Estado inicia transición hacia uso masivo de la firma digital

Con la firma de la directriz “Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense”, por parte de la ex presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, todas las instituciones del sector público costarricense deberán tomar las medidas técnicas y financieras necesarias que les permitan disponer de los medios electrónicos para que los ciudadanos obtengan información, realicen consultas y transacciones, formulen solicitudes y efectúen pagos, entre otros servicios, utilizando mecanismos digitales.

Con la entrada en vigencia de esta directriz se pretende hacer efectivo el derecho a la igualdad en el acceso por medios electrónicos a todos los servicios que se ofrecen, normalmente por medios físicos, en el sector público costarricense. De este modo, las personas físicas podrán utilizar en cualquier escenario la capacidad de firma digital certificada, ya sea para autenticarse o para firmar todos los trámites con las instituciones por vía electrónica.

Asimismo, reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener cualquier servicio que el Estado ofrece por vía electrónica, y se compromete a adquirir y utilizar la capacidad de firma digital dentro de todo el sector público.

Actualmente hay 40 instituciones costarricenses que han implementado más de 65 servicios al ciudadano con firma digital. Asimismo, existen más de 67 mil ciudadanos que cuentan con la capacidad de firma digital en Costa Rica.

De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, los documentos y comunicaciones suscritos mediante la firma digital tienen el mismo valor y eficacia probatoria que su equivalente firmado en manuscrito.

Esto quiere decir que, con la firma de esta directriz, las instituciones del sector público costarricense tienen la obligación de crear nuevos servicios electrónicos que promuevan la emisión y recepción de documentos electrónicos firmados digitalmente. Con esto se mejorará la eficiencia operativa de las instituciones y de los servicios que brindan al ciudadano, y se dará un impacto positivo en el cumplimiento del compromiso de carbono neutralidad del país.