OPINIÓN
El Gobierno de la República de Costa Rica, el pasado 16 de marzo del 2020, mediante el Decreto ejecutivo N°42227, declara Estado de Emergencia Nacional por la pandemia provocada por el COVID-19.
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En los tiempos tan convulsos que vive la humanidad como crisis climática, dictaduras, guerras, entre otros, se suma en diciembre del 2019 una enfermedad que en cuestión de 4 meses es declarada pandemia por Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su alto nivel de propagación y la preocupación de este organismo por los niveles de inacción de algunos países, cuando este brote era considerado una epidemia.
Ahora, es importante analizar el actuar de Costa Rica ante este contexto internacional y en cómo ha influido el Estado social de derecho para abordar la pandemia.
Para abundar en el tema, tomaré como base una pregunta realizada el 12 de abril del 2020, en una de las conferencias de prensa dadas por el Ministerio de Salud (Minsa) y diferentes Ministerios que atienden esta emergencia nacional. En esta el Sr. Roman Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) da a conocer que ingreso una menor de edad nicaragüense, embaraza y con un cuadro sintomatológico parecido al que provoca la enfermedad COVID-19. A la menor se le realizan las pruebas permiten es y esta da negativa a la enfermedad. En la sesión de preguntas, un medio de comunicación pregunta: “Debido a que la menor dio negativo a la prueba Covid, ¿ya la devolvieron a Nicaragua?”, el Sr. Mayaca se limita a contestar que, por la condición de menor de edad, “se privilegia” la atención y no puede ser devuelta a su país de origen porque la norma jurídica de Costa Rica no lo permite -Código para la niñez y adolescencia-. Dentro del contexto de esta nota se puede ver reflejado el Estado social de derecho ante esta enfermedad, en especial. El Gobierno y sus tres Poderes, buscan garantizar derechos tan sagrados como el acceso universal a la salud, esto sin distinción alguna por nacionalidad, genero, etnia, entre otros…
Costa Rica siempre ha destacado como una Nación garante de los Derechos Humanos de toda la población que se encuentra en el territorio costarricense, sin distinción alguna. Un enfoque importante y bajo el cual se puede abordar el Estado social de derecho, son las instituciones públicas que velan por este; es una relación intrínseca hablar del Estado social de derecho y de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud y otras instituciones públicas que fortalecen este mandato constitucional. Ningún país está preparado para atender una emergencia pandémica sin que su sistema de salud colapse, a menos de que se tomen medidas públicas que aseguren un control de la enfermedad; pese a esto es muy utópico controlar una pandemia. Un ejemplo de ello, son los países “de primer mundo” los cuales han tenido y siguen teniendo grandes cifras de fallecido a causa directa del COVID-19; ahora bien, Costa Rica cuenta con un sistema robusto de salud -uno de los mejores a nivel de América central según la Organización Mundial de la Salud- el cual ha permitido una atención optima en la pandemia, que ha permitido que este no colapse y pueda dar el soporte y atención de salud necesaria, según el nivel requerimiento de la persona.
El Estado ha estado asegurando el derecho universal al acceso a la Salud, así como a otros derechos como el acceso al agua potable para contener esta enfermedad. Otro nivel bajo el cual podemos hablar del tema en contexto, es la ciudadanía; nosotros también somos responsables de garantizar un Estado social de derecho, en el cual apoyemos a la institucionalidad pública; actualmente nuestro estilo de vida tiene que adaptarse a las condiciones que lo requieran -lavarse las manos, seguir el protocolo de estornudo, entre otros-; este tipo de acciones individuales aporta a la colectividad que garantice una prevención y se puedan centrar los recursos actuales en aquellas personas que lo necesiten. Abordan esto, desde un contexto socio político, Costa Rica enfrenta grandes retos para la contingencia de la enfermedad sin quebrantar la atención oportuna. Uno de estos grandes retos es el fenómeno social de la migración, al cual se suma el contexto político de los países, el cual es un factor determinante para que las personas dejen sus países y busque un país donde pueden tener una mejor calidad de vida. Pero, ¿cómo responde el Estado ante esto? Muchos costarricenses cuestionan el accionar del país ante la emergencia ya que se ha creado la idea de que los recursos del país son para las personas costarricenses. Esta forma de pensamiento puede ser condenada como una idea que atenta contundentemente al Estado social de derecho
¿qué pasaría los quintiles más altos de nuestro país, fueran los que accedieran primero a la atención médica? ¿qué pasaría si la CCSS no hubiese universalizado, aún más, la atención médica por COVID-19 en un contexto de pandemia?
Es importante pensar en un bien colectivo, en donde una sociedad sea la principal garante de los derechos humanos de todos y todas sin distinción alguna. Si bien, hablar del Estado social de derecho en nuestra nación es un tema completo, debemos de fortalecerlo y mejorar con la continuidad del tiempo; no todos los países cuentan con la dicha de tener una atención primera y preventiva en salud, contar con Ministerios que garanticen la trazabilidad de atención de la emergencia en áreas como la agricultura, investigación, desarrollo farmacéutico. Tanto para Costa Rica y el mundo, esta pandemia marcará un antes y un después; es fundamental que la experiencia adquirida sea un agente transformador en la forma de gobernanza y priorizar la mejora constante para consolidar las bases de la solidaridad, justicia social y equidad.
Jose Douglas Morales Gutiérrez / Estudiante Carrera de Administración
Universidad Nacional – Sede Regional Chorotega, campus Liberia
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