El Consejo Nacional de Vialidad presentó una propuesta a la Contraloría General de la República para realizar una contratación directa para el proyecto Veintisiete de Abril-Villarreal en el cantón Santa Cruz, que permitirá pasar esta vía de lastre a asfalto.
El director del Consejo Nacional de Vialidad, Ing. José Luis Salas explicó que luego que la Contraloría anulara el proceso de adjudicación para el mejoramiento de esta vía, el CONAVI buscará un mecanismo expedito para dar inicio a las obras.
La iniciativa implica solicitar a la Contraloría la aprobación para que puedan participar en esta modalidad de contratación concursada, las empresas que se interesaron en el proyecto en el proceso licitatorio iniciado en el 2011.
Si se obtiene el visto bueno, se estima que para inicios del segundo semestre del año se iniciarían las obras entre estas dos comunidades guanacastecas. Esta obra, además, vendría a completar una serie de inversiones que ha realizado el CONAVI en la zona, para beneficio tanto de los lugareños como de la actividad turística.
Según recapituló Salas, en julio del año pasado se inauguraron los trabajos de mejoramiento de los 14.5 kms, entre el centro de Santa Cruz y la comunidad de Veintisiete de Abril. El mejoramiento, que consistió en pasar la carretera de lastre a asfalto, implicó una inversión de ¢3.700 millones.
En mayo de 2009 se había inaugurado el mejoramiento de los 13.9 kms de carretera entre las comunidades de Veintisiete de Abril y Paraíso. La ruta también era en lastre y se pasó a asfalto. La inversión fue de ¢4.971 millones.
Encuentro comunal
Personeros del Conavi visitaron Santa Cruz con el objetivo de tener un encuentro con las fuerzas vivas de la zona y explicarles el estado actual de este proyecto.
El funcionario recalcó que además de los santacruceños, el CONAVI es el más interesado en concretar la obra y así ha quedado demostrado, pues desde hace casi dos años inició el proceso de licitación, pero existen imponderables que han afectado la adjudicación en firme.
El funcionario recalcó que se tiene el presupuesto para realizar la obra (unos ¢4.700 millones) y ante todo la voluntad, pero debe respetarse el debido proceso, de ahí que les externa a los grupos organizados de la zona la necesidad de esperar el criterio de la Contraloría, que de ser positivo permitiría iniciar obras en unos tres o cuatro meses, como máximo.