- Proyecto del Poder Ejecutivo procura fortalecer la prevención, la resiliencia y la sostenibilidad de la producción agropecuaria nacional.
El Poder Ejecutivo impulsa en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley N°25.726, Ley de Seguros Agropecuarios, una iniciativa que propone transformar la forma en que el país enfrenta los riesgos que afectan al sector agro productivo, pasando de reaccionar ante las pérdidas a fortalecer su prevención y gestión.
La propuesta parte de la realidad de que la producción agropecuaria está expuesta a riesgos climáticos, sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios que pueden generar pérdidas para las personas productoras, sus familias, el acceso al crédito y el abastecimiento nacional.
Actualmente, Costa Rica cuenta con seguros agropecuarios, pero su cobertura continúa concentrada principalmente en algunas actividades. Entre 2009 y 2025 se registraron 11.240 pólizas que cubrieron más de 151 mil hectáreas, con un monto asegurado acumulado de ?182.425 millones. El café y el arroz concentran el 75% de las pólizas y el 87% de las hectáreas aseguradas, mientras que el costo de las primas constituye una de las principales barreras para ampliar el acceso.
Ante este escenario, el proyecto plantea la creación de un Sistema Nacional de Seguros Agropecuarios, con responsabilidades articuladas entre el MAG, como rector y encargado de la planificación; la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), en materia de supervisión; las aseguradoras y el INS, como responsables del diseño y comercialización de los productos; y mecanismos de apoyo financiero para facilitar el acceso de las personas productoras.
La iniciativa contempla la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Aseguramiento Agropecuario, FONAGRO, que permitirá subvencionar parte de la prima de los seguros para reducir así la barrera económica que actualmente limita el acceso de más productores a estas herramientas de protección.
De acuerdo con la propuesta, el Fondo se financiaría mediante la Reserva Técnica de Contingencias del INS, hasta un 3% del presupuesto anual del INDER y hasta un 1% del presupuesto ordinario anual del MAG.
El proyecto prioriza a pequeños y medianos productores, así como al sector pesquero y acuícola, bajo criterios sociales, territoriales y técnicos, con el propósito de dirigir los apoyos hacia quienes requieren mayores mecanismos de protección.
Con esta propuesta, Costa Rica busca avanzar hacia un modelo basado en la prevención, la resiliencia y la sostenibilidad, que permita a las personas productoras contar con herramientas para proteger su producción e inversión antes de que ocurra una pérdida.
“A lo largo de los años, nos hemos acostumbrado a reaccionar cuando las pérdidas ya han ocurrido. Con este proyecto queremos dar un paso adelante, anticiparnos al riesgo y brindar a nuestras personas productoras herramientas que les permitan proteger su trabajo, su inversión y su capacidad de seguir produciendo. Proteger al productor es también proteger la producción nacional, la seguridad alimentaria y la economía de Costa Rica.”, comentó Juan Gabriel Ramírez Guillén, ministro de Agricultura y Ganadería.
