la altísima ambición que pregona Costa Rica en materia ambiental, demostrando una vez más que nuestras posiciones no son solo discurso, sino una verdadera y firme convicción de trabajar por la sostenibilidad de nuestro ambiente natural. Quisiera aprovechar la oportunidad para celebrar y agradecer el acompañamiento de la Unión Europea, quien cree en Costa Rica y comparte nuestra visión” Adriana Bolaños, viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las acciones se desarrollarán en un período de aproximadamente 18 meses. El programa EUROCLIMA+, mediante el mecanismo de diálogo país, se mantiene anuente a la identificación conjunta de nuevas acciones estratégicas para la acción climática.

“Durante el período de ejecución del Programa EUROCLIMA+, el país ha sido beneficiado de acciones regionales y sectoriales, pero, sobre todo, en la implementación de  políticas públicas de cambio climático. Para Costa Rica, el apoyo de la cooperación internacional para atender estos temas es de suma importancia para el desarrollo del país; reconocemos que la Unión Europea es un socio estratégico que ha estado presente apoyando las diversas iniciativas en materia de ambiente. Ahora, debemos avanzar en la senda del reconocimiento sobre la importancia de la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, con el fin de reducir los impactos y al mismo tiempo, procurar una transición hacia el camino del desarrollo sostenible”.  Afirmó Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

El evento de lanzamiento contó con la participación de representantes de la Unión Europea, los Ministerios participantes, el programa EUROCLIMA+ y las agencias implementadoras FIIAPP, AECID, EF y GIZ.

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  • Declaratoria brinda reconocimiento, protección y apoyo institucional a esta manifestación cultural.

¡Fara fara chin! Como parte de la riqueza cultural del país está la alegre cimarrona; la acompañante infaltable de las mascaradas o payasos y de las fiestas populares de las comunidades. Siempre alegrando con su música el redondel, pero también el cumpleaños de algún miembro de la familia. Presente en los ámbitos público y privado desde hace más de un siglo.

La música de la cimarrona, como manifestación cultural de los pueblos, fue declarada patrimonio cultural inmaterial del país. Así lo estipula el decreto ejecutivo N° 43302-C, publicado en La Gaceta del 19 de enero de 2022. Dicho decreto aporta múltiples razones que justifican el reconocimiento.

El documento oficial menciona a las comunidades de Santo Domingo y Barva, en Heredia; Palmares en Alajuela; Tres Ríos, Pacayas, San Isidro del Guarco y Juan Viñas, en Cartago; Liberia, Cañas y Nicoya, en Guanacaste; Esparza en Puntarenas; Aserrí, Ciudad Colón, Escazú y Santa Ana, en San José; entre otras que destacan por la práctica de la música de cimarrona.

El Ministerio de Cultura y Juventud, a través del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (Conapaci), tutela la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2003) ratificada por Costa Rica en 2007, mediante la Ley N° 8560 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; por tanto, su quehacer se centra en la atención del procedimiento administrativo institucional: declaratorias de manifestaciones culturales, que, junto a sus conocimientos y saberes, forman parte del patrimonio cultural inmaterial nacional.

La solicitud de declaratoria ingresó a la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (CONAPACI) en noviembre de 2020, suscrita por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia y el movimiento Santo Domingo Cuna de la Cimarrona, este último representado por Juan José Carazo Bolaños.

“Sumamente contentos de contar con esta protección para la música de la cimarrona costarricense que incluye no solo lo que conocemos como tradicional, sino que es toda la música que interpretan las cimarronas, como la fúnebre en Semana Santa y otras. Es importantísimo para nosotros estar incluidos en esta lista de patrimonio cultural inmaterial junto con el calipso y aún falta proteger el patrimonio en Costa Rica, a pesar de que en los últimos años se ha hecho un trabajo muy fuerte, pero esperamos que esto le dé un mayor auge y respaldo a las cimarronas, todavía más del que se está viviendo, junto con otros proyectos que tenemos pendientes en la Asamblea Legislativa y que van por buen camino”, expresó Carazo.

“Por mucho tiempo las cimarronas fueron menospreciadas y casi desaparecen a finales de los años 90 y principios de los 2000, nosotros emprendimos una labor importante en Santo Domingo para retomar esto y tuvo un impacto en otras partes del país y por dicha con la declaratoria ya tenemos una protección, ya no somos el grupito empírico, desafinado que no sabía tocar, que fue menospreciado hasta por los mismos músicos profesionales, ya eso pasó, estamos protegidos y tenemos esta denominación de patrimonio cultural inmaterial muy merecida y que se necesitaba desde hace tiempo”, agregó el músico y propulsor de la declaratoria.

La nueva declaratoria cumplió con el procedimiento institucional según lo estipula el Ministerio de Cultura y Juventud, mismo que señala que debe ser la comunidad portadora de la tradición quien solicite la declaratoria, ser valorada por la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial y que, posteriormente, la comunidad cree planes de salvaguardia para su sostenibilidad en el tiempo. Además, está acorde con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023.

De esta forma, la conformación y práctica viva de la ejecución musical, por parte de las cimarronas, responde al ejercicio de los derechos culturales de las comunidades, quienes la aceptan, la promueven, la consideran y la asumen como parte de su desarrollo cultural, con total sentido de pertenencia. Asimismo, las cimarronas permiten el desarrollo de habilidades propiamente musicales, como parte de esa formación integral que requieren las personas y que promueve o complementa la conformación tanto de la identidad individual como colectiva.

Datos curiosos e históricos

Son múltiples las agrupaciones a lo largo y ancho del país que interpretan la “Música Tradicional de Cimarrona”, hoy declarada patrimonio cultural inmaterial del país. La investigación que sustenta la declaratoria y que fue aportada por músicos de Santo Domingo de Heredia, aportó numerosos datos que permiten otorgar a la cimarrona el lugar de honor que hoy le es reconocido como parte relevante de expresión de la identidad costarricense.

Según consignó el decreto, las cimarronas están conformadas por instrumentos de viento, usualmente: clarinete, saxofón, trompeta, bugle, trombón, barítono o eufonio, tuba; y percusión: redoblante, bombo y platillos. Surgieron en los diferentes pueblos de Costa Rica en las primeras décadas del siglo XX, su origen está en las filarmonías municipales y tienen influencia de las bandas militares de finales del siglo XIX.

El término “cimarrón” tiene dos acepciones: la primera referida a aquella condición de lo no cultivado y la segunda hace referencia a lo silvestre. De esta manera, se relaciona el término con estas agrupaciones musicales por su carácter independiente y empírico.

La música interpretada por las cimarronas procede de múltiples fuentes. Inicialmente, en estas agrupaciones se ejecutaban ritmos que son catalogados como parte de la música tradicional costarricense, tales como: el Son Guanacasteco (parrandera o tambito), la Contradanza, el Vals, el Pasillo o la Jota, provenientes todos de diversas latitudes o influenciados por otras culturas.

Actualmente, este tipo de agrupación musical no se encuentra ligada particularmente a uno o varios de ellos, por el contrario, su conformación instrumental es tan versátil que permite la inclusión y adaptación de obras de diversos géneros, ritmos y estilos, amalgamando en su interpretación características étnicas y culturales diversas, en comunión con la idiosincrasia de cada zona o región, cualidad que exalta una de las mayores particularidades de esta manifestación cultural.

Al respecto, Paola Salazar, antropóloga y jefa de la Unidad de PCI del Centro de Patrimonio Cultural, explicó: “el patrimonio cultural inmaterial, así como las manifestaciones culturales que le conforman, no son elementos culturales estáticos, sino cambiantes y en continua transformación. Tal es el caso de la manifestación cultural de la música de cimarrona costarricense, la cual conjuga tanto ritmos tradicionales como ritmos contemporáneos, logrando posicionarse en una representación colectiva en los distintos sectores sociales y generacionales. Mediante la definición de manifestaciones patrimoniales significativas, la gente recuerda y reconoce su sentido de pertenencia a un grupo social y, por tanto, refuerza tanto su identidad cultural local, como regional”.

Como lo indica el decreto: "la música tradicional de cimarrona costarricense es una manifestación viva del patrimonio, que, por ende, está sujeta a una evolución natural y a elementos importantes de innovación que enriquecen la tradición. Por lo tanto, la comunidad debe ejecutar planes de salvaguarda para la revitalización de la identidad cultural local y regional, con el propósito de mitigar aquellas acciones que amenazan su sostenibilidad cultural, organizativa, educativa y económica”.

En conclusión, esta manifestación cultural, transmitida de generación en generación, forma parte del patrimonio cultural inmaterial de una diversidad de cantones del territorio nacional, congrega a portadores de tradición y espectadores en torno a su práctica, organización y celebración; reforzando su sentido de pertenencia y enriqueciendo la diversidad cultural del país. Está asociada a conocimientos, valores y prácticas tradicionales comunitarias y de festividad popular, que merecen ser respetados, fomentados, inventariados y preservados, así que… ¡fara, fara, chín! ¡Celebremos el reconocimiento de la música de la cimarrona como patrimonio cultural inmaterial del país!

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  • AyA no justificó las inversiones realizadas durante el periodo 2016-2020, por lo que las tarifas vigentes se mantienen. Además, ARESEP ordenó iniciar de manera inmediata una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por la Junta Directiva de la entidad para el mismo periodo.

Después de un análisis exhaustivo y riguroso, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) archivó el estudio tarifario de oficio, del servicio de acueducto que presta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El Ente regulador procedió a analizar la información que brindó el AyA sobre las inversiones y la estructura de costos y gastos, y entre las principales razones que justifican el archivo del estudio y mantener las tarifas vigentes, se encuentran las siguientes:

  • No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.
  • No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14 560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.
  • No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.

Además, el AyA sólo justificó 12 de las 909 cuentas que comprenden su estructura de costos y gastos del servicio de acueducto. Tampoco justificó las plazas nuevas y su incidencia en el servicio de interés y muchos de los documentos que aportó para validar el comportamiento de los costos y gastos en el tiempo, se encuentran incompletos, lo cual contraviene con el objetivo de un disponer de una fijación tarifaria trazable y que garantice a los usuarios la pertinencia del gasto con el servicio regulado.

El Intendente de Agua, Marco Cordero, señaló que “la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.  

Adicionalmente, el Intendente señaló que  “de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.

Ante lo anterior, la ARESEP ordenó iniciar de manera inmediata una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por su Junta Directiva para el periodo 2016-2020, y que coinciden con la información no aportada para el presente ejercicio tarifario, en la cual se concentre en fiscalizar las desviaciones en el costeo de los proyectos de inversión realizados respecto a lo propuesto o aprobado por la Junta Directiva del AyA, además de verificar el procedimiento seguido para capitalizar esas inversiones, la determinación del gasto por depreciación, revaluación del activo, plazos de vida útil, documentación que valida la inversión, etc.

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  • Tras anuncio de Aresep sobre propuesta técnica final

Luego de meses de insistir en que se dicte el acto final y definitivo de la “propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”, que incluso llevó a la Defensoría de los Habitantes a presentar ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); este ente regulador informó esta semana a la Defensoría de los Habitantes que la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en la sesión 109-2021, celebrada el 21 de diciembre de 2021 y ratificada el 23 de diciembre de 2021, acordó que la propuesta técnica final de metodología sea sometida a una nueva audiencia pública.

Desde el 23 de noviembre de 2020 la ARESEP celebró la audiencia pública sobre esta propuesta metodológica, cita en que la Defensoría presentó su coadyuvancia para que se procediera a la aprobación, en el mes siguiente; sin embargo, al día de hoy esto no ha sucedido.

Con la metodología presentada, en esa oportunidad por la ARESEP, se proponía modificar el modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, con los datos de costo real o precios efectivos de factura de importación, en lugar de los precios internacionales de referencia como se realiza con la metodología actualmente vigente.

Según manifestó la ARESEP en su momento, con los cambios propuestos en la metodología originalmente conocida en audiencia pública, se pretendía que los precios internos de los combustibles cumplieran con el principio de servicio al costo de la Ley N° 7593, se simplificara para la población la fórmula de cálculo con una mayor transparencia, claridad y facilidad de aplicación y, se redujeran las fluctuaciones mensuales del precio interno que hoy, obedecen principalmente, a variaciones de los precios de referencia y no a cambios en los precios reales de importación.

Además, el ente regulador afirmó que el cambio metodológico podría redundar en una baja en los precios internos en relación con los obtenidos con la

metodología vigente, debido a que los precios de factura suelen ser menores a los precios de referencia que utiliza la fórmula actual, producto de las negociaciones que realiza RECOPE amparada en el poder monopólico de compra que ostenta, al ser un comprador mayorista que adquiere los combustibles para la industria y transporte de todo un país.

Según la Aresep, el nuevo informe técnico que contiene la propuesta de “Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en terminales de poliducto para almacenamiento y ventas, terminales de ventas en aeropuertos y al consumidor final”, incluye una sección relacionada con la justificación de los cambios; por lo que será sometida en una nueva audiencia pública.

La Defensoría analizará por el fondo la resolución, con miras a preparar su posición ante la nueva audiencia pública que debe convocarse. Asimismo, valorará cuál fue la respuesta de la ARESEP a los argumentos técnicos que planteó esta Defensoría en la audiencia pública anterior.

“La Defensoría ha venido insistiendo en el interés público de obtener la resolución administrativa de esta propuesta de modificación del modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, que venga a ajustar la fórmula preestablecida, con el fin de incorporar los datos de los costos reales de importación de combustibles derivados de los hidrocarburos, en los que incurre RECOPE, en lugar de los precios de referencia, los cuales crean distorsiones en la metodología vigente que perjudican al usuario final mediante el encarecimiento en los precios de los combustibles”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.

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  • 594 personas privadas de libertad figuran en el padrón electoral para las elecciones nacionales del 6 de febrero.

Un total de 27 juntas receptoras de votos funcionarán en 19 centros penitenciarios del país el próximo domingo 6 de febrero, día de las elecciones nacionales.

De las 8.594 personas privadas de libertad que cambiaron su domicilio para ejercer el voto, 3.589 (41,8%) se encuentran en los centros penales del Complejo Occidente, en San Rafael de Alajuela. De igual forma, se abrirán urnas en Pérez Zeledón, Liberia, San Carlos, Puntarenas, Limón, Cartago, Heredia y Pococí.

Los otros centros penitenciarios josefinos, el CAI Vilma Curling (Desamparados) y el CAI San José (San Sebastián), también contarán con mesas electorales, todo como parte del trabajo conjunto que desarrolla el Ministerio de Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La mesa de votación más grande se encuentra en el CAI Jorge Arturo Montero (710 personas) y la más pequeña en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (17). Otras 26 personas están habilitadas para votar en el Centro Nacional de Atención Específica (antigua Máxima Seguridad).

 “La preparación del sistema penitenciario abarca el antes, durante y después del día de las elecciones en lo que respecta al ingreso de los partidos políticos para distribuir información en los días previos a los comicios, así como la presencia de observadores internacionales el propio día de las elecciones y el manejo del material electoral, posteriormente”, indicó la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas

Protocolos sanitarios

Las urnas, al igual que en el resto del país, abrirán a las 6 a. m., cada mesa contará con un fiscal titular y un suplente, dos auxiliares electorales, encargados de centro de votación y fiscales generales.

Los votantes deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos en el Lineamiento Nacional para la Celebración de la Elección Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid-19.

En el caso de las personas aisladas por ser casos positivos o sospechosos, cada centro establecerá un horario especial para que ejerzan su derecho. Una vez cumplido, el recinto debe ser sometido a la debida desinfección para continuar con el proceso.

En las elecciones de 2018, el abstencionismo en centros penitenciarios fue de 67,4%.

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  • Para este año se espera favorecer a cerca de 1.000 ferieros más, se proyecta visitar 14 ferias dentro de las cuales se encuentran las de Santa Cruz y Nicoya.

El programa Ferias del Agricultor del Banco Nacional tiene programado visitar este año 14 ferias, en aras de incentivar la bancarización digital mediante la sustitución del efectivo a medios electrónicos de pago. También se busca asesorar y educar financieramente a los empresarios participantes con el fin de mejorar su calidad de vida, la de sus familias y sus comunidades.

Desde el inicio del programa, la entidad bancaria apoya en temas tributarios y el uso de POS a cientos de agricultores y comerciantes, también se les brinda asesorías en el traslado al régimen tributario adecuado, en facturación electrónica y como sus aliados financieros, en los productos y servicios bancarios que se ofrecen en el mercado para hacer su vida más fácil.

En el transcurso de este año se pretende beneficiar a cerca de 1.000 ferieros y atender las siguientes ferias:

Desamparados
Ciudad Neilly
Alajuela
Curridabat
Santa Cruz
Santa Bárbara de Heredia
Aserrí
Coronado
San Rafael de Alajuela
El Guarco
Heredia (La Perla)
Nicoya
Zapote
Pavas

Ferias atendidas

Este programa surgió como un plan piloto en el 2018, gracias a esta iniciativa se atendieron las siguientes ferias del agricultor en todo el territorio nacional:

Año 2019
1. Santa Ana
2. Alajuela
3. San Ramón
4. Santa Bárbara de Heredia
5. Grecia
6. PIMA Cenada
7. Tibás
8. Heredia
9. Cañas
10. San Martín de Coronado
11. Coronado
12. Desamparados

Año 2020
13. Escazú
14. Guachipelín
15. Limón
16. El Molino en Cartago
17. Villas de Ayarco en Curridabat
18. Oreamuno
19. Palmares
20. Plaza Víquez
21. Tres Ríos
22. Zapote
23. Alajuelita
24. San Sebastián

Año 2021
25. Upala
26. Ciudad Colón
27. Orotina
28. Naranjo
29. Zarcero
30. Sarchí
31. San Rafael de Heredia
32. Poás
33. Jacó
34. San Mateo
35. Quepos
36. Esparza
37. Siquirres
38. Guápiles

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  • Medida obedece al inestable comportamiento del coloso, el cual ha presentado varias erupciones.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) elevó el nivel de actividad del volcán Turrialba del nivel 2 (volcán activo) al nivel 3 (volcán en erupción) ante el inestable comportamiento del coloso, el cual ha presentado varias erupciones de carácter freático sin señales precursoras.

“Ante esta situación, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) tomó la decisión de cerrar temporalmente el área protegida hasta contar nuevamente con información de los entes técnicos que permita tomar decisiones para su reapertura”, dijo la directora del área silvestre protegida, Reina Sánchez.

El 17 de enero anterior se presentaron una serie de erupciones que alcanzaron una altura entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del cráter. Parte de la columna eruptiva colapsó con dirección este, noreste, formando un flujo piroclástico de unos 500 metros de largo.

El informe indica que el depósito de este flujo alcanzó más de 400 metros hacia el cráter este, con un espesor máximo de 15 centimetros cerca del cráter, conteniendo balísticos que sobrepasan los 10 centimetros de diámetro.

Además, se resalta, que el evento eruptivo de este lunes, ha sido catalogado como el más energético de los últimos 2 años. Adicionalmente, posterior a la erupción, se observaron varios pulsos eruptivos de menor importancia.

Asimismo, las autoridades recuerdan a la población acatar las medidas de seguridad establecidas y no ingresar al parque nacional por zonas no permitidas y de alto riesgo volcánico.

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Aun cuando el deseo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es que 3.541.908 costarricenses, 50.833 personas que cuentan con la oportunidad de sufragar en el extranjero y 79.676 ciudadanos naturalizados ejerzan el derecho al voto y utilicen más de siete millones de papeletas para Presidencia y Vicepresidencias de la República e igual cantidad para Diputaciones, lo cierto es que el abstencionismo, puede ser considerado en partido con mayor cantidad de adeptos.  

El costo total de la impresión rondó los 600 millones de colones (400 millones de colones para primera vuelta y ante una eventual segunda ronda electoral se tienen destinados cerca de 200 millones de colones) de ahí que como reza el dicho popular “todo voto cuenta” y cuesta dinero.

La papeleta blanca será utilizada para elegir los puestos de presidencia y vice presidencias y medirá 8,5 x 15 pulgadas. En el caso de las diputaciones, la papeleta para elegir estos cargos será de color celeste con una dimensión de 8,5 x 11 pulgadas.

En esta ocasión, la papeleta presidencial incluirá 25 candidaturas y en la de diputaciones, la distribución varía según sea la provincia. Por ejemplo, San José y Cartago tendrán la mayor cantidad de agrupaciones con 29 y 28 postulantes, respectivamente. Por su parte, las de Heredia y Puntarenas son las que cuentan con menos partidos, que son 25 postulantes.

En el caso de las juntas receptoras de votos que se instalen en el extranjero, se enviarán 50.833 papeletas de Presidencia y Vicepresidencias de la República, únicos cargos que se eligen fuera del país.

La empresa Productive Business Solutions Costa Rica también se encargó de imprimir los carteles con el listado de los nombres de las candidaturas a diputaciones inscritas para cada provincia. A la entrada de cada junta, se colocará uno de estos carteles en forma visible para cada elector y de esta manera los votantes podrán revisar quiénes son los postulantes.

En las próximas elecciones se elegirá un Presidente y 2 Vicepresidentes a la República y 57 diputados para la Asamblea Legislativa. Asimismo, en este proceso participan 36 partidos políticos, de los cuales 25 son nacionales y 11 provinciales.

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