Desde que términos como “países emergentes” lograron introducirse en el léxico de los economistas, sustituyendo calificativos como “países subdesarrollados” o “en vías de desarrollo”; también surgieron diversas formulas, que en teoría, le permitirían a los países desarrollados o a los organismos internacionales destinar recursos para que naciones menos favorecidas realizaran sus obras. Se pasó entonces de utilizar el mecanismo de firmar créditos entre naciones o bancos (BID, Banco Mundial, etc) mediante los cuales se llevaba a cabo la obra y el pueblo/gobierno se comprometían a pagarla en el plazo establecido, a otros medios más sutiles como el de concesión de obra pública.
Quienes diseñaron la concesión de obra y sus diversas variantes, en teoría plantearon una buen idea, buena porque le permitía a un país pobre como Costa Rica llevar a cabo obras de infraestructura que no podría financiar ni ejecutar, porque no existe por ejemplo un MOPT capaz para ejecutarlas, ni recursos financieros propios, como para que saliera más barata y que tales recursos se reinvirtieran en la economía local.
Quizá que el mecanismo de concesión para construir obras de infraestructura haya funcionado muy bien en otros países, pero en nuestro caso ha resultado ser un verdadero Calvario, en el que pareciera (sin resultar hereje, ni irrespetuoso) que el pueblo es el que ha levantado la cruz, se ha puesto la corona de espinas, se ha clavado y ha transitado por la vía dolorosa; ante la actitud de un Pilatos/Gobierno–Asamblea Legislativa que se lavan las manos, porque ningún funcionario es responsable ni culpable de entregar a intereses extranjeros los escasos ingresos del pueblo /camello, que debe pagar peajes durante décadas a cambio de obras que son risibles de cara a las que construye Panamá o las que existen en Nicaragua gracias a la “cooperación” internacional.
En medio del caos que se crea tras conocer los oscuros vericuetos de alguna concesión o negociación con firmas extranjeras, como ha sido el caso de la construcción de la Ruta 27, la extracción de oro en Crucitas, y más recientemente la reconstrucción de la ruta San José-San Ramón, los diputados llevan agua a sus molidos convocando a los funcionarios a diestra y siniestra, sentándolos en el banquillo de los acusados, sin que se llegue a nada, porque nadie dio órdenes a nadie, nadie firmó nada ni pactó negociación alguna y en el peor de los casos porque todas las actuaciones dolosas, o no, las llevó a cabo “la anterior administración”.
De nada valen las condenas que emanan desde Cuesta de Moras con sanciones tales como, que no podrá ejercer cargos públicos durante tantos años o que se aplica una sanción moral, porque no tienen carácter vinculante y ningún gobierno o partido las aplicará.
Antes se afirmaba que en Costa Rica no había mal que durara tres días, pero lo cierto es que en este siglo el fenómeno de las redes sociales, ha transformado la comunicación en algo que quienes definieron términos como “comunicación de masas” o “aldea global” ni siquiera imaginaron los limites a los que se podría llegar o que se llegará en el futuro.
Ahora el escrutinio de los funcionarios públicos no está sujeto a hojas impresas que se distribuían en forma clandestina en las noches y que su lectura era privilegio de algunos grupos o células, a quienes atribulaba el temor de ser descubiertos por los que estaban en el poder.
Hoy cada funcionario corrupto o cada acto ilegal es conocido, analizado y juzgado en la intimidad de cada hogar desde los equipo de computo, los celulares y se juzga de inmediato ante un tribunal abierto a todos gracias a las redes sociales, o bien es debatido y dado a conocer en los medios de comunicación social.
Políticos, malos costarricenses que tienen la patria en venta o buscan un cargo público para enriquecerse y entrarle a los recursos del Estado, “a saco”, tomen en cuenta que nunca como ahora el ciudadano asume posiciones, se cuestiona, condena y castiga, con el poder que le depara el dedo pulgar. Si quieren pruebas de ello, analicen las encuestas y vean que el partido más grande del país es el de los desencantados, de los escépticos o de los “indignados”, como se autodenominan en Europa y otras naciones.
Ese partido de abstencionistas, sin bandera alguna, si las elecciones fueran hoy lograría que ningún candidato alcance la mayoría para resultar electo.
