¿Hacia dónde vamos?

La administración Chinchilla Miranda ha entrado en la recta final y a un año de que se instale un nuevo inquilino en la Casa Presidencial, son muchas las dudas que mantienen los ciudadanos acerca de ¿Que nos deparará un nuevo Gobierno y una Asamblea Legislativa renovada?.

Es normal que en el cuarto año de los períodos presidenciales en Costa Rica, los políticos que están en el poder no tengan mayores deseos de contraer compromisos para lograr que su gestión sea exitosa y más bien son proclives a las renuncias, con el fin de participar en la siguiente campaña electoral.

Igual fenómeno se da en la Asamblea Legislativa, donde prevalece el cálculo político y el interés por ocupar un cargo público en la siguiente administración.

Este comportamiento suele ser normal en nuestra democracia, solo que en las actuales circunstancias es motivo de inquietud para una enorme cantidad de ciudadanos desencantados y hasta asqueados de la política, y que ya están conformando el partido político más grande del país.

Enfrentamos desgraciadamente una coyuntura en la cual el grado de disgusto por la labor de la Presidenta de la República es público y notorio, tanto en los costarricenses de la zona urbana como de la zona rural y con diferentes grados de educación y posición económica.

La ilusión que tuvo este país de llevar por primera vez a una mujer a ocupar la primera magistratura superó cualquier cálculo, Laura Chinchilla llegó a la Presidencia con un alto porcentaje de aceptación y con la esperanza de que la continuidad del Partido Liberación Nacional deparara mejores condiciones para el país.

Sin embargo, a pocas semanas de su gestión el Gobierno sufrió su primer tropiezo y creó el primer motivo de disgusto colectivo, cuando los diputados, con la anuencia del Poder Ejecutivo, propusieron recetarse un jugoso aumento.

Poco a poco los fallos y la notoria incapacidad de muchos funcionarios públicos, la mayoría de ellos del círculo de amigos íntimos de la mandataria, acrecentó el proceso de erosión del Gobierno, como resultado de graves desaciertos tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.

La política blandengue con respecto a las acciones emprendidas por el Gobierno de Nicaragua y la invasión a territorio nacional en Isla Calero, obligó a que se llevara a cabo una intensa campaña diplomática, para demostrar la agresión de Nicaragua y finalmente a emprender un largo y oneroso proceso ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya.

Luego fue el capricho de la mandataria de construir una trocha paralela al rio San Juan, que resultó ser una de las piñatas más abultadas de recursos públicos y sin control alguno, de lo que se aprovecharon muchas empresas inescrupulosas.

Enumerar la lista de desaciertos, de manifestaciones públicas de todos los sectores y los casos de corrupción denunciados hasta ahora, llevarían mucho tiempo y solo daría como resultado aumentar el desaliento de una amplia mayoría de costarricenses.

Hasta hace pocas semanas era la concesión para ampliar un tramo de la carretera Interamericana, en el sector de San Ramón, la que sacudió los cimientos de nuestra institucionalidad; cuando apenas nos recuperábamos de ese golpe de nuevo vivimos inmersos en uno de los peores escándalos, derivado de la intromisión del narcotráfico en las esferas de Gobierno y que de nuevo nos colocó como el hazmerreir de todos los países de Latinoamérica y algunos de otros continentes.

Los desaciertos no parecen ser un fenómeno aislado del Poder Ejecutivo, ya que también han sido evidentes en el Poder Judicial, como lo demostró un largo y complicado proceso para elegir a su nuevo presidente, que al final recayó en la magistrada Zarela Villanueva.

No hay duda, vivimos un ambiente incierto en el que la luz al final del túnel pareciera difícil de ver.